Daiana Soledad Abregú, madre de un chico de diez años, fue hallada ahorcada el domingo pasado en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida, jurisdicción judicial de Azul, luego de que la Policía Bonaerense la arrestara por una contravención menor, disturbios en la vía pública, luego de que Daiana encontró a su ex pareja con otra mujer y comenzó a romperle el auto, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Una campera azul estaba alrededor de su cuello. La autopsia a su cuerpo, realizada por la Asesoría Pericial del MPF en Azul, determinó que la asfixia fue la causa de muerte e indicó que la única lesión era la que supuestamente había provocado la campera en su cuello, no había otros golpes o signos de tortura.
Más todavía: el sumario judicial inicial del caso indica que “personal de dependencia, da aviso al servicio de emergencia del Hospital Municipal” y que “se hizo presente en la Comisaría personal médico”. Allí, se realizaron maniobras de RCP. El fallecimiento fue constatado a las 16 horas.
Hubiese sido fácil para las autoridades convertir este caso en un suicidio automático. Sin embargo, la responsabilidad de la Policía Bonaerense está bajo sospecha. Las autoridades apartaron a la Bonaerense misma de la investigación. Buscan saber si los policías a cargo del arresto de Daiana tuvieron una responsabilidad en su muerte, sea de forma directa o por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos: nadie debería quitarse la vida en una celda vigilada.
Así, según confirmaron fuentes del expediente, tras una decisión del doctor Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul, el caso pasó a manos de la Unidad de Violencia Institucional de la zona, a cargo del doctor Ignacio Calonje, que se dirigía esta mañana a la Estación donde Daiana fue hallada muerta para inspeccionar el lugar y recolectar testimonios, tras las actuaciones iniciales de la Fiscalía N°7 de Olavarría. La autopsia no es el único procedimiento forense. Se tomaron muestras de sangre y se realizaron hisopados de rigor al cuerpo y se esperan más medidas de prueba. Hay cuatro efectivos bajo sospecha, un jefe fue apartado de su cargo, pero todavía no hay imputaciones formales a policías.
La familia Abregú no cree en la hipótesis del mero suicidio. Lo expresaron en múltiples ocasiones. Hoy por la mañana, La Comisión Provincial por la Memoria, el mecanismo oficial de prevención de la tortura en territorio bonaerense, está en contacto con la familia y busca presentarse como particular damnificado en el expediente. “Pedimos que se aparte a la policía de la investigación”, afirma Roberto Cipriano, su secretario. El abogado Sergio Roldán, que trabaja con la CPM, ya contactó a autoridades del MPF en el curso de la mañana.
El de Daiana no fue el único caso de este tipo: Ramón Eusebio Mallea, un hombre de 64 años que estaba detenido en una comisaría de la localidad bonaerense de San Miguel, acusado de cometer el femicidio de su esposa el viernes último, también fue encontrado ahorcado en una de las celdas.
La Comisión ya contó cinco casos como el de Daiana en lo que va del año, según un comunicado oficial. Hubo 25 el año pasado. Desde 2012, la CPM contó 225 muertes en comisarías de la Bonaerense.
Las comisarías donde Abregú y Mallea perdieron sus vidas tampoco estaban habilitadas para funcionar. Ambas dependencias tenían clausuras judiciales y administrativas y no estaban habilitadas para alojar personas detenidas. La Policía Bonaerense, considera la CPM, desobedeció las órdenes judiciales, una figura frecuente en los últimos años. Los datos de estas clausuras surgen de la última actualización del Centro de Operaciones Policiales (COP), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Para la Comisión, la muerte de Daiana se inscribe en una problemática mayor: la sobrepoblación de detenidos y el agravamiento de condiciones de encierro, en medio de un escenario de repetidas fugas de comisarías con sospechosos que vencen las rejas y denuncias de maltrato. El cupo histórico de comisarías en la provincia rondó las 1300 plazas, sin obras significativas para expandirlo. A fines de mayo, el Ministerio de Seguridad reconoce a este medio que hay 4281 detenidos en las dependencias, 222 de ellas mujeres. El reporte para 2021 de la Defensoría de Casación, que releva denuncias de violencia institucional recopiladas por defensores oficiales, incluye relatos dramáticos, con 119 casos de golpizas a detenidos de parte de policías de la Bonaerense, con 30 casos en La Matanza, la jurisdicción más violenta para detenidos. Hubo, también, nueve casos de denuncias de causas armadas por la fuerza provincial, que incluyen armas plantadas e imputaciones erróneas.
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