Reducción a la servidumbre, estafa y muerte: el horror que destapó un incendio en un centro de rehabilitación de Pilar

El centro de rehabilitación “Resiliencia San Fernando” lucía, a simple vista, como una casa más del barrio La Lonja, en Pilar. En su fachada, nada hacía presuponer que en el interior decenas de jóvenes se intentaban recuperar de sus adicciones. Tampoco, que lo hacían en condiciones inhumanas, hacinados, con habitaciones de “castigo”, siendo dopados durante días y con prohibiciones para ver a sus familias.

Sin embargo, un incendio provocado por un paciente y donde murieron otros tres internos hace tres meses, destapó una oscura trama. Tres directivos y dos médicos fueron detenidos en las últimas horas acusados de homicidio, reducción a la servidumbre, estafa y asociación ilícita.

Infobae accedió a los testimonios que constan en el expediente, donde queda plasmado, de la manera más cruel, el horror que se vivía en el interior del centro de rehabilitación.

En el expediente, que manejan el fiscal German Camafreita y el juez Nicolas Ceballos, quedaron reconstruidos los momentos previos al incendio que dio a pie a la investigación posterior. El 22 de febrero, a las 10.15, durante una reunión de grupo, uno de los internos, Nicolás Ortíz, tomó un cigarrillo con un encendedor y dijo que se iba a fumar. A los segundos, el resto de los pacientes comenzó a sentir olor a humo. Pasaron pocos minutos hasta que empezaron a verse lengüetazos enormes de fuego que, de a poco, destruyeron la estructura.

En el lugar no había matafuegos ni colchones ignífugos ni, mucho menos, un plan de evacuación.

El resultado fue catastrófico: Nicolas Ortiz, José Nahuel Castaño, Rodrigo Moreno y Nicolas Bisbal, todos pacientes del lugar, murieron consumidos por las llamas.

¿Por qué no pudieron escapar como el resto?, fue la pregunta que se hicieron los investigadores. La respuesta llegaría con la investigación posterior.

La primera reacción del fiscal Camafreita fue la de pedir la habilitación correspondiente. El director del lugar, identificado como Alan Manuel C.S, dijo que los documentos se habían quemado durante el incendio. Mentía. No existía tal habilitación, el lugar funcionaba de manera clandestina.

Inmediatamente, el director quedó detenido acusado de homicidio por dolo eventual de los cuatro pacientes, con una pena de 8 a 25 años. El fiscal y el juez Ceballos entendieron que el hombre, como responsable, debería haberse representado que montando un lugar clandestino, y sin las mínimas medidas de seguridad, algo así podría pasar.

Luego de esa detención, comenzó la investigación para saber qué pasaba en ese lugar, antes del incendio. Lo primero fue recabar testimonios. Todos los pacientes coincidieron en las pésimas condiciones en las que vivían.

“Manifestaron que estaban encerrados todo el día, sin poder salir al patio o el jardín, que los medicaban para que estén sedados y que no los dejaban comunicarse libremente con sus familiares y si lo hacían, les cortaban la comunicación y los castigaban. También dijeron que no tenían actividades y estaban todo el día encerrados en la casa. Además, se descubrió que había “internados” menores de edad mezclados con personas con problemas de adicción”, escribió el juez en una de sus resoluciones.

En el expediente, se descubrió otro punto que llamó mucho la atención. Los pacientes eran obligados a internarse contra su voluntad y eran buscados a la fuerza en sus casas y llevados hasta el centro de rehabilitación sea como sea. Una situación que va en contra de la actual ley de salud mental, que justamente privilegia la elección del paciente sobre si quiere internarse o no.

Uno de los internos dio detalles sobre esta situación: “Estuve un mes y pico hasta que pasó lo del incendio. A mí me fueron a buscar a las trompadas, piñas y me inyectaron. Me buscaron en mi casa. Me golpearon e inyectaron para llevarme en un automóvil marca Peugeot modelo 206 color gris. Mi mamá llamó, pagó no se cuánto y me llevaron”, expresó.

Luego agregó más datos sobre la vida dentro del centro: “Me metieron en un lugar con rejas. Le llamaban el ‘enjaulado’ porque había piezas y rejas, no podíamos salir. Había un patio, pero no nos dejaban salir. Nunca. Estuve un mes y pico ahí, siempre encerrado. Las puertas estaban cerradas con cadenas y candados. Te obligaban a portarte bien porque si no te agarraban del cuello, te llevaban al staff y te inyectaban. Te hacían mentirle a tu familia por teléfono, decir que estabas bien porque si no te castigaban. Nunca me revisó un médico”.

Además, en el expediente que manejan Camafreita y Ceballos, constan testimonios de familiares que relataron lo que veían cuando visitaban a sus seres queridos, si es que los dejaban: “Mi hermano estaba siempre dopado. No podía ni hablar. En la primera visita, estuve 20 minutos y él no podía estar parado. Pasó Navidad y Año Nuevo solo. Nos habían dicho que tenía jardinería, carpintería, cocina pero siempre estaba dopado”, dijo la hermana de uno de los internados.

“En ese momento no nos dimos cuenta, no habíamos tenido jamás un familiar adicto, no sabíamos que era así. Mi hermano no podía decidir nada, estaba siempre medicado. No hacía nada de lo que me dijeron que iba a hacer”, completó la mujer sobre la internación de su hermano.

Pero más allá de lo que pasaba antes del incendio, hubo un testimonio que fue fundamental para dilucidar las responsabilidades en las muertes producto del fuego. Uno de los internos contó que las personas que murieron habían sido drogadas de tal manera que hacía días que dormían, y por eso no pudieron salir cuando comenzaron las llamas: “Nosotros hacíamos las guardias nocturnas. Los mismos pacientes. Cuando terminábamos, a las 7, nos empestillaban. La noche anterior al incendio Nahuel (uno de los fallecidos) hizo la guardia. Cuando terminó lo empestillaron y lo mandaron a dormir, por eso no pudo salir cuando empezó el fuego”.

No fue el único que habría muerto por esta situación según contó el testigo: “A Nico Ortiz lo empestillaron porque había recaído, entonces uno o dos días antes lo doparon. Esa mañana no lo vi ni levantarse. A Rodrigo Moreno, que era nuevo, lo pincharon apenas llegó. Hacía tres días que dormía cuando fue el incendio”.

Cuando los investigadores escuchaban los relatos, notaron que todos los pacientes mencionaban a un hombre, identificado como M.A, a quien señalaban como el encargado de guardar las llaves y demás. Una especie de celador. Cuando lo identificaron, descubrieron que se trataba de un preso detenido en la Unidad Carcelaria 3 de San Nicolás, con una medida de morigeración, que vivía en la comunidad a pesar de no ser adicto.

Más allá de esa situación, cuanto menos irregular, desde la fiscalía le tomaron testimonial. Su relato de lo que veía en el lugar es el ejemplo más claro del horror del “San Fernando”: “Yo tenía la llave. La casa tenía puerta y rejas con llaves. Estaban todos los chicos encerrados ahí adentro. Prefería ir a la cárcel antes que estar ahí. En ese lugar estabas más encerrado. En la cárcel, aunque sea salía al patio, trabajaba. Había un chico de 14 años mezclado con otros de más de 20. No había enfermeros, la medicación la daban los operadores. Las puertas y ventanas tenían rejas. Las cerraduras estaban con candado y cadena todo el día puestos”.

Con todos estos elementos sobre su escritorio, el fiscal Camafreitas solicitó cinco detenciones, además del director que ya estaba preso. El juez Ceballos, de rápido accionar, convalidó el pedido de arresto de otro director Alejandro A., la vice directora Eliana M y una administradora identificada como Alejandra M. También quedaron tras las rejas dos profesionales de la salud: el psiquiatra Andrés S. y la psicóloga Alejandra G.

Todos quedaron acusados de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre. Un coctel de delitos que pueden llevarlos a estar 15 años presos.

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