Celulares en las cárceles federales: prohibición, corrupción y contactos con el narcotráfico

Horacio Rosatti es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 12 de mayo pasado abrió el Encuentro Nacional de Jueces y Juezas Federales en Rosario. Allí habló de cómo combatir el narcotráfico. En uno de los párrafos de su alocución se refirió a los que sucede en las prisiones. “No podemos permitir que la cárcel controle la calle. Tiene que ser al revés. Hay que tener herramientas de información necesaria como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo. Inteligencia inteligente y democrática cuya relevancia no puede ser subestimada para combatir este delito y si la hemos subestimado debemos dejar de hacerlo y si ha trabajado fuera de los parámetros constitucionales y democráticos debemos hacer que trabaje dentro de estos parámetros. Esto no invalida el instrumento, muy por el contrario”. Aquel fue uno de los varios reclamos al Poder Ejecutivo que se hicieron en el Encuentro realizado en Rosario.

En las cárceles federales donde manda el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, se alojan los presos relacionados con -entre otros- casos de narcotráfico. Unos días antes del Encuentro de Jueces de Rosario Infobae había revelado que la jueza María Servini había denunciado al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria y a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, por obstrucción de justicia. La denuncia señalaba que la jueza había pedido que el Servicio Penitenciario Federal investigara sospechas de venta de droga dentro de la cárcel de Devoto. El SPF le había informado a la jueza que se había desactivado el Departamento de Inteligencia Penitenciaria (conocido como Unidad 50). La explicación que se dio en su momento es que como durante el macrismo hubo espionaje ilegal en las cárceles y los penitenciarios estuvieron involucrados, se disolvió el área de Inteligencia. De las respuestas enviadas al juzgado de Servini ante el pedido de investigación se dedujo que no hay una unidad que investigue lo que sucede dentro de la cárcel. Allí apuntaba Rosatti.

El Servicio Penitenciario Federal cuenta con ocho complejos y 27 unidades distribuidas en 13 provincias. En Capital funciona la cárcel de Devoto y en la provincia de Buenos Aires las de Ezeiza y Marcos Paz. Hay distritos como la Capital y La Pampa, por ejemplo, que no tienen servicio penitenciario propio y los detenidos por orden de jueces locales se alojan en cárceles federales. Y también sucede a la inversa: provincias en las que no hay cárceles federales como Córdoba o Santa Fe en las que los presos federales se alojan en establecimientos provinciales. Hasta el viernes 20 de mayo había en las cárceles federales 11.216 personas alojadas. Los establecimientos penitenciarios tienen una capacidad de 10.936 es decir que hay una sobrepoblación de 280 personas. Hay detenidos 10.495 varones, 693 mujeres y 28 personas trans. Del total 8.448 son argentinos en tanto 1768, extranjeros. El porcentaje de los detenidos que han sido condenados alcanza el 51, 47 en tanto los procesados sin condena llegan al 48,50, mientras que los inimputables son el 0,01. Según datos del SPF para fines de 2020 había detenidas 5095 personas relacionadas con casos de narcotráfico. Buena parte de esa cantidad de detenidos son por narcomenudeo: no son grandes narcotraficantes los que engrosan la población carcelaria.

Fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación, que ejerce la autoridad política sobre el SPF, señalaron que si bien la Unidad 50 se desmanteló porque muchos de sus integrantes habían sido procesados por espionaje ilegal durante el macrismo, las investigaciones se realizan. Hay un área llamada Seguridad Interna del SPF que es la que se encarga de recoger información sobre lo que sucede en las cárceles. Agregan que se atienden pedidos de los jueces para investigar dentro de las cárceles. Y que el señalamiento sobre las cárceles que se hizo en el Encuentro de Rosario busca trasladar responsabilidades que les competen a otros sectores por fuera del Poder Judicial.

Desde la Justicia se afirma que desde adentro de las cárceles se cometen delitos. En septiembre pasado por orden de un fiscal provincial de la ciudad de Rosario se allanó la celda del jefe de la banda llamada Los Monos en la cárcel federal de Marcos Paz. En la celda de Ariel Máximo “Guille” Cantero encontraron un teléfono fijo que se conectaba con el teléfono público del pabellón donde estaba detenido. Diez días antes, por otro allanamiento habían hallado el mismo artefacto. El jefe uno de los clanes más importantes del narcotráfico de Rosario tenía teléfono fijo en su celda de la cárcel federal de Marcos Paz. Y desde allí seguía manejando el negocio.

El Ministerio de Justicia tiene una explicación para la situación de Cantero: un juez determinó que el jefe de Los Monos esté aislado en un pabellón. Al cumplir con esa resolución judicial más de 20 celdas del pabellón donde está alojado Cantero están desocupadas. Relatan que desde hace años los teléfonos públicos dejaron de ser los de hierro adosados a una pared y son similares a los de línea en las casas de familia. Y que el teléfono que hallaron en la celda de Cantero es el público del pabellón que se había corrido apenas un metro desde el lugar donde estaba colocado originalmente. Luego de aquel episodio el teléfono volvió a estar colgado de la pared en el lugar común del pabellón y el preso ahora habla parado en vez de desde dentro de su celda.

Lo que sucede dentro de las cárceles en relación al uso de teléfonos se puede resumir según los términos del informe denominado “Narcocriminalidad en establecimientos penitenciarios” presentado por la Procuraduría de Narcociminalidad (PROCUNAR) que encabeza Diego Iglesias. La PROCUNAR, que depende de la Procuración General de la Nación, relevó casos de investigaciones por narcotráfico en la que había teléfonos intervenidos. Esos teléfonos, pertenecientes a distintas organizaciones de todo el país, se comunicaban con celulares que usaban los presos. También lo hacían con los teléfonos públicos. Así se determinó que algunos jefes de clanes que se dedican al narcotráfico daban órdenes desde dentro de los penales para que se llevaran a cabo determinadas operaciones delictivas. Fueron detectadas tanto en penales federales como en penales provinciales, pero todo se relacionaba con casos de tráfico de drogas. Cantero fue protagonista de dos de los casos relevados.

Aquel informe de la PROCUNAR presentado en 2021 señalaba que:

-Se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad.

-Las estructuras superiores de las organizaciones ejercían la planificación, coordinación y control de las actividades delictivas tanto de manera individual a través de medios de comunicación, o también organizadas con otras personas, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, exponiendo en muchos casos los entramados o redes de contactos en el exterior, que actúan para continuar llevando a cabo las operaciones de la organización.

-En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre diversas personas detenidas. Por cierto, el uso compartido de teléfonos celulares dentro de una unidad penitenciaria representa un problema adicional en el proceso de recopilación de información y producción de prueba, por cuanto hace más difícil identificar al usuario real de las comunicaciones.

-Asimismo, se ha detectado el uso de teléfonos instalados en diversos pabellones de las unidades carcelarias y habilitados para el uso general de las personas allí detenidas, para el desarrollo de las actividades delictivas.

-También se advirtieron comunicaciones o instrucciones impartidas entre personas detenidas en los mismos o diferentes establecimientos penitenciarios, en las que se coordinaron diversas maniobras delictivas.

-En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciaros. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares.

-En los casos relevados se ha observado una importante capacidad operativa para llevar a cabo la coordinación de maniobras delictivas de gran complejidad, como por ejemplo, el ingreso mediante contrabando de sustancias estupefacientes al país, o el traslado de grandes cargamentos entre ciudades distantes del territorio, situaciones que, por lo general, requieren de gran precisión para ser efectuadas de manera encadenada.

-Con relación al punto anterior, se ha visto el despliegue de acciones de tráfico ilícito en varios niveles, desde el ingreso de la sustancia al país o su traslado entre diversos lugares del país distantes entre sí, hasta la distribución en puntos de venta y comercialización directa al consumidor. Esto da cuenta del dinamismo y racionalidad con capacidad de llevar adelante tareas de diversa índole y de la gran envergadura de las organizaciones (realización de muchas y diversas fases implicadas en el tráfico ilícito).

-A pesar de que las investigaciones y juzgamientos previos hayan concluido con condenas y de las situaciones de privación de la libertad de los miembros de las organizaciones criminales, se puso de manifiesto que estas continuaron disponiendo de recursos para perpetuar las actividades delictivas complejas que desarrollaban.

-Por último, se observó la vinculación de estos grupos criminales con otras actividades violentas que fueron planificadas y guiadas desde los establecimientos penitenciarios, como homicidios, secuestros extorsivos o amenazas coactivas, dando cuenta de la gravedad de los sucesos.

Los celulares fueron permitidos a partir de la pandemia en cárceles de diferentes distritos. Por ejemplo eso sucede en las prisiones de la provincia de Buenos Aires donde hay unos 50.000 detenidos, En cambio en las federales están prohibidos. Pero que los hay, los hay. ¿Cómo ingresan los celulares a las cárceles? La primera respuesta es que sin un acuerdo de los penitenciarios con los presos es imposible. Un celular puesto dentro de una cárcel tiene un precio de unos 100.000 pesos, estiman investigadores judiciales. Cuando se realiza una requisa y se incautan, por ejemplo, cinco celulares, solo se “empapelan” dos. Empapelar significa -intramuros- dejar constancia del hallazgo y realizar un sumario interno por la situación. Los otros tres vuelven a circular por un precio menor: los investigadores lo estiman en 30.000 pesos. El “costo” del ingreso del celular implica que sean los más ricos de los presos los que puedan conseguirlos: entre ellos los jefes de las bandas de narcotraficantes.

En el SPF trabajan 15.000 personas entre administrativos y agentes que están en contacto con los 10.000 detenidos. En el Ministerio de Justicia reconocen por cierto que hay corrupción por parte del personal penitenciario y connivencia con los presos. Por eso aseguran que se hacen entre 30 y 40 sumarios por día por irregularidades detectadas no solo en relación a los celulares. Y también remarcan que el celular es sin dudas una herramienta para que los jefes de los clanes den instrucciones desde la cárcel, pero que pueden hacer lo mismo desde los teléfonos públicos o través de sus visitantes. Lo cierto-conceden- es que los celulares permiten dar órdenes con rapidez y sin ninguna limitación de tiempo.

Se estableció en las investigaciones judiciales sobre el uso de los celulares que los controles que realiza el SPF de las visitas y de los propios penitenciarios cuando ingresan a las cárceles es riguroso. En cambio detectaron que no sucede lo mismo con el ingreso de proveedores de alimentos, o servicio de limpieza y mantenimiento que podrían ser vías para introducir en las cárceles bienes escasos allí dentro.

Los presos tienen derecho a comunicarse con el exterior. Y al mismo tiempo tienen enormes dificultades para lograrlo. Los teléfonos públicos de los pabellones funcionan por el sistema de tarjeta que es caro tanto para los reclusos que trabajan dentro de las cárceles como para sus familias. Las tarjetas telefónicas y los cigarrillos son algunas de las monedas de circulación dentro de las cárceles que se intercambian por distintos favores. La gratuidad de las llamadas por WhatsApp (si hubiera conexión a internet) -explican conocedores de las cárceles por dentro- sería un atenuante desde el punto de vista económico.

Los teléfonos públicos son comunes y son los propios presos los que organizan y regulan el uso. Durante la mañana, que es cuando los presos pueden llamar a los juzgados o a sus defensores, se produce un cuello de botella en la utilización del teléfono público. Son los detenidos los que distribuyen los turnos y establecen el tiempo de duración de las llamadas. Hay veces en que las disputas por el lugar en la fila o la extensión de una conversación terminan en un problema que se evitaría con los celulares.

El teléfono público se puede usar siempre y cuando funcione ya que cada tanto se roban los cables de cobre del tendido telefónico cercano a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz y se quedan sin servicio. En esas circunstancias los presos no pueden hablar con nadie, pero tampoco los penitenciarios pueden llamar a la sede central del SPF que queda en el barrio de Once en la Capital. Las empresas telefónicas tratan de reparar las líneas de inmediato. Mientras eso sucede, el clima en las cárceles incomunicadas se espesa. A los penitenciarios -cuentan profesionales que conocen el funcionamiento de las cárceles- no les incomoda tanto que los presos hagan llamadas telefónicas, sin embargo les molesta que con celulares inteligentes filmen y muestren las paupérrimas condiciones de vida que se dan en algunas instalaciones carcelarias.

Durante la pandemia se instaló un sistema de videollamadas por Skype. Ante la suspensión de las visitas fue una forma de que los presos tuvieran contacto con familiares y amigos. Ese sistema sigue en funcionamiento. Y es visto como un logro por las autoridades del SPF. Los presos lo valoran pero critican que las conversaciones por Skype se den en un espacio en el que permanece un agente del SPF.

Si bien el uso de celulares desde las cárceles para delinquir es una cuestión grave, el principal problema de las prisiones es la superpoblación. Por estos días hay unos 300 presos más que las camas disponibles en los establecimientos federales, el hacinamiento de detenidos que antes se daba en las cárceles ahora se nota fuera de las prisiones. Es que a raíz de la pandemia se hizo restrictivo el ingreso a las cárceles federales y se acumularon detenidos en lugares sin infraestructura ni personal adecuados. Los escuadrones de Gendarmería Nacional y las alcaidías y las comisarías de la policía de la Ciudad, por ejemplo, están atestadas de detenidos y no son lugares acondicionados para el encarcelamiento. A abril de 2022 había 867 personas detenidas en dependencias de la CABA. En esa situación también se mezcla la pelea política entra la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La discusión entre Nación y Ciudad por este asunto está abierta y ofrecerá nuevos capítulos. No es fácil de resolver porque, entre otras cosas, hay millones de pesos en juego.

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