Los registros previsionales de Amadeo Conrado Uberti, el hacker que fue acusado de secuestrar junto a un cómplice a un hombre que le hacía mandados, muestran que, hasta 2013, había sido empleado en dos empresas de marketing y en una escuela de la localidad bonaerense de Martínez. En esos años también estudió diseño gráfico y fundó una empresa de servicio técnico especializado en flotas corporativas de dispositivos móviles. Parecía llevar una vida normal hasta que se volcó al delito. Con el tiempo, comenzó a realizar estafas con criptomonedas y tarjetas de crédito clonadas.
Hoy, a sus 29 años, Uberti acumula varios antecedentes judiciales. En 2019 se le abrió una causa por tentativa de robo y el año pasado fue procesado por cuatro hechos de hurto y cuatro amenazas coactivas reiteradas. En este último caso, una empresa de pagos electrónicos lo denunció por estafas informáticas en más de ocho millones de pesos.
Las acusaciones públicas en su contra, sin embargo, son aún más antiguas: a mediados de 2017, un usuario de Facebook señaló a Uberti como un “estafador” que brindaba “supuestos servicios desbloqueo ICLOU”. Compartiendo imágenes de uno de los viejos perfiles del hacker en esa red social, en la misma publicación el denunciante pidió ayuda en un grupo para dar con él.
Uberti está ahora imputado por privación ilegítima de la libertad agravada. La DDI de San Isidro y la SubDDI de Vicente López lo detuvieron esta semana luego de haber mantenido cautivo en su casa, ubicada a una cuadra de la Quinta presidencial de Olivos, a un hombre de 35 años que había conocido recientemente. Lo retenía por la fuerza para obligarlo a hacer compras online, mientras lo amenazaba con un atornillador.
Según relató la víctima, se puso en contacto con Uberti a través de un conocido con el que suele jugar videojuegos online hace unas semanas, hasta que un día el hacker lo convocó a su vivienda, ubicada sobre la calle Guillermo Marconi al 600. Allí le explicó que se dedicaba a “minar bitcoins” pero que, como tenía “problemas judiciales”, necesitaba “un cadete con vehículo” para que se ocupara de diversas tareas, como comprar placas o cambiar dinero. Así, en primer lugar lo envió a cambiar unos dólares y, a su regreso, le dio $10.000.
El viernes pasado, Uberti le encomendó un nuevo pedido: lo mandó a comprar, junto a su cómplice, placas de video a distintos locales de Belgrano. Antes, le había advertido a la víctima que si no cumplía con cada uno de los mandados, sufriría una reprimenda. La pareja finalmente no consiguió lo que el acusado les había pedido y regresaron a Olivos. Eran cerca de las 19.30.
Ofuscado, Uberti reprochó al hombre de 35 años y le dijo de manera intimidatoria: “Te vas a sentar en la computadora y vas a hacer compras online. De acá no te vas y están viniendo dos pibes que te van a cagar a trompadas”. Las amenazas continuaron en las horas siguientes, más aún cuando el cómplice de Uberti le avisó que la víctima había tratado de escapar: ante esta situación el dueño de casa se colocó un par de guantes de trabajo y lo amenazó con un atornillador: “¿Te querés escapar? Te vas a comer una puñalada”.
El calvario se extendió durante casi tres horas. La víctima finalmente pudo escapar atravesando el cristal de un ventanal, lo cual le produjo algunos cortes en sus manos. Corrió por la calle pidiendo auxilio hasta que fue socorrido por personal policial que custodia la residencia presidencial.
La investigación recayó en manos del fiscal Martín Gómez, titular de la Unidad Funcional de Vicente López Este, quien dispuso el allanamiento a la casa de Uberti. Durante el operativo, la Policía Bonaerense detuvo al acusado y secuestró varias tarjetas de crédito y débito, $101.880, tarjetas prepagas, posnet y otros elementos con los que concretaba las estafas. Además, un par de guantes amarillos y un atornillador con mango azul, los que habría utilizado para amedrentar a la víctima.
Uberti negó la acusación en la audiencia indagatoria y este jueves abandonó el calabozo donde estaba detenido, tras un pedido de su defensa. Así lo resolvió el juez de Garantías Nº 1 de San Isidro, Ricardo Costa, quien argumentó que el delito imputado tiene una pena máxima de seis años de prisión pero una mínima de dos -inferior a los tres años- y por ende, es excarcelable.
Fuentes judiciales explicaron a la agencia Télam que el juez Costa le concedió el beneficio bajo una serie de restricciones: entre ellas, Uberti no podrá acercase a la víctima a menos de 300 metros. Tampoco puede contactar o intimidar por cualquier vía tanto al denunciante como a algún allegado. Además, el magistrado le impuso la obligación de presentarse en el juzgado todos los meses, mientras la causa sigue adelante.
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