La muerte de Maradona: los fiscales cerraron la investigación y pidieron elevar la causa a juicio oral

La investigación por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a su fin. Este miércoles por la mañana los fiscales, que investigaron los últimos días del Diez antes de su fallecimiento, decidieron concluir con la etapa de instrucción y solicitar formalmente que la causa sea elevada a juicio oral.

Fueron 504 días de investigación en un expediente que consta de más de 4.000 fojas cargadas de testimonios, indagatorias, estudios médicos, chats y conversaciones telefónicas del entorno del ex capitán y DT de la Selección.

Los procesados que se sentarán en el banquillo de los acusados son ocho. Se espera que el juicio inicie entre finales del 2023 y principios del 2024 y dure varios meses.

En un extenso escrito de 378 páginas al que accedió Infobae, los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, coordinados por el fiscal general de San Isidro John Broyad, decidieron pedir la elevación a juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Todos están acusados de homicidio con dolo eventual, un delito que tiene una pena de entre 8 y 25 años.

En el inicio del escrito, los fiscales realizan una introducción en la que plantean, con firmeza, la existencia de un “cúmulo de conductas penalmente relevantes” que “condujeron” a Maradona a su “triste fallecimiento”.

“La prueba conducía, inicialmente, a mostrar la responsabilidad de los doctores Luque y Cosachov, con injerencia directa en el resultado muerte, permitieron dar andamiaje a otras pruebas. Eso condujo a detectar la responsabilidad de Díaz como integrante del cuerpo médico tratante, de los responsables de las empresas que coordinaron la fallida internación domiciliaria (Forlini y Perroni), de los enfermos presentes en el momento más crítico (Almirón y Madrid) y del médico clínico designado para esa temeraria internación domiciliaria (Di Spagna)”, escribieron los investigadores.

Según pudo saber Infobae, este pedido de elevación a juicio, que ahora deberá analizar el juez Orlando Díaz, estaba listo para finales del año pasado. Sin embargo, distintas peticiones y medidas de prueba de último momento solicitadas por las partes retrasaron su ejecución.

Luego, en el documento, los fiscales hicieron una mención especial a la injerencia de la famosa “junta médica”, que reunió a veinte profesionales de la salud que analizaron la autopsia al cuerpo del Diez: “La junta interdisciplinaria, desarrollada con un sinnúmero de peritos de alto prestigio de diversas especialidades derivó en, sobre todas las cosas, las responsabilidades penales que están a la vista. Diecisiete de veintidós peritos, que contaron con la totalidad del material que era necesario para ese estudio, elaboraron esas conclusiones inequívocas”.

Además, en las primeras páginas, los fiscales redactaron una conclusión antes de desmenuzar cada una de las pruebas: “Nos encontramos hoy a poco más de un año de su muerte con certezas, y en condiciones de afirmar, que las personas que hoy, en éste requerimiento se mencionan, han tenido responsabilidad penal en el fallecimiento de Diego Armando Maradona”.

En el resto del escrito, los fiscales realizaron un resumen de los distintos chats y audios que constan en el expediente. Muchos de los cuales fueron expuestos por Infobae en el documental “La muerte de Maradona”. Además, valoraron cada una de las declaraciones indagatorias que realizaron los imputados y de las testimoniales que se sumaron a la causa.

Lo redactado por los investigadores de San Isidro es particularmente duro con los profesionales de la salud acusados.

“Los imputados no son otros que los que deben estar sentados en el banquillo. Deben responder por aquel cúmulo de acciones y omisiones notoriamente burdas que incrementaron de manera elocuente el riesgo permitido concretando el fatal desenlace del mayor ídolo del fútbol mundial que, a todas luces, hubiese podido evitarse. Las omisiones de actos específicos que debían ejecutar colocaron a la víctima en una situación de desamparo pocas veces vista librándolo a su suerte”, redactaron.

Con respecto a la internación domiciliaria, aquella que tuvo lugar entre el 11 y el 25 de noviembre del 2020 en un barrio privado de Tigre, especificaron que fue “temeraria, plenamente deficiente y sin precedentes”.

Sobre el final del documento, los fiscales realizaron una descripción de las responsabilidades de cada uno de los acusados.

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov: “Lideraban el equipo médico tratante y se encontraban obligados a garantizar la salud del paciente. Sin duda alguna, la situación de Luque se correspondía con la actuación de su médico de cabecera, confianza o personal. Por su parte, Cosachov, interactuó con la prestadora médica para lograr la tan ansiada internación sobre alguien que no se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales y a quien, de propia mano y por su orden, le modificaba sistemáticamente la ingesta de fármacos”.

Carlos Ángel Díaz: a pesar de ser psicólogo, se inmiscuyó en el ámbito de actuación de la psiquiatra aconsejando sobre la medicación que debería recetarse y encargándose, fundamentalmente, de establecer los lazos necesarios para que la familia acepte aquella internación, cuando en rigor, debía ser derivado a un centro de rehabilitación.

Nancy Edith Forlini: aparece como una figura trascendental. Es quien, junto al equipo médico tratante, debió garantizar desde el inicio que en la internación domiciliaria se lleven a cabo la totalidad de los protocolos y recaudos médicos que eligió no respetar. Fue indiferente desde los comienzos al no objetar que el sitio en donde se llevaría a cabo esa internación carecía de los requisitos mínimos.

Mariano Perroni: “El ‘coordinador’, lejos de seleccionar personal calificado y capacitarlo, echó mano a lo primero que encontró y encomendó el cuidado de un paciente a personal que, al inicio, poco sabía de quien es hoy la víctima. Siquiera su nombre”.

Pedro Di Spagna: ”El médico clínico. Tampoco mostró preocupación por la continuidad de sus visitas o en recabar la efectiva realización de aquellos estudios. El cuadro de taquicardia, que según los valores que a veces se registraban poco importó también a la hora de disponer la atención inmediata del paciente y su derivación si fuera del caso.

Ricardo Omar Almirón y Gisela Dahiana Madrid: quedó en evidencia que Maradona comenzó a morir al menos doce horas antes que cuando se constatara su óbito, y con signos inequívocos de un período agónico por demás prolongado, supuestamente controlado entonces por los dos enfermeros.

A modo de conclusión, en el escrito, se realiza una valoración de la actuación de los profesionales el día de la muerte de Maradona: “El 25 de noviembre fue el retrato más nítido de un desmanejo pleno y continuo. Sin aparatología, sin sistemas de emergencia y sin controles de enfermería previos que hubieran impedido el resultado. Debieron recurrir a un vecino intentando impedir, sin suerte, el desenlace por ellos mismos creado. Las acciones de todos ellos, posteriores a la anunciada muerte, mostraron el conocimiento pleno que antes habían tenido sobre el esperable resultado. La única pretensión era cubrirse de lo que no habían hecho y de lo que habían hecho mal y así lo han evidenciado en los distintos documentos”.

Ahora resta saber si el juez de la causa, Orlando Díaz, le da curso a la elevación a juicio. En caso de que así sea, se pasara a la etapa de las apelaciones.

Es por esto que se cree que el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona podría realizarse recién a finales del 2023 o principios del 2024.

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