El 9 de octubre de 2013, Jesús Bravo junto a Darío Prida ingresaron a la casa de los jubilados Mateo Cristaldo (84) y su esposa, Julia Velázquez (80) de la calle 132, entre 9 y 10, de Berazategui. Bravo y Prida eran vecinos del barrio, por eso conocían al jubilado. Bravo, por su parte, vivía a la vuelta de la casa de las víctimas. Ese día, el plan criminal ya estaba trazado: ambos tenían el dato de que la pareja habían vendido la propiedad y pensaban que guardaban el dinero de la transacción en su vivienda. Así, comenzó el horror.
Bravo esperó que Cristaldo saliera y lo abordó. Una vez en el interior de la casa, la pareja de jubilados recibió una brutal golpiza. Los delincuentes reclamaban que les entregaran el dinero, que no estaba ahí: aún no se había producido la venta. Entonces, la situación empeoró. Bravo tomó a Velázquez y la encerró en su habitación: la violó en dos oportunidades, mientras su cómplice buscaba el dinero. Tras el abuso, ambos escaparon.
La pareja de jubilados fue internada en un hospital de la zona y a los pocos días fallecieron debido a la paliza. El caso recayó en la fiscal Ángeles Attarian Mena, titular de la UFI Nº2 de Quilmes, quien de inmediato ordenó allanamientos y logró detener a Prida: lo acusó por el doble homicidio. En 2016, el Tribunal Oral en Criminal Nº2 de Quilmes, lo condenó a prisión perpetua.
Sin embargo, su cómplice, Bravo, se mantenía prófugo. El hombre se escondió de la Justicia durante seis años. Según creen los investigadores, escapó a otra provincia. Hasta que en febrero de 2018 fue capturado en el cruce de Domingo Sobral y avenida San Martín, en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes.
Tras su detención, Bravo fue encerrado en un calabozo a la espera del jucio que concluyó este miércoles al mediodía y estuvo a cargo del TOC Nº5 de Quilmes, que lo condenó por los delitos de homicidio criminis causa y abuso sexual.
La sentencia coincidió con el pedido formulado por la fiscal Mariel Calviño, quien en su alegato había solicitado la pena máxima. Así, la funcionaria tuvo en cuenta, entre otros elementos, el testimonio del médico legista de la Superintendencia de Policía Científica, Miguel Ángel Miñones, que declaró que los golpes que le propinaron a ambos fueron con el objeto de “matarlos”.
Por su parte, la defensa de Bravo había asegurado que el imputado no tuvo ninguna participación en el ataque a Cristaldo y, en relación con la esposa, solo reconoció haberla abusado sexualmente, pero que no fue acreditado que las lesiones le hayan provocado la muerte.
En el juicio, Bravo había declarado ante los jueces que Cristaldo salió de su casa a pedir ayuda porque su esposa se había caído de la cama y, en ese momento, él ingresó para auxiliarla. Según su propio testimonio, fue cuando se cometió el abuso sexual a la anciana.
“Le hice el amor”, aseguró el acusado en sus “últimas palabras” que dijo en el juicio y antes de escuchar el veredicto. También negó su participación en el robo y en el doble crimen, aunque reconoció que ese día estaba “alcoholizado y empastillado”, y que “no sabía lo que hacía”.
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