Un policía y la hija de un fiscal eran “amigos con derechos”: lo condenaron a seis años de prisión por violarla

El hecho ocurrió en Tierra del Fuego en 2019, tras una relación de cinco años. Los detalles de la acusación y la versión de la defensa, en un caso que habla de los límites del consentimiento

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Imagen del juicio: la sala
Imagen del juicio: la sala donde el policía fue condenado (gentileza El Sureño)

Se conocieron en 2015 en la Escuela Superior de Policía de Tierra del Fuego en la ciudad de Rio Grande. Maximiliano Gérez aspiraba a integrar las filas de la fuerza. La mujer -cuyo nombre se mantendrá en reserva en este artículo para proteger su identidad- fue a la escuela a acompañar a su padre, fiscal federal, que daba clases a los futuros uniformados. Cruzaron teléfonos y se empezaron a hablar por redes sociales. Ella vivía en Buenos Aires, pero cuando iba a Río Grande a visitar a su familia se cruzaban. La relación fue clara para los dos: se hicieron “amigos con derechos”, según la describieron ambos. Se veían y tenían relaciones sexuales, sin ataduras o compromisos. Pero todo cambió en la mañana del 1° de enero de 2019.

Ella había viajado a pasar las fiestas con su familia. Después de la cena de fin de año, se cruzaron en una discoteca de música electrónica de esa ciudad, Maldito Ibiza. Cada uno estaba con amigos. Gérez estaba de novio en aquel entonces. Su novia, según él mismo, estaba presente. Se fueron juntos, pasaron a buscar las llaves de la casa de él que no las tenía encima y se acostaron. Ella le aclaró que si no tenía preservativo no iba a pasar nada. Él guardó silencio. La joven fue al baño, se sacó la bombacha pero no la ropa y volvió a la habitación. Empezaron a besarse y él insistió, pero ella repitió que, sin preservativo, no tendrían relaciones sexuales. La mujer no tomaba pastillas anticonceptivas. Él le reprochó que dudara de él, pero entonces le propuso jugar: avanzar sin penetración.

Ella aceptó.

Hubo sexo oral. Después, ella aseguró que el policía le puso sus manos en la vagina para que él no avanzara, pero le corría las manos para que se lo permitiera. En un momento, la dio la vuelta, la apoyo con el pene, la mujer dijo que no y la penetró. Ella gritó y le dijo que saliera, lo empujó. Luego, el policía le pidió perdón mientras la acariciaba. Poco después, se quedó dormido. Ella buscó que la fuera a buscar un remis y como no conseguía le pidió ayuda a una amiga para irse a su casa. Al llegar, se bañó porque se sentía “sucia, asqueada”. También lavó su ropa interior. Al día siguiente le contó a su madre lo que había pasado y fueron a hacer la denuncia penal.

La semana pasada, Gérez fue condenado por abuso sexual con acceso carnal a seis años de prisión tras un juicio en el Tribunal en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de su provincia, integrado por los jueces Juan José Varela, Eduardo López y Marina Montero. Infobae accedió al fallo en forma completa.

La versión del acusado.

Durante el debate, el acusado negó en su indagatoria la denuncia en su contra y dio otra versión de lo sucedido. Explicó cómo se habían conocido con la víctima y aseguró que siempre que se veían tenían encuentros sexuales, consentidos y sin preservativo. Es más, aseguró que a ella “le gustaba que la ahorque, que la ate”. “Ella tenía una mente sexual más abierta y la seguía porque le gustaba. De haberla ahorcado, tal como me pedía, hoy estaría preso”, declaró.

Aquella noche, asegura él, ella le insistió para verse y en el boliche intentó besarlo, algo a lo que él se negó porque estaba su novia. Pese a eso, cuando su pareja ya se había ido, se fueron juntos a su casa. Según aseguró, se besaron, se tocaron y “el tono fue subiendo”, vio que no tenía bombacha, le practicó sexo oral, pero ella “nunca dijo nada del preservativo ni que no la penetre”. Aseguró que tuvieron relaciones “vaginales, pero no anales; fue como siempre, un día normal de juntada con ella”. Se quedó dormido y al despertar estaba solo.

En su declaración, el acusado afirmó que antes del encuentro sexual le había dicho que “quería hacer las cosas bien con su novia para formar algo” y tenían que dejar de verse. Y afirmó que pensó que lo había entendido porque ella también “tenía novio o novia, ya que es bisexual”. Le mandó mensajes preguntándole por qué se había ido pero no tuvo respuestas y a los dos días le allanaron el departamento. “Me quería morir, no podía entender tanto despecho”, continuó.

Nunca forcé a nadie para tener relaciones sexuales. Me cagaron la vida. Soy inocente de todo lo que se me imputa. No puedo creer que hay cuatro versiones de declaración testimonial diferente. Hablan y se meten en mi oficio diciendo que tienen miedo a la policía, cuando el que debería tener miedo soy yo. Soy un simple civil en este momento que va contra la familia de un fiscal federal”, sintetizó.

La víctima, hoy de 24 años, ratificó su denuncia con los detalles sobre su encuentro aquella noche: cómo fueron a la casa del joven, cómo fue el encuentro. “Varias veces le había dicho que no quería ser penetrada. Lo expresé con la voz, el cuerpo y las manos pero mi voluntad no fue respeta”, afirmó. Aportó chats de diálogos que habían tenido en 2016, apenas la relación comenzaba, donde le escribía que la forzaría. Además, los jueces escucharon los audios que ella envió a sus amigas contándole lo que le había pasado. “Encima cuando yo vuelvo me pongo a llorar y el chabón se acuerda con una cara de ‘what the fuck’, diciendo ‘qué hice’. El chabón me tira para atrás y me empieza ‘perdoname’ y mientras me dice ‘perdoname’ disimuladamente me pasa las manos por la tetas y la c...” decía el audio. “Alto abusador, soltó en otro momento.

En su declaración, la joven dijo que no recordaba “si mantenían relaciones de dominación”. “Pasaron tres años y lo único que quiero es olvidarme”, respondió. “Todos los encuentros fueron con consentimiento salvo ese. En las otras oportunidades nunca había sido agresivo, puede que intercambiábamos mensajes eróticos pero no recuerdo el contenido. Ese día fui a tener relaciones sexuales. Al advertir que no tenía preservativo, la idea fue llevarlas adelante sin penetración”, insistió. También respondió que sí, que era bisexual. A lo largo del debate declararon dos amigos de la víctima que fueron contactados por ella en aquellas horas. “Sufrió una violación porque fue forzada a algo que no quería”, dijo uno de ellos. También declaró Inés Aparici, la médica forense que analizó a la víctima y al acusado. La especialista fue cuestionada por la defensa del policía porque la propia víctima aseguró que la mujer había sido profesora suya.

A la hora de los alegatos, la querella dio por probado los hechos y la autoría del acusado y pidió para el acusado una condena de siete años y medio de cárcel, con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, y la detención al momento de la sentencia. La fiscalía, en tanto, también consideró probado que existió un abuso sexual. Pero tras evaluar atenuantes y agravantes, el fiscal Jorge López Oribe pidió la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista para el abuso sexual. Ese delito se castiga con seis a quince años. La fiscalía solicitó una condena de tres años, al aludir la vulnerabilidad económico del acusado (alejado de la Policía, hoy vende pan) y recordar un fallo que se procedió de esa manera para un acusado del robo de un celular. La defensa, en tanto, apuntó a las contradicciones de la víctima, sostuvo que la médica forense debió excusarse, resaltó las dificultades del “testigo único” y reclamó su absolución, al menos, por la aplicación de la duda razonable.

Así, los magistrados analizaron las pruebas: dieron por creíbles los dichos de la víctima porque “se hizo cargo de sus conductas, no maquilló el discurso ni procuró construir un personaje, nos contó su realidad, vimos una mujer con ideas claras que tiene sujetadas con firmeza las riendas de su vida”, sostiene el fallo. Pero también validaron “las constataciones médicas y los dichos de la víctima lo cual respalda e incrementa el umbral de credibilidad”, junto al relato de sus amigos porque “a todos les brindó un relato uniforme en el sentido de que el acusado la penetró analmente sin su consentimiento”.

El acusado, en cambio, “negó esa penetración pero no contrastó prueba que la acreditó” y por eso “su posición quedó fuertemente debilitada”. Tampoco el tribunal avaló la teoría del despecho como factor para hacer la denuncia. El acusado y la víctima “no eran novios ni proyectaban la vida en común, ella no estaba enamorada de él; desde esa realidad el argumento de ‘despecho’ luce insustancial”, dijo el tribunal. Otro de los elementos que se valoraron fue que el acusado borró los mensajes de la víctima y “a esta altura es claro que buscó desaparecer prueba que no lo favorecía”.

El tribunal concluyó que “la defensa no logró jaquear la solidez del relato de la víctima y tampoco dieron razones serias que expliquen tamaña aventura judicial basada en una mentira”. Y añadió: “nada de lo que vimos y escuchamos durante el juicio nos hace duda de la existencia del hecho y la autoría del nombrado (...) . Es palmaria la falta de argumentos serios que nos permite entender que estamos ante una ‘cacería judicial’ estructurada sobre una mentira pergeñada por una mujer despechada. Las insinuaciones referidas a la influencia del padre de la víctima sobre el Poder Judicial provincial resultan una insensatez y no merecerá otra consideración de nuestra parte”.

El fallo aludió a los “estereotipos machistas” de la cultura patriarcal en donde la frase de “despechada” debe correr la misma suerte de ideas como “se la buscó, en el fondo quería, estaba regalada o se viste como putita”. El acusado, dijo el tribunal, “pisoteó la voluntad” de la víctima. “La cultura patriarcal sigue entre nosotros”, dijo el juez López. Por su parte, el juez Varela añadió que la víctima podía aceptar unas prácticas sexuales y no otras. “El consentimiento siempre es reversible; se puede retirar, no se presume y no puede inferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima”, afirmó en su voto.

Así, Gérez fue condenado a seis años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal”. Por ahora no irá preso hasta la revisión de la sentencia, pero no podrá salir del país o la provincia sin autorización.

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