Mulas narco: el perverso sistema que explota a mujeres pobres para enviar cocaína a la Patagonia

En la tarde del viernes pasado, M.F, una mujer de 21 años, nacida en Paraguay, madre de un nene, llegó en auto a la terminal de micros de Liniers. Fue llevada hasta allí en auto por un hombre, J.R, de 51 años, también nacido en Paraguay.

M.F bajó del vehículo nerviosa. Debía abordar un micro. Su destino: a San Martín de los Andes, Neuquén. En ese momento, un grupo de la división de Narcotráfico de la Prefectura Nacional, bajo los órdenes del Juzgado Federal Nº2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, los interceptó. Así, requisaron la mochila de la mujer y hallaron lo que buscaban: 1,044 kilogramos de cocaína. Pero la mujer no era el foco de la investigación, para nada, sino el hombre que la había llevado hasta allí. J.R, cuyo nombre es mantenido en reserva por las autoridades para no comprometer la investigación, era seguido hace más de un año por la Justicia federal. Lo buscaban por una jugada sucia que es una constante silenciosa en el negocio narco de los últimos años: enviar mujeres pobres a la Patagonia como mulas para que transporten cocaína.

Así, ambos fueron detenidos. Hubo allanamientos relacionados a la causa en Villa Lugano, Merlo y Esteban Echeverría y en la ciudad de Rosario, con otros dos arrestados más. Los cuatro acusados se negaron a declarar frente a la secretaria del juzgado que instruye la causa, Lorena Reynoso.

La pobreza de la víctima, con un hijo a su cargo, es un factor determinante en la trama. ”Creemos que usaban a la mujer por su condición de extrema necesidad. Había hecho el mismo viaje diez días atrás.”, indicó un detective del caso a Infobae.

La investigación contra J.R comenzó en abril de 2021 a partir de una denuncia anónima que llegó a la Justicia. Primero, los investigadores siguieron al sospechoso, sin encontrar pruebas que lo vincularan con el tráfico de drogas. Entonces, los detectives solicitaron la intervención de su teléfono. Allí se develó la red de conexiones que J.R mantenía entre Villa Lugano, el conurbano bonaerense y Rosario, lugares donde conseguía la droga para después venderla en el sur del país.

“Hacían compras por separado y después la enviaban en micro al sur con mulas. De hecho, sobre esta última entrega que se interceptó hablaban de transportarla de Neuquén a Ushuaia. Cuando la chica llegara, tenía que cambiar la tarjeta SIM del celular”, afirma una fuente del caso.

Sin embargo, más que un hecho aislado, es la lógica histórica de los narcos para llevar cocaína a la Patagonia: aprovecharse de la vulnerabilidad de una mujer, utilizarla como mula y hacer llegar el “paquete” a destino sin mancharse las manos.

Las investigaciones federales apuntan a que las organizaciones que funcionan en esa parte del territorio nacional se abastecen de la sustancia que los traficantes acumulan como stock, tanto en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores como en distintos barrios como Monserrat, San Telmo o Barracas. La banda liderada por J.R además contaba con mayoristas en Lugano, en distintas localidades en el conurbano y en Rosario.

Para que esto ocurra, el sistema de mulas es elemental. Las bandas cooptan bajo presión a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El envío, si es por tierra, es muy difícil de detectar, salvo que los investigadores sepan de antemano la existencia de la mula. No solo se trata de mujeres, por otra parte. El caso de Cristian Espinoza, ex cantante de Yerba Brava, detenido en abril de 2019 en Aeroparque con casi un kilo distribuido entre su estómago y sus genitales se enmarca, según fuentes en Tribunales, en esta lógica.

Los traficantes dominicanos pisan fuerte en este rubro. En septiembre de 2018, la Policía Federal desbarató después de nueve meses de investigación a la ”Banda del Caribe” integrada por cuatro dominicanos y un colombiano que operaba en Chubut y Santa Cruz. Les encontraron casi siete kilos de cocaína en una valija que llegó a Comodoro Rivadavia desde Capital Federal.

El 9 de mayo de 2016 en el paraje Arroyo Verde en Chubut, una mujer trans, peluquera según ella misma, oriunda de Santo Domingo, República Dominicana, cayó con tres kilos y medio de cocaína cuando un perro antidrogas lo olió el bolso en un móvil de la empresa Don Otto con rumbo a Comodoro Rivadavia. Dijo que el bolso no era suyo, que era de “un paisano” al que conoció en un bar de Parque Patricios, que le pagaría 10 mil pesos si se lo entregaba a “otro paisano” en Caleta Olivia. Le incautaron el celular y se lo peritaron. Un contacto le había escrito: “Estoy esperando los 3 K, qué pasó, dime”. Fue condenada el 13 de abril de 2018 a cinco años de cárcel por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Para el veredicto usaron su nombre de nacimiento, una crueldad del sistema judicial en su contra.

Un caso emblemático fue el de Juana de Ciudad Evita. El 4 de marzo de 2019, la PSA la palpó en la zona de pre-embarque del Aeoparque Jorge Newbery. Tenía un pasaje al aeropuerto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en el vuelo 1850 de Aerolíneas Argentinas: le hicieron bajar los pantalones y le encontraron casi medio kilo de cocaína pegada en su ropa interior. Nerviosa, transpirando, marcó a un hombre vestido con una chomba bordó que estaba en la zona de embarque: el encargado de vigilarla en todo el trayecto. Se habían comunicado por mensaje de texto en los últimos días, Juana y el hombre. “Voy lista”, le había escrito antes de salir. Habían llegado a Aeroparque en el mismo auto, un Volkswagen Pointer.

Juana fue procesada por el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal Nº7, pero sin prisión preventiva. Tiempo después, Casanello la exoneró de la causa con un sobreseimiento firmado el 13 de junio de 2020. El magistrado entendió que ella no tenía opción, que era una víctima.

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