Los fiscales de la Agencia de Criminalidad de Rosario Luis Schiappa Pietra y Matías Edery elevaron este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el caso de un senador provincial que no puede ser imputado como presunto integrante de una red de corrupción ligada al juego clandestino porque goza de inmunidad parlamentaria. Se trata de Armando Traferri, presidente de uno de los dos bloques peronistas en el Senado santafesino, quien se encuentra salpicado por una resonante investigación que ya cuenta con imputados como el ex piloto de Fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri, el ex diputado nacional Darío Scataglini, el ex jefe de fiscales Patricio Serjal próximo a ir a juicio y Gustavo Ponce Asahad, un ex fiscal que ya fue condenado.
El objetivo de los fiscales rosarinos es que la Corte revise la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe, que hace dos semanas ratificó la constitucionalidad de los fueros de Traferri, senador por el departamento San Lorenzo, quien seguirá sin poder ser acusado penalmente por corrupción.
En aquella resolución de hace dos semanas, los cortesanos santafesinos consideraron que la Carta Magna provincial ampara al legislador sospechado. Se basaron en el artículo 27 del Código Procesal Penal local, que indica que un diputado o senador puede ser imputado siempre que previamente haya sido desaforado por la Legislatura, circunstancia que no prosperó en la Cámara Alta ante el pedido de los fiscales.
“Presentamos el recurso porque esto ya compromete al Estado Nacional al ratificar Santa Fe la legalidad de los fueros parlamentarios tal como están regulados en el Código Procesal Penal de que no se puede imputar a un legislador si antes no es removido. Esto implica probable responsabilidad del Estado argentino, que en su historia suscribió convenios internacionales en el avance en la lucha contra la corrupción”, comentó a Infobae el fiscal Luis Schiappa Pietra, jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario.
El fiscal expresó que desea que el máximo tribunal de justicia del país “preste atención” al caso, ya que lo integran Ricardo Lorenzetti, de Rafaela, y Horacio Rosatti, de Santa Fe. “La red que investigamos gestionaba el otorgamiento del juego legal en Santa Fe a partir de un lobby contrario a la ley con un ex diputado nacional, que era Darío Scataglini, que está imputado. Ya está imputado el ex piloto de Fórmula 1 ‘Poppy’ Larrauri. ¿Cuándo vamos a poder hacerlo con Traferri? Fue quien hizo las tratativas para darle el juego legal a Peiti a sabiendas de que él manejaba todo el juego ilegal”, aseguró.
Schiappa Pietra agregó que la causa que investiga por corrupción por juego clandestino “es muy pesada” y explicó: “Ya hubo condenas de un fiscal que después fue echado por la Legislatura, como fue el caso de Gustavo Ponce Asahad; fue imputado el jefe de fiscales –removido tras ser imputado– de la ciudad Patricio Serjal, que está cerca de ir a juicio por darle cobertura a Leonardo Peiti, un tipo que organizó el juego clandestino en toda la provincia y ya está condenado. Fue el propio Peiti quien ratificó que le daba dinero a Traferri para la campaña proselitista en la que participó en 2019″, remarcó.
En el caso de Traferri la situación se vuelve especial: es presidente de uno de los dos bloques justicialistas del Senado de Santa Fe. Su espacio Juan Domingo Perón aglomera a seis legisladores de los doce escaños que tiene el peronismo sobre un total de 19 bancas que tiene la Cámara Alta santafesina.
“Acá hay una cobertura evidente desde el Poder Judicial y de la Legislatura que no otorgó el desafuero. Esperamos a ver qué hace la Corte Nacional”, sostuvo.
Pero, además, en esta historia, el investigado denunció a los fiscales que lo investigan. El año pasado, el senador presentó un pedido de remoción para Matías Edery y Luis Schiappa Pietra porque consideró que incumplieron los deberes de funcionario público por las supuestas herramientas que utilizaron para acceder a información de sus comunicaciones telefónicas.
Ese pedido de remoción hecho por Traferri provocó que la Asociación de Fiscales de Rosario hiciera una petición de un encuentro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fiscal Schiappa Pietra, uno de los denunciados, señaló que efectivamente habrá un encuentro el próximo viernes 18 de marzo en Washington, Estados Unidos. “Se expondrán las presiones contra los fiscales que investigan la corrupción política en Argentina. Hay casos de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe”, aseveró.
“Acá hay que entender que está en juego la posibilidad de avanzar en causas por corrupción”, enfatizó Schiappa Pietra.
En lo que va de la investigación ya fue condenado el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad a 3 años de prisión por haber cobrado coimas en dólares por mes para brindarle protección judicial a Leonardo Peiti, quien regenteaba el juego ilegal en Rosario, Rafaela y Melincué.
Ponce Asahad y Peiti recibieron rebajas en sus penas al haber brindado información en carácter de imputados colaboradores. Ambos apuntaron contra sus presuntos “superiores” en la cadena de mando, que fueron a criterio de la investigación Patricio Serjal, ex jefe de fiscales de Rosario, y al senador por San Lorenzo Armando Traferri, con quien existieron encuentros según pudieron acreditar los fiscales, aunque esa evidencia aún no la pudieron exhibir en una audiencia como corresponde porque el legislador tiene fueros.
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