Un funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe renunció este martes después de haber sido mencionado públicamente por Mariana Ortigala, una testigo de la causa contra Esteban Lindor Alvarado, como la persona que ofreció “beneficios” en la cárcel a Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, a cambio de que baje el nivel de violencia de su banda en Rosario. Se trata de Horacio Lucchini, director de Análisis Criminal Estratégico, que fue nombrado en diciembre pasado en medio de cambios derivados de una crisis institucional en el gobierno provincial, que acababa de quedar salpicado por una causa judicial por presunto espionaje ilegal.
La mención pública hecha por Ortigala este martes en una nota dada al diario La Capital fue parte de una declaración que ya hizo en enero pasado ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, cuando se presentó a dar información porque consideraba que su vida corría peligro, ya que supuestamente Alvarado planeaba matarla antes del juicio que se inició el pasado 21 de febrero por el homicidio del prestamista Lucio Maldonado en 2018, asociación ilícita y maniobras de lavado de activos.
En esa declaración, la mujer indicó que Lucchini, por entonces secretario de un juez federal de Venado Tuerto, mantuvo encuentros con ella en octubre del año pasado para decirle que iba a ser designado en el ministerio de Seguridad de Santa Fe –algo que efectivamente se concretó– y ese marco le ofreció que oficie de “vocera” ante el líder de Los Monos.
La testigo de la causa Alvarado subrayó que Lucchini tenía como objetivo ingresar al ministerio de Seguridad para “mediar entre las bandas de Alvarado y la de Guille Cantero”, que se encuentran enfrentadas hace años en Rosario.
“En un momento, me dice que él podía conseguir beneficios para Guille Cantero, por ejemplo, frenar requisas, que le habiliten 24 horas de teléfono fijo y la posibilidad de que tenga un teléfono celular. Todo esto, me lo decía para que yo se lo transmita a Cantero. Incluso, se mostró ofuscado porque al Guille le habían devuelto el teléfono fijo y, supuestamente, esa gestión fue de él y él no recibió nada a cambio. A mí me llamó la atención porque esa devolución fue legal, quiero decir que el teléfono se lo iban a devolver igual”, fue el relato de Ortigala al diario rosarino.
La mujer, además, señaló que Lucchini decía que “podía haber beneficios mayores como un traslado”, pero que para eso necesitaba “un par de golpes sociales para ingresar a la gestión”. “Concretamente, me pidió que Guille mandara a balear distintos lugares o que le entregue a él datos de donde estaban las cocinas de droga para hacer que las descubre él y beneficiarse”, explicó.
El pedido de Lucchini a la mujer tendría una motivación: ella reconoció públicamente ser amiga de Vanesa Barrios, esposa de “Guille” Cantero, por lo tanto, tiene cercanía al jefe narco condenado a casi 100 años de prisión.
En su presentación ante los fiscales, Ortigala afirmó que al ex funcionario judicial federal de Venado Tuerto se lo presentó Matías Herrera, un joven con condena federal de 8 años y 6 meses que no está firme como miembro de la banda narco de Facundo “Macaco” Muñoz, conocido por resultar absuelto como presunto autor del asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, líder de Los Monos.
La mujer enfatizó en su presentación ante Edery y Schiappa Pietra que filmó todas las reuniones que tuvo con Lucchini en octubre, algunas en su propia casa, según sostuvo.
La declaración de enero pasado, basada en hechos de octubre de 2021, tienen correlación. Lucchini, según Ortigala, le aseguró que iba a ser designado como “viceministro de Seguridad”. Y su nombramiento ocurrió, pero a principios de diciembre y como director de Análisis Criminal Estratégico de Santa Fe.
El paso de Lucchini por la cartera de Seguridad de la provincia fue fugaz. Su designación se dio en diciembre después de modificaciones en el Ministerio por masivas renuncias –entre ellas la del equipo de Marcelo Sain, ex ministro– por un procedimiento judicial hecho en Gobernación en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal. Culminó este 8 de marzo con su renuncia, después de que se hiciera pública la mención que ya está judicializada desde enero.
Por su parte, Mariana Ortigala ya protagonizó una de las primeras jornadas del juicio a Alvarado, cuando se reprodujo su declaración que fue grabada y filmada en diciembre del año pasado bajo la modalidad legal conocida como anticipo jurisdiccional de prueba, que consiste en realizar una audiencia con todas las partes en los casos donde se presume que un testigo corre peligro.
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