La historia se cuenta desde el comienzo.
En abril de 2019, una joven de 17 años fue violada por un grupo de varones en una fiesta en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela, una serie de ranchos precarios y casas bajas de material en las inmediaciones de la cancha de Defensa y Justicia. La menor había salido semanas antes de un hogar de madres solteras junto a su bebé, para vivir en una casilla de chapa junto a su tía cartonera y nueve primos. El padre de su bebé era su padrastro, un delincuente de poca monta en silla de ruedas tras recibir un tiro en la espalda que la había violado bajo amenazas, con un sometimiento sistemático que había comenzado en su infancia. Su padre biológico estaba muerto. Su madre biológica, que apoyó siempre al padrastro violador, la había abandonado. Su hermano menor era un ladrón piraña adicto al pacto. Así, con su vida a cuestas, la menor fue a la fiesta, invitada por una amiga.
Allí, la atacaron. Se turnaron para denigrarla, burlándose de ella. Se despertó a la mañana siguiente, en pánico, con sus breteles destrozados, con el piso mojado y un olor punzante a lavandina. Corrió por una calle de tierra y frenó a un patrullero. Luego, hizo la denuncia.
El daño que le hicieron fue la prueba misma. Su relato fue consistente con las heridas compatibles con abuso halladas en varias partes de su cuerpo. Se recogieron muestras para pericias de ADN: se hallaron restos de semen de al menos diez varones en su cuerpo y su ropa. El juez Diego Agüero rápidamente ordenó detenciones, con una instrucción llevada adelante por el secretario Martín Grizzuti, que tuvo un rol esencial en contener a la menor.
La víctima hizo visible su testimonio con un video viralizado en Facebook, filmado con un celular que una amiga le prestó mientras se escondía atemorizada en la casilla incendiada de una amiga, dentro de su barrio. La madre de uno de los acusados la amenazó explícitamente: “Te voy a partir el alma si no retirás la denuncia”, le dijo. Tuvo que dejar su barrio, volver a vivir en un hogar de madres y víctimas de violencia. En el medio del proceso, la pericia de ADN a cargo de la Procuración Bonaerense reveló una sorpresa: cinco de los acusados dieron positivo, otros cinco dieron negativo. Había cinco perfiles de violadores desconocidos. Siguen desconocidos hasta hoy. Los acusados presos posaban en Facebook en sus pabellones, pedían chatear con chicas mientras se mostraban sonriendo con ropa deportiva y cadenas brillantes al cuello.
Finalmente, la víctima tuvo justicia.
El 20 de diciembre de 2021, el Tribunal N°1 de Florencio Varela condenó a 15 años y seis meses de prisión a Laureano Martín Coria, Octavio Joel Coria, Alexander Germán Crick, Eric Hernán Krick, Nicolás David Barreto, Agustín Emiliano Varela, Leonardo Ezequiel Silva, Matías Guillermo Lamboglia, Nahemías Ezequiel Fernández y Alan Lazarte como coautores responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, según los fundamentos de la condena a los que accedió Infobae. Hay otro acusado en un proceso paralelo, ya que era menor al momento del ataque: tenía apenas 14 años.
En la lista se encuentran quienes dieron positivo en el ADN: Nicolás Barreto, Alexander Krick, Leonardo Silva, Alan Lazarte, Octavio Coria. También, los que no: Laureano Coria, Eric Krick, Matías Lamboglia, Nahemías Fernández, Agustín Varela. En la casa de los Krick, por ejemplo, fue donde ocurrió la violación.
Los familiares habían protestado a lo largo de la causa por diversos motivos. Tras la condena, algunos de ellos reagruparon sus fuerzas. Formaron un grupo de Facebook y comenzaron escraches en el Juzgado N°6 de Varela a cargo de Diego Agüero y en el Tribunal de Casación platense, con las caras de los magistrados de la investigación y la condena, así como el fiscal de juicio Dino Maistruk. Los animaba un solo argumento: los resultados de ADN negativos Decían, dicen, que sus hijos fueron condenados por una Justicia feminista, por la “persecución de ideología de género”. “Basta de jueces feminazis”, decía una de sus pancartas.
También consiguieron un aliado: el abogado y ex diputado Eduardo Cáceres, legislador nacional por San Juan de Juntos por el Cambio.
Cáceres es el impulsor de la llamada “Ley Alejo”, llamada así por Alejo Oroño, un joven de Hurlingham asesinado de una puñalada en el corazón por su ex pareja, un intento de visibilizar que los varones también sufre violencia por parte de mujeres. El hoy ex diputado también fue procesado en diciembre de 2020 en su provincia por violencia de género, acusado de golpear a una dirigente de su espacio político con quien mantenía una relación. La Cámara aprobó su desafuero para que se ponga a disposición de la Justicia. El procesamiento fue confirmado en diciembre de 2021 por la Sala II de la Cámara Penal sanjuanina.
Frente al Tribunal de Casación de La Plata, Cáceres defendió megáfono en mano con un discurso a los condenados por la violación, al menos, a quienes dieron negativo en el test. Allí dijo: “La igualdad se los va a a llevar puestos, porque la igualdad está creciendo en nuestro país y viene para quedarse para evitar que los jueces se salteen el principio de igualdad que está en la Constitución. Hay una prueba de ADN negativo en este caso, ¡y se lo ha condenado por violación! Miren señores jueces, señores fiscales, ¡no hay peor violación que condenar inocentes!”
Cáceres ratificó sus dichos consultado por Infobae luego de que el video de la protesta fuera viralizado por los familiares de los condenados, pero fue rápido en desmarcarse de aquellos acusados que testearon positivo. “No estaba por ellos”, aseguró, mientras afirmaba estar informado “por lo que me pasan los familiares”, que se acercaron a él de forma personal ya que ve “muchos casos a lo largo y ancho del país”.
“He visto cómo se ha fabricado una prueba, llevo casi 20 años de ejercicio de derecho penal”, afirmó. “Es un elemento la perspectiva de genero y ser fanático del feminismo”, siguió con el supuesto sesgo del tribunal. “Por ejemplo, la presidenta del tribunal se declara abogada feminista”.
La polémica no es nueva en el expediente. Ya fue planteada a nivel Tribunales, sin éxito. Al comienzo del caso, mayo de 2019, abogados defensores recusaron al juez Agüero precisamente por pronunciarse a favor de la perspectiva de género. Agüero, entre los escrachados por los familiares, puso su recusación a disposición: la Cámara local lo conservó en el expediente, luego de que el juez recibiera a los familiares tras hacer un piquete inicial en el edificio de su despacho. Allí, le echaban la culpa a la víctima porque había “escabiado y fumado porro”, decían que se “hacía la santa”.
Cáceres dice desconocer las históricas amenazas hechas a la víctima. Tal como los padres, el ex diputado insiste una y otra vez con el factor del ADN negativo, cuando gran cantidad de condenas por abuso sexual, la amplia mayoría en la Argentina, no tienen una identificación genética positiva en su cuadro probatorio. “Una pericia de ADN negativa en un caso como el presente no es óbice ni determinante para excluir la responsabilidad del imputado”, aseguró uno de los magistrados en su voto.
El voto continúa: “No resulta requisito para la autoría probar la penetración a la víctima o un contacto corporal, sino que es suficiente con las conductas que se detallaron: filmar, arengar, estar presente en la habitación omitiendo todo auxilio posible y coadyuvar con la superioridad numérica y de género”.
Cáceres habla de una condena supuestamente floja de pruebas, asegura haber leído las 123 páginas de los fundamentos del fallo. En el fallo dice que Nahemías Fernández, que permaneció prófugo varias semanas, fue mencionado por la víctima y ubicado dentro de la habitación. El Tribunal objetó la falta de credibilidad en sus dichos. Matías Lamboglia fue acusado de estar presente en el abuso y filmarlo. Su casa fue allanada y se encontró un celular sin memoria SD, donde estaría el posible video. El testigo a favor de Agustín Varela fue su pareja, con un interés “notorio” por deslindarlo. Hay, por otra parte, múltiples contradicciones en los testimonios.
En su discurso, el ex diputado vuelve a un punto: que hay cinco perfiles de ADN sin identificar, cinco violadores desconocidos, lo que considera “una mancha” para la Justicia de Florencio Varela. Sin embargo, asegura, “no le corresponde” a los condenados identificarlos. Lo cierto es que, para la Justicia, podrían ser los condenados mismos. La escena del hecho fue literalmente lavada para garantizar impunidad.
El fallo asevera: “Lo cierto es que hubo dificultades en la toma de rastros pertinentes en la etapa inicial, que la víctima tenía olor a lavandina, la escena había sido limpiada y algunos perfiles (como el mamario) no pudieron servir para cotejo aunque sí para afirmar que pertenecían a cinco individuos, los cuales podrían coincidir con los ya detectados de Lazarte, Barreto, Alexander Krick, Silva y Octavio Coria o corresponder a otros nuevos, dato que a esta altura no es posible saber”.
La pericia misma de ADN asegura: “Del hisopado mamario se obtuvo un perfil genético en el que se evidenció la mezcla de al menos cinco individuos. La complejidad de dicho perfil genético no permitió un análisis estadístico adecuado, por lo que se consideró no apto para cotejo”.
Y después está el daño que sufrió la víctima. Las evaluaciones psicológicas fueron presentadas en el juicio. Las transcripciones son clásicas de una víctima de abuso. Una perito de la Oficina de Asistencia a la Victima de las Fiscalías Descentralizadas de Florencio Varela declaró que la víctima “narra el episodio con angustia, se incomoda y manifiesta vergüenza frente al otro, al poner en palabras los detalles del evento traumático. Relata y enumera las manifestaciones que padecía a partir del mismo, como miedos, crisis de angustia, conductas autoagresivas y trastornos del sueño, dificultades para dormir, repeticiones de pesadillas del evento”.
Tras la condena, la joven, hoy mayor de edad, decidió a dar a su hija en adopción.
SEGUIR LEYENDO: