El presunto jefe de una banda narco Esteban Lindor Alvarado rompió el silencio este lunes durante la primera jornada del juicio que lo tiene como principal acusado por, al menos, un crimen, balaceras, atentados y lavado de activos. Confesó haber participado en intimidaciones a una empleada de la unidad fiscal que lo investigaba –le tiraron la cabeza de un perro muerto a su casa y otro día dispararon contra su domicilio–, pero aclaró: “La primera idea era dejarle una corona. Le pido disculpas a la señora”. Y también se quejó del pedido de prisión perpetua de los fiscales y de la solicitud de multa por 758 millones de pesos: “Es igual a la que le pusieron a Lázaro Báez, teniendo mil propiedades y mil vehículos”.
Ya casi no quedaban periodistas en el Centro de Justicia Penal donde se desarrolla el juicio oral y público contra Esteban Alvarado, cuando el supuesto líder de la asociación ilícita juzgada pidió la palabra, tras el alegato de apertura de Fiscalía, a cargo de Luis Schiappa Pietra y Matías Eedery; y de su defensor particular, Lucas Peirone. “Tomé la decisión de declarar después de escuchar a los fiscales por la cantidad de falsedades que dijeron”, empezó.
“Veo que no voy a tener un juicio justo. Me piden la pena máxima. Los abreviados se firmaron por conveniencia. A mí ex mujer le pedían ocho años y le dieron tres en libertad”, refirió respecto de las 22 personas que en el marco de la causa ya fueron condenadas en procedimientos abreviados.
Según sostuvo Alvarado, en agosto del año pasado había “charlado” la posibilidad de un juicio abreviado con Fiscalía. “Era por cuatro causas por 12 años. Yo había dicho que sí”, afirmó y añadió: “Después dijeron que espere a Baclini (jefe de fiscales de Santa Fe) y después lo mataron a Carlos Argüelles –imputado como parte de la asociación ilícita, que declaró como “arrepentido” y fue asesinado en septiembre pasado en su taller mecánico– y dijeron que fue Alvarado”.
“Hablan de Alvarado, de una asociación ilícita, de millones… 1.950 millones de pesos quieren recaudar. Lo mismo o igual que la multa que le pusieron a Lázaro Báez teniendo mil propiedades y mil vehículos. ¿De dónde saco tanta plata? No tengo ninguna causa más hasta 2018″, comentó. Es que, según su abogado, los 758 millones de pesos son la multa por el delito de asocición ilícita y falta la parte correspondiente al lavado de activos, aunque puede que al total el imputado haya sumado los bienes que ya decomisaron.
En otra parte de su declaración, que duró aproximadamente media hora y respondió preguntas de los fiscales, el presunto líder de la banda confesó haber participado en las intimidaciones de enero de 2019 contra Marina Marsilli, empleada del equipo de Fiscalía que investigaba los patrimonios en el expediente de Alvarado.
Marsilli recibió el 14 de enero de 2019 la cabeza de un perro en la puerta de su casa de barrio Martin. Y el 31 de enero de ese año balearon su casa. Incluso, uno de los tiros impactó a 60 centímetros de la cabeza de su abuela, que descansaba en su dormitorio, según aseveró el fiscal Luis Schiappa Pietra en el alegato de apertura.
“(Nicolas) Ocampo –condenado como miembro de la banda y asesinado en abril del año pasado– me dice, tirémosle la cabeza de un perro. Bueno, se la tiramos. Como no saltó en ningún lado, no tuvo repercusión, (Pablo) Báncora –policía condenado como integrante de la organización– dijo: ‘Hagamos algo con más ruido’. Como yo estaba en Córdoba y no me conectaba por la antena, Ocampo se toma el atrevimiento y le hace tirar los tiros a Marsilli sin tener yo conocimiento”, relató.
Y siguió: “Si los fiscales tienen los teléfonos se van a dar cuenta. No me gustó, yo tonto no soy, no me puedo tirar nunca contra el poder porque pierdo la vida. Cuando me enteré le dije que estaba loco, que iba a traer problemas. Pido disculpas a la señora. No quería que pase todo esto. La primera idea era dejarle una corona”.
De qué se lo acusa a Alvarado
Esteban Lindor Alvarado, según los fiscales Edery y Schiappa Pietra, dirigió su organización desde el 16 de junio de 2012 hasta el 18 de octubre de 2019, cuando cayó el presunto sicario de la organización: Mauricio Jesús Laferrara, quien ya acumula seis imputaciones por asesinatos.
La fecha del inicio de la asociación ilícita, según explicó el fiscal Edery, no es caprichosa. “En esa fecha, el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari investiga a un grupo de personas que robaba autos de alta gama en Buenos Aires y los desguazaba en Rosario. Es trascendente la intervención telefónica porque Ferrari detecta que la organización era mucho más amplia y había vínculos con fuerzas policiales. Mandó una parte de la investigación a la Justicia para seguir los vínculos entre Alvarado y fuerzas policiales, que fue archiva por la entonces jueza Alejandra Rodenas (hoy vicegobernadora)”, explicó.
A criterio del fiscal Edery, estando detenido, Alvarado “empezó a ampliar su negocio. En Urdampilleta empezó a organizar una serie de empresas para hacer circular sus bienes”. En esa unidad penitenciaria, aseveraron los fiscales que recibió las visitas de Andrés “Pillín” Bracamonte –jefe de la barra brava de Rosario Central–; y Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval –condenado por atentar a balazos contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, y asesinado en 2019–.
Además de Alvarado, en el virtual banquillo de los acusados se encuentran su presunto sicario Mauricio Jesús Laferrara; Matías Ávila; Germán Facundo Fernández; Facundo “Lapo” Almada; Horacio Grecci Hazzi; y Damiana Silvina Ghirardi.
En la causa llegaron a estar alcanzadas 30 personas, de las cuales solo llegaron a juicio las siete mencionadas. Veintidós fueron condenadas a través de procedimientos abreviados y solo un imputado no llegó a resolución: se trata del mecánico Carlos Argüelles, asesinado en septiembre del año pasado. Era quien, de acuerdo a su declaración como “arrepentido” arreglaba autos para la presunta asociación ilícita y a veces los “ponchaba” –término utilizado en hacer autos gemelos–.
Las tres patas de la banda
Los fiscales establecieron que la asociación ilícita ahora llevada a juicio está dividida en tres estamentos: el primero es el integrado por miembros de la banda dedicados a delitos violentos como homicidios, amenazas, balaceras y atentados; el segundo es el de aquellas personas que se dedicaron a darle apariencia legal al dinero de Alvarado a través de supuestas maniobras de lavado de activos; y el tercer eslabón es el que está compuesto por policías, algunos de ellos de jerarquía, para “brindar impunidad”.
Sobre el último estamento, el fiscal Schiappa Pietra aseguró: “Construyó zonas liberadas, que a veces es el término que se le pone a dejar que las cosas pasen. Acá, en Santa Fe, pasaron porque un sector de la Policía además de perseguir a la criminalidad se dedicó a construir un permiso ilegal para que Alvarado pueda funcionar como funcionó”.
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