La Justicia Federal que tiene que investigar el narcotráfico en Rosario está al borde del colapso y casi vacía

La Justicia federal que tiene que investigar los delitos de narcotráfico en Rosario está al borde del colapso absoluto. Hay un 35% de cargos vacantes en la jurisdicción (13 sobre 28), faltan designar 9 jueces y 4 fiscales, y otro 30% de los magistrados que siguen trabajando ya tienen la jubilación otorgada.

En síntesis, se dispone de menos de la mitad de una estructura que ni siquiera completa resultaría suficiente ante el inusitado aumento de la criminalidad. Con tantos lugares vacíos, todos los jueces federales de primera instancia de Rosario tienen dos juzgados a cargo y deben duplicarse para atender todas las causas.

Pero no sólo la carencia es de recursos humanos, también hay una larga lista de necesidades materiales. En el edificio donde funcionan los Tribunales Federales de Rosario no hay wifi, la conectividad a internet es deficiente, y el hardware y software del sistema operativo que se usa en las oficinas tiene más de diez años y es obsoleto.

Para la investigación no cuentan con drones, que podrían ayudar a la hora de decidir allanamientos, ni poseen el instrumental (los dispositivos UFED) necesario para extraer y decodificar la información almacenada en un celular inteligente. En promedio demanda entre seis y nueve meses averiguar el contenido de un teléfono incautado, tarea que se realiza fuera de la provincia.

Tampoco disponen de pulseras electrónicas, que resultarían más económicas que tener un preso encerrado, ni pueden custodiar a los 200 reclusos federales que hay en Santa Fe donde, además, no hay una cárcel para alojarlos, por lo que se deben disponer permanentes traslados.

La Justicia federal en la provincia de Santa Fe no tiene una oficina que aborde los temas del Patronato de Liberados, que se encarga de la supervisión de las personas en libertad condicional y con prisión domiciliaria. Hay más de 700 en esa condición.

“La Justicia federal no tiene prioridad. Mientras, el enemigo narco usa drones”, explica a Infobae el juez Carlos Vera Barros, a cargo de uno de los dos juzgados federales penales de Rosario, y con más de treinta años en el Tribunal.

La vacante más antigua en un juzgado de primera instancia de Rosario ya cumplió seis años desde que se produjo, y un reemplazo por jubilación en la Cámara Federal lleva más de 5 años de espera.

Hace 42 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario, 43 años que no se crea un juzgado federal en Santa Fe y pasaron más de 30 años desde que se instaló el último juzgado federal en Rosario.

“Todo es declamación”, opinan quienes siguieron con alguna expectativa las numerosas reuniones que involucraron al gobernador de la provincia, a los legisladores nacionales por Santa Fe, a los integrantes de las justicias provincial y federal, y a las autoridades nacionales.

Más crítico, el diputado provincial Carlos del Frade opina que “la Justicia federal está armada para generar impunidad”, y recuerda que recién el 28 de diciembre de 2014 se dictaminó que Los Monos eran una organización narcocriminal, cuando la mayoría de sus integrantes ya estaban detenidos por otros delitos.

Una estructura raquítica

Argentina está dividida en 17 distritos judiciales, y algunas de esas jurisdicciones no coinciden con los límites políticos de cada provincia y se agrupan por cercanía. Es el caso de San Nicolás que pertenece a la Rosario o el de Resistencia que abarca el norte de Santa Fe.

La jurisdicción Rosario de la Cámara Federal abarca todo el sur de la provincia de Santa Fe hasta el centro. Incluye los juzgados de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela, más la jurisdicción del juzgado federal de San Nicolás.

Actualmente sobre diez juzgados federales de primera instancia hay cuatro que están vacantes: uno de Rosario, uno de Santa Fe, uno de Rafaela y uno de San Nicolás.

También están vacantes dos cargos en la Cámara Federal de Rosario, tres cargos de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 de Rosario y un cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe.

En total existen 28 cargos de jueces entre camaristas y de primera instancia, y desde hace años se reclama por diez vacantes, porque sólo quedan 18 magistrados trabajando. También se encuentran vacantes las fiscalías 1 y 2 de Rosario, el cargo de Fiscal General y el de Fiscal ante uno de los Tribunales Orales de la ciudad de Rosario.

Para completar el cuadro han anunciado su retiro por jubilación -muy posiblemente este año- la doctora Silvia Aramberri, titular del Juzgado Federal N 2 de Rosario (que lleva al día dos juzgados), y los doctores Reinaldo Rodríguez, titular del Juzgado Federal N 1 de Santa Fe y Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal de San Nicolás.

El porqué de las demoras

A la hora de cubrir las vacantes, las responsabilidades por las dilaciones reconocen tres escalones: el primero es el Consejo de la Magistratura, que debe diligenciar los concursos y elegir una terna entre todos los candidatos que se presenten para elevarla luego al Poder Ejecutivo.

El segundo paso es del Ejecutivo, que tiene que mandar al Senado el pliego de un solo candidato que elige de esa terna. En esta instancia suele haber una negociación de consenso entre poderes para que el trámite no empiece siempre de cero, pero a veces no se cumple y es el origen de cambios y demoras.

El tercer paso está a cargo del Senado nacional, que es el que tiene que aprobar las designaciones.

Este es uno por uno el estado de situación de cada una de las vacantes que están pendientes en la jurisdicción Rosario:

-En el Senado se encuentran frenados dos pliegos para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. El del doctor Daniel Alonso fue enviado en julio de 2020, le realizaron la entrevista de rigor y está a la espera del acuerdo del pleno. Para el otro cargo, el Poder Ejecutivo envió en diciembre del 2021 el pliego de Silvia Andalaf Casiello. También espera acuerdo.

-Otros cinco cargos, contenidos en tres concursos, dependen del Ministerio de Justicia nacional, que está en mora con mandar los pliegos. Uno es para designar un juez en el juzgado federal 1 de Rosario. La terna está hace tiempo en el Poder Ejecutivo, e incluso ya intervinieron dos presidentes: Mauricio Macri había remitido un pliego al Senado que no tuvo tratamiento y luego Alberto Fernández lo retiró y no volvió a mandarlo.

-Los otros son tres cargos de jueces para el tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario, para el que finalizó el concurso y las ternas están en el Ministerio de Justicia desde febrero del 2021. El restante es un cargo para juez federal de San Nicolás donde hay una terna que espera definición.

-Por su parte, el Consejo de la Magistratura adeuda el trámite de los concursos para designar al juez federal de Rafaela (se tomaron los exámenes escritos) y un juez federal para el tribunal oral de la ciudad de Santa Fe. Esta última vacante se generó el año pasado, pero el concurso todavía no fue convocado.

-También hay varios cargos de fiscales por cubrir. El más importante es el de Fiscal de Cámara ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, pero en ese caso ni siquiera se llamó a concurso, a pesar de que hace tres años que está vacante.

-Además hay en trámite otro concurso para fiscal de primera instancia de Rosario, con los exámenes ya dados y terna todavía no definitiva.

Conjueces, un paliativo

Como medida paliativa para cubrir los interinatos de los cargos vacantes, el presidente de la Cámara de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, pidió con urgencia que el Ministerio de Justicia envíe al Senado la lista de conjueces que confeccionó el Consejo de la Magistratura.

Ese listado está compuesto por todos los concursantes que rindieron y aprobaron los concursos en los últimos cinco años, la mayoría de los cuales integraron alguna terna. Fue elaborado por unanimidad por los 13 consejeros de la Magistratura (del oficialismo y la oposición) y elevada al Ministerio de Justicia hace dos años.

El flamante presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano, confirmó que este año hay ocho jueces con la jubilación en suspenso y todos cubren dos juzgados. También se sumó al reclamo de urgente resolución de estas demoras en cubrir las vacantes, y adhiere a la idea de designar conjueces para paliar mientras tanto la grave situación.

Cinco mil sentencias por año

En la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario cada juez firma por día en promedio entre 15 y 20 sentencias, unas cinco mil sentencias por año. Y no sólo se trata de delitos derivados de la ley de estupefacientes, ya que tienen competencia múltiple: se encargan -además de la temática penal- de los asuntos de civil y comercial, previsional, administrativo, impositivo, aduanero, migraciones.

Un espacio importante de atención lo ocupa la judicialización de las distintas resoluciones de los organismos y ministerios estatales nacionales, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, las universidades y el Senasa.

En materia previsional, cada juez de la Cámara Federal resuelve por día diez sentencias en promedio, y en temas de salud hubo en pandemia un gran incremento de amparos contra las obras sociales. Se calcula que se presentan entre tres y cinco nuevos amparos por día por cada juez.

Con el agravante que se trata de cuestiones que requieren urgente resolución, ya que se refieren a prestaciones que no se están dando a los afiliados sobre prótesis para intervenciones quirúrgicas o tratamientos de fertilidad.

El cambio que se viene

Con menos foco en cubrir las vacantes, otras opiniones prefieren reclamar que se cumpla con implementar el cambio de sistema procesal para pasar del actual inquisitivo al acusatorio. Este nuevo sistema es similar al que ya funciona en la justicia ordinaria de Santa Fe: elimina juzgados, crea colegios de jueces de primera y segunda instancia y requiere más fiscales, porque son los que investigan y acusan.

El sistema acusatorio que establece el nuevo Código Procesal Penal Federal es ley desde hace siete años, pero solo rige en el ámbito de la Cámara Federal de Salta. Una comisión bicameral de legisladores nacionales iba a definir los plazos de implementación en el resto del país. El próximo turno es para Mendoza y Santa Fe, pero todavía no hay fecha.

Para el abogado penalista Víctor Corvalán la posición de generar mas juzgados y más fiscalías es aumentar una estructura obsoleta que responde al Código de 1991, heredero del Código de Córdoba de 1938, que hace años fue derogado. Hoy la mayoría de las provincias tienen un sistema acusatorio y muchas ya cuentan con jurados, otra deuda de la justicia federal en Santa Fe.

El abogado penalista y ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Daniel Cuenca, también pone énfasis más que en aumentar la cantidad de juzgados en un cambio de sistema, porque el actual “no da más”, aunque advirtió que se debe atender a la preparación previa de los ejecutores.

Entre tanto cambio pendiente, también en algunos despachos se trabaja en una iniciativa más lejana e inverosímil: la creación de un FBI argentino que unifique las incumbencias para enfrentar al creciente narcotráfico.

En 2023 se cumplirán 160 años de la Justicia federal en Rosario, con una realidad demasiado lejos de aquel primer expediente cuya carátula original todavía puede verse en el despacho de un juez. Era un colono de la zona que demandaba al Estado nacional una indemnización por daño porque las tropas de Urquiza arruinaron su sembradío, dos años después de la batalla de Pavón.

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