Después de 12 años de la tragedia, el lunes comenzará el juicio en el que se juzgará a 18 personas por las distintas responsabilidades relacionadas con el derrumbe del boliche Beara, en septiembre de 2010. El hecho derivó en la muerte de Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y de Paula Leticia Provedo (20) y dejó heridas a más de 50 personas.
Gracias a la prolija instrucción del fiscal Andrés Madrea, entre los implicados están los responsables del boliche y del local vecino, ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas. En el debate intervendrá el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.
En la madrugada del 10 de septiembre de 2010, en el interior de Beara -ubicado en la Avenida Scalabrini Ortiz al1600- los ex integrantes del grupo “Ráfaga” estaban dando un recital. Cerca de las 3.50, el entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes y las lesiones de los jóvenes que se encontraban esa noche.
El debate de este juicio se llevará adelante todos los lunes y miércoles ante el tribunal que estará integrado por Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval.
En el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Madrea se marcó que “tanto los titulares de la sociedad, sus profesionales empleados y el coorganizador de la noche –así como los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que les compete- han sido quienes tenían el dominio del hecho, toda vez que eran quienes se encontraban en posición de garantes específicos desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación, desde la explotación como tal al control previo para su uso y su subsistencia como tal, ello, al crear una serie de riesgos relevantes derivados tanto de la edificación defectuosa, hasta de la ejecución de un plan llevado a cabo por actos –activos y omisivos- que llevaron a la provocación del resultado con evidente omisión y desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes”.
Los imputados
Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess eran socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba comercialmente el boliche Beara y también el local adyacente “Caramel”. Los tres llegaron a juicio acusados por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo en concurso real”. Esa última imputación incluye el presunto pago de coimas de su parte para lograr la habilitación de Beara.
En esa línea, Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de “El Viejo Sabio” y que se ocuparon del trámite de habilitación y de los presuntos pagos, están acusados por los mismos delitos que los socios. Dentro de la lista de acusados está el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quién dio el aval para la habilitación y que está imputado por los homicidios y las lesiones así como también por el delito de “falsedad ideológica de documento público”. Por su parte, el co-organizador del recital de aquella noche Maximiliano Fratino está entre los responsables por las muertes y heridos.
Por otra parte, el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, llega al debate acusado de los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real. En su caso, era el funcionario que intervino directamente en la habilitación de Beara y Caramel.
Con respecto al ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas, se lo llevó a juicio por los mismos delitos que a Farrell aunque únicamente alcanzan al local Beara. Misma situación enfrentan el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky, y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich. La ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, llegó a juicio acusada por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no haber fiscalizado la situación.
Agustín De Grazia era encargado de Beara y se turnaba, de acuerdo a la acusación, para pagarle a los policías las coimas, por lo que se lo consideró partícipe de cohecho activo.
El comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados responsables por los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo. De acuerdo a la acusación, los cuatro recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños de los locales Beara y Caramel.
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