Joaquín “El Paisa” Aquino, detenido por la Policía Bonaerense en José C. Paz, acusado de ser parte de una banda de narcotraficantes sospechada de vender la cocaína envenenada que mató a 24 personas e intoxicó a más de 80, se había negado a declarar en su indagatoria ante la Justicia federal de Tres de Febrero. Lo mismo había pasado con la pareja del narco, Aldana Benítez, y con su cuñada, Mónica Altamirano. Pero, ahora los tres cambiaron de opinión.
“El Paisa”, su mujer y su cuñada pidieron declarar en la causa de la droga que le secuestraron cuando los arrestaron la semana pasada, confiaron fuentes de la investigación a Infobae. Las indagatorias serán este jueves por videoconferencia ante el juez federal Juan Manuel Culotta y el fiscal Miguel Blanco.
Aquino, de nacionalidad paraguaya, fue expulsado del país pero esa decisición se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre él. Lo cierto es que está imputado de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, ya que se le encontró una pistola Glock con la numeración limada en su domicilio junto con material para cinco mil dosis de cocaína.
Hay que recordar que Aquino ya tenía un pedido de captura sobre su cabeza tras ser pronunciado rebelde en otra causa en su contra en la Justicia de San Martín por transportar casi 1500 dosis de droga. Lo cierto es que, desde el jueves pasado, sigue detenido en el destacamento de Puente 12 de la Policía Bonaerense.
Benítez, la pareja de Aquino está embarazada de ocho meses. El viernes pasado, luego de que se negara a declarar, la defensa de la mujer adelantó que pedirá su detención domiciliario.
En tanto Altamirano sí declaró la primera vez, como los otro cuatro acusados. “Solo dijeron que no tenían nada que ver con el hecho, que la droga la puso la Policía o que pasaban por ahí, y los detuvieron. Fueron descargos personales, no se refirieron al hecho, ni hablaron de droga adulterada ni de otras personas”, explicó una fuente judicial. Al igual que el resto, la cuñada de “El Paisa” esa vez no aceptó contestar preguntas: ahora estaría dispuesta a hablar un poco más.
La Policía Bonaerense y la justicia federal de Tres de Febrero realizaron el jueves pasado a la madrugada ocho allanamientos en José C. Paz, Ezeiza y San Martín en los que fueron detenidas los sospechosos y se secuestraron 16.115 dosis de cocaína, 117 gramos de marihuana, 15 celulares, una pistola Glock calibre .40 con numeración suprimida -en poder de Aquino-; otra calibre 9 milímetros marca Bersa, municiones y $223.400 Pesos. También un VW Fox y un Chevrolet Spin.
Parte de los envoltorios encontrados en esos procedimientos son rosados, muy similares a los que tenían la cocaína adulterada por cuyo consumo ya fallecieron 24 personas y más de 80 fueron intoxicados. Esa droga, según el testimonio de los consumidores, fue adquirida en “Puerta 8″, en Tres de Febrero.
La justicia llegó a “El Paisa” y su banda por una denuncia que el 9 de noviembre del año pasado presentó la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, donde daba cuenta de cómo operaba Aquino y otros personas. Se trata de la banda que lideran Max “Alicho” Alegre y Blas “Gordo” Gómez, ambos presos por la justicia federal de Tres de Febrero.
Por las muertes por la cocaína envenenada los investigadores retomaron ese expediente y allanaron los domicilios. La sospecha es que podría tratarse de la misma organización que vendió la droga en “Puerta 8″ y que provocó las muertes. Ahora se analizarán las drogas secuestradas en los dos lugares para determinaron cuál es el contenido tóxico que mató a las personas y si se trata de las mismas.
Piden cambio de fuero
Por las muertes hay otra causa que tramita la justicia provincial de San Martín en la que hay seis detenidos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y homicidio e intento de homicidio. Se trata de Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Iván Daniel Ávalos (21), Mauricio Adrián Balcarce (29), Gabriel Héctor Faudez (47) y Priscila Micaela Faundez (19).
Sin embargo, el fiscal de la UFI N°16 Germán Martínez planteó la incompetencia para girar el expediente a la justicia federal con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización, informaron fuentes judiciales.
El planteo de declinatoria de competencia fue presentado ayer por el fiscal Martínez ante el juez de Garantías N°3 de ese Departamento Judicial, Mariano Grammatico Mazzari, el mismo que le sugirió que les imputara a los detenidos el homicidio agravado por usar veneno como método insidioso, y que prevé perpetua.
El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este expediente para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.
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