“La próxima la hacemos bosta”: las pruebas contra inspectores de la CNRT que pedían coimas a combis para circular

“Decile a Liliana que lleve la cinco lucas (…), sino la próxima la hacemos bosta”. La advertencia quedó guardada en el celular. Pero también un segundo mensaje dando marcha atrás con el pedido. ´Che, decile a Liliana que no quiero la plata, eh, porque fue a hacer quilombo a Retiro…pero que de acá en más que se cuide porque la voy a hacer pedazos”. Los diálogos forman parte de una causa en donde se analiza si funcionarios de la Comisión Nacional de Transporte, junto a particulares, dejaban circular combis en la Ciudad de Buenos Aires a cambio de coimas. Así se desprende de una investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, en un expediente que ya suma seis procesados, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

La acusación es “exacciones ilegales”, un delito que castiga con hasta cuatro años de prisión al “funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.

Cinco de los implicados en esta causa ya se encuentran en las puertas del juicio oral. El sexto, un ex funcionario de la CNT, fue procesado esta semana, luego de ser indagado por zoom desde Miami a donde se fue a vivir. Precisamente por eso se demoró su localización e indagatoria.

La causa se abrió hace cinco años. El 2 de diciembre del 2016, Sebastián Ariel Maresco y Gonzalo Sebastián Galera estaban haciendo controles en un operativo de control de unidades de turismo de la CNRT, instalado en las inmediaciones del centro comercial “Alto Palermo Shopping”, que era coordinado y supervisado por el agente Sebastián Alberto Sandoval. En ese contexto fue detenida una combi, conducida por Liliana Lujan Ferrari.

Los funcionarios le avisaron que el tacógrafo instalado en el transporte se encontraba en infracción porque estaba adulterada la fecha. Entonces se le retuvo la documentación del rodado y se le ordenó que se dirigiera al “Abasto Shopping” para que finalizara allí el traslado de los pasajeros, luego de lo cual se iba a proceder al secuestro del vehículo.

Pero cuando la mujer estaba en viaje, Gustavo José Racca, el titular de la licencia de la combi, recibió un llamado de Edgar “Monito” Rojas Orellana. Le dijo que si no querían que le secuestraran el auto, llevara cinco mil pesos a un banco de Avenida de Mayo y Perú. El mensaje le llegó a la conductora de la combi que llamó a la hija para pedirle que le alcanzara la plata. Pero la hija decidió hacer la denuncia en la CNRT, que abrió un sumario y radicó la denuncia penal.

Cuando los inspectores del puesto del “Alto Palermo Shopping” llegaron a la zona del Abasto y le devolvieron a la mujer la documentación de la combi, la historia de repente cambió: le dijeron que se fuera e hiciera de cuenta que nunca había estado ahí. También cancelaron el pedido del dinero porque la CNRT estaba al tanto de lo que había pasado.

Para el juez, todos los involucrados formaron parte de un grupo de personas que cometió actos de corrupción. “El hecho se enmarca en un escenario de corrupción estatal. En este sentido, los delitos cometidos por funcionarios públicos son infracciones de deber no sólo hacia la administración pública sino, sobre todo, hacia los ciudadanos. La violación de estos deberes es una de las mayores frustraciones que pueden ocurrir en un Estado de Derecho”, sostuvo Casanello en la resolución a la que accedió Infobae.

Según los procesamientos, el modus opendi consistía en que agentes de transito detenían y detectaban supuestas faltas injustificadas para secuestrar vehículos y luego los licenciatarios afectados recibían llamados telefónicos pidiéndoles dinero a cambio de solucionar el problema. Las pruebas para darlo por acreditado son los testimonios de los afectados, diversos informes aportados por la CNRT, el expediente administrativo labrado al respecto, las capturas de pantalla y audios de “Whatsapp” aportados por la transportista y el resultado obtenido a partir de un entrecruzamiento de llamadas telefónicas”, afirmó en el procesamiento.

Precisamente, son esos audios los que fueron tomados como prueba. El responsable de la licenciataria contó cómo fue el llamado de “Monito”. “Primero me llama (…) se identifica y me dice: ´Me llamaron los inspectores de la CNRT que hay una chata, a nombre tuyo, que la quieren secuestrar, así que ¿cómo es el tema? ¿sos vos o son los de Chacabuco?´. No, le digo, yo estoy en Córdoba, debe ser Liliana [Ferrari]. ´Ah bueno porque te la van a secuestrar por el tacógrafo´. ¿Y qué hay que hacer? ´Decile [a Liliana] que lleve las 5 lucas…al Banco Galicia, si no, la próxima la hacemos bosta´. Después al rato me llama de vuelta y me dice: ´che decile a Liliana que no quiero la plata eh, porque fue hacer quilombo a Retiro…pero que de acá en más se cuide porque la voy a hacer pedazos”.

En esta causa ya fueron procesados los imputados Sebastián Alberto Sandoval, Edgar Jorge “Monito” Rojas Orellana, Remo Fanizza, Gustavo Ariel Domínguez y Gonzalo Sebastián Galera. Se los acusó de exacciones ilegales y se los mandó a juicio. Se trata de dos hechos: el primero de los hechos denunciado ocurrió en la esquina de las avenidas Cabildo y General Paz, cuando los inspectores de la CNRT detuvieron una combi y señalaron que no se podían “constatar las horas de descanso por encontrarse mal confeccionada la libreta de trabajo”. Dijeron que tenían que hacerle un acta y sacar el vehículo de servicio. Sin embargo, a los pocos minutos, el jefe de operaciones de la empresa para la que trabajaba el chofer recibió una llamada telefónica en donde le decían que si quería evitar el secuestro tenía que llevar 3 mil pesos a una esquina del centro porteño. El segundo episodio ocurrió en Alto Palermo. Por ese hecho ahora se le agregó el procesamiento de otro funcionario de la CNRT que había viajado a Chile y luego a Estados Unidos y por eso recién pudo ser indagado en diciembre pasado vía zoom.

En esa indagatoria, Marasco aseguró que no existía prueba concreta de que los hechos hayan sucedido de la forma imputada; que no tuvo participación en el pedido de dinero de Rojas Orellana; que la supuesta irregularidad del tacógrafo era incorrecta o cuanto menos de imposible demostración; y que no había ninguna prueba que lo relacionara con Edgar Rojas Orellana ese día, a esa hora”. También dijo que “en su carácter de inspector no era el único que podía conocer los datos de los transportistas ya que el procedimiento tenía lugar en un ámbito muy concurrido, donde cualquiera podía advertirlo y tomar los datos de la camioneta”.

Sin embargo, el juez rechazó esa interpretación y lo procesó al entender que Marasco “utilizó como elemento de coacción su carácter de funcionario agente de tránsito, para exigir dinero a transportistas -mediante un tercero ajeno a la función pública”. Según el fallo, el agente “se aprovechó de la autoridad conferida por su cargo público e hizo un uso abusivo de sus facultades para obtener dinero de forma ilegal. Su rol le permitió detener el transporte de Ferrari, pedir documentación y, principalmente, exigir dádivas a través de Rojas Orellana”. Ahora la Cámara Federal deberá revisar esa decisión.

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