Detuvieron a un ex teniente de la Bonaerense acusado de cometer secuestros junto a otros policías

En noviembre del 2020, oficiales de la Policía Federal detuvieron a cinco ex agentes de la Policía Bonaerense y a un civil, acusados de haber planeado y ejecutado diversos secuestros extorsivos. A sus víctimas -ocho en total, y a quienes habían convocado por dos robos- no sólo los engañaron, agredieron y extorsionaron, sino que además los mantuvieron cautivos dentro de un destacamento de Ciudad Evita a cambio del pago de un rescate

Un solo integrante de la banda había logrado escapar al operativo de la Federal que logró la captura de los sospechosos.

Era el ex teniente de la Bonaerense Daniel Alfredo Inverardi, quien se mantuvo prófugo durante más de un año y que, finalmente, fue detenido esta semana por agentes de la División Operativa Central de la PFA en su casa de la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza.

La captura de Inverardi es el punto final de una investigación extensa -próxima a ser elevada a juicio oral- que comenzó en 2020 tras dos secuestros extorsivos ejecutados con menos de un mes de diferencia entre sí, y con características muy similares.

El primer secuestro ocurrió el 28 de septiembre del 2020 por la noche. Ese lunes, cerca de las 21.30, un grupo de cuatro jóvenes de Ciudad Oculta, del barrio porteño de Villa Lugano, habían llegado a bordo de una Ford EcoSport negra a la puerta del Hospital Ballestrini de La Matanza. Los había convocado un hombre al que sólo conocían como “Pelado”, que días antes les había ofrecido un “trabajo” para el grupo: un robo.

Mientras esperaban en el lugar, fueron chocados por una Ford Ranger con los colores e insignias de la Policía de la provincia de Buenos Aires y otro auto blanco del cual bajaron varios policías uniformados que, a punta de pistola, los redujeron y los ataron con precintos.

Luego los trasladaron a una comisaría cercana donde los entrevistó un hombre al que todos llamaban “jefe”, vestido también de policía, que los amenazó con “armarles una causa” y dejarlos detenidos si no reunían 300 mil pesos en efectivo en cuestión de una hora.

Mientras los jóvenes contactaban con sus teléfonos a familiares y amigos, según su denuncia, fueron maltratados y golpeados en la dependencia hasta que pudieron confirmar que habían reunido entre todos la suma del rescate. La entrega se llevó a cabo en el mismo hospital donde comenzó la secuencia, tras lo cual les permitieron retirarse por sus propios medios de la comisaría.

Los jóvenes hicieron la denuncia en la Comisaría 8A de la Policía de la Ciudad y la causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 a cargo de la fiscal Paloma Ochoa, quien finalmente declinó su competencia. Así, la investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Morón, que dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos.

El segundo caso ocurrió menos de un mes después, en la madrugada del 14 de octubre de 2020, con una mecánica similar. Esa noche, cuatro jóvenes oriundos del barrio porteño de Barracas esperaban a bordo de un Volkswagen Gol azul en un punto de la localidad de Ciudad Evita, para realizar un “trabajo” al que habían sido convocados.

Uno de los jóvenes del grupo había entablado contacto a través de Instagram con una supuesta mujer que fue quien lo convenció de que tenía una oportunidad para ofrecerle que le iba a garantizar “mucho dinero y oro” para él y sus amigos: les propuso asaltar a una pareja de ancianos. La mujer le facilitó un número al que debía llamar para recibir directivas y, cuando lo hicieron, la única indicación que recibieron fue el lugar donde esperar.

En ese punto les ocurrió lo mismo que a las víctimas anteriores. Una camioneta Ford Ranger de la Bonaerense los interceptó, junto a otros dos autos. Varios hombres de civil armados los amenazaron y, tras una breve persecución, los detuvieron. Mismo modus operandi: los llevaron a una comisaría, los encerraron en una oficina, los golpearon y los amenazaron con el armado de una causa si no reunían una determinada suma de dinero en dólares.

El hermano de uno de los jóvenes fue hasta el lugar indicado con el dinero, en el barrio de Constitución, pero no efectuó el pago porque los secuestradores no iban con las víctimas, como habían acordado. Los policías-secuestradores los liberaron igual, pero primero les robaron sus pertenencias, los obligaron a firmar una serie de documentos que no les permitieron leer y les secuestraron su auto, que de todas formas no podía circular por estar involucrado en una causa a cargo de la UFI Nº3 de Laferrere.

La causa quedó originalmente en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 pero luego pasó a manos del Juzgado de Morón, la División Operativa Central de la PFA y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, en conjunto con la propia Policía Bonaerense.

Como resultado, los investigadores determinaron que el patrullero involucrado en los hechos pertenecía al grupo de apoyo Departamental La Matanza y era utilizado por el Destacamento José Ingenieros.

Así, identificaron y ordenaron la detención del civil y los policías sospechados de organizar los secuestros, todos de esa misma dependencia.

El primero era Ramón Eduardo Medina, civil, de 45 años, identificado como “Tati” o “Pelado”, con antecedentes penales por asociación ilícita y acusado de integrar “La banda de los Comisarios”, desarticulada en agosto del 2014, con una dinámica parecida a la de esta banda.

Después, los policías: el subteniente Matias Ezequiel Castillo, de 35 años; el oficial subayudante Alan Juan José Vallejos, de 25; el subcomisario Héctor Ricardo García de 37, que había sido puesto a disponibilidad de la fuerza tras un informe del programa PPT que mostraba a una persona con discapacidad que simulaba ser efectivo del destacamento y era utilizado para realizar labores policiales y de custodia; y el teniente Inverardi, de 36 años.

El “Pelado” fue capturado en noviembre del año pasado en la ciudad de Colón, Entre Ríos, donde se refugiaba. Al mismo tiempo, en el conurbano bonaerense, Castillo, Vallejos, García y otras dos policías acusadas por las víctimas de participar en apremios ilegales en cada uno de los secuestros -la oficial de guardia Samanta Linares y la sargento María Teresa Schinocca- fueron detenidos en la comisaría y en sus domicilios en conjunto con la Dirección General de Asuntos Internos de la fuerza provincial. Se les secuestraron sus armas, vehículos, credenciales, municiones, vestimenta policial y dinero en efectivo. También se incautó el libro de actas.

Todos quedaron alojados en distintos establecimientos del Sistema Penitenciario Federal. Inverardi, sin embargo, se dio a la fuga.

El Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, a cargo del fiscal Santiago Marquevich, ordenaron una serie de tareas de campo y de análisis de escuchas telefónicas para dar con el ex teniente. Meses después, esos llamados revelaron que Inverardi había vuelto a su casa de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza.

En esa casa, sobre la calle Polledo, la Policía Federal encontró y detuvo a Inverardi el domingo pasado.

En la vivienda secuestraron un revólver calibre .32 largo, siete municiones del mismo calibre, una bala calibre 9 milímetros, cuatro chalecos refractarios, cinco gorras de la Policía Bonaerense, tres pantalones del uniforme, un chaleco antibalas y tres celulares.

En noviembre pasado, antes de la detención del teniente, la fiscal federal Nº2 de Morón, Mariela Labozzetta, y el fiscal Marquevich pidieron la elevación a juicio de la causa.

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