El fiscal federal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la investigación por la muerte de Lucas González -el jugador de Barracas Central de 17 años baleado por policías el 17 de noviembre pasado- solicitó incorporar en la causa a la primera civil entre los investigados, por su presunta participación en el encubrimiento del hecho.
Se trata de una abogada de la División Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que estuvo esa noche en el lugar donde tres efectivos atacaron a balazos a Lucas y a sus tres amigos en el barrio porteño de Barracas.
Para Gómez Barbella, a pesar de que la funcionaria se encontraba de guardia cómo “asistencia letrada inmediata”, “no estaba asignada al procedimiento” y su presencia en la escena del crimen coincide con el momento en el que, en su criterio, la escena fue adulterada.
“No se entiende la causa por la que una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad con una experiencia de casi 4 años y medio (...) y avezada en leyes del derecho, y específicamente en materia del derecho penal, se presente en el lugar y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a cabo allí”, consideró el fiscal al pedir la detención e indagatoria de la letrada, según reprodujo la agencia Télam.
Sin embargo, el juez de la causa, Martín Del Viso, no hizo lugar por el momento a la petición de Gómez Barbella.
En un escrito al que accedió Infobae, Del Viso consideró que ordenar la declaración indagatoria de la letrada -y otros cinco policías a quienes el fiscal también pidió indagar-, “luce prematuro e impide, además, efectuar una correcta imposición de los hechos en todo su eventual alcance típico”.
De acuerdo a la fiscalía, la abogada fue situada entre las 10.30 y 11 en el cruce de las calles Perdriel y Alvarado por diversos testigos que la identificaron como una mujer “rubia”, “vestida de civil y con pollera” junto a “un hombre de camisa blanca” y que “observaba permanentemente” el interior del auto Volkswagen Suran de los adolescentes que había sido baleado. De acuerdo a esos testimonios, la funcionaria “iba y venía todo el tiempo” y “daba vueltas alrededor” del vehículo.
Gómez Barbella destacó además que mientras ella estaba en el lugar, dos de los amigos de Lucas “permanecían esposados en el suelo” y “les fue ‘plantada’ el arma de cotillón” en el auto. Así, consideró que la actividad de la abogada en ese lugar la noche del 17 de noviembre “conllevó a modificar, ocultar y falsificar elementos de prueba con el consecuente aseguro de la continuidad de la ejecución de los delitos realizados a partir del arribo del automotor de los adolescentes”.
Para el Ministerio Público, “el fraguado de actuaciones policiales”, “el sufrimiento infundido” a los amigos de Lucas, “la utilización de testigos policías falsos” y “las maniobras encubridoras desplegadas”, “forman parte de la matriz y ‘modus operandi’ evidenciado en la pesquisa de la que la abogada evidentemente no fue ajena”.
En su resolución, el juez Del Viso consideró que tanto en el caso de la abogada, como de otros cinco policías apuntados por el fiscal, “más allá de sus posibles permanencias físicas en el sitio donde se detuvo a las víctimas, no se aprecia por ahora ningún elemento que haga suponer (...) la eventual participación de alguno de ellos en los hechos investigados”.
Es por eso que, para que la investigación haga también foco en la funcionaria, Gómez Barbella debería reunir nuevas pruebas para sustentar su acusación y, llegado el caso, pedir una vez más su arresto.
En ese mismo documento, en tanto, Del Viso sí hizo lugar a otros cinco arrestos de policías pedidos por el fiscal, quienes esta semana comenzaron a ser indagados también por el encubrimiento del hecho.
Se trata del comisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; todos afectados a la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y capturados este fin de semana.
Por el homicidio calificado de Lucas y la tentativa de homicidio calificada de sus amigos están procesados y bajo arresto preventivo los policías Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
A ellos se suman otros seis efectivos ya procesados con prisión preventiva: los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, imputados por los delitos de falsedad ideológica, encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones.
La muerte de Lucas ocurrió pasadas las 9.30 del 17 de noviembre, cuando el adolescente y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Surán del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco, ubicado en el cruce de Iriarte y Luna, para comprar un jugo.
Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser un móvil policial, del que bajaron tres oficiales armados y sin identificar.
De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño, murió horas después en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela.
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