Descabezaron la fiscalía de Homicidios de Rosario, donde ya hubo 235 crímenes en 2021

La Legislatura de Santa Fe descabezó este jueves la jefatura de la unidad fiscal de Homicidios Dolosos de Rosario, ciudad que en lo que va del año ya acumula 235 crímenes. La decisión de suspender por dos meses al fiscal Adrián Spelta radicó en la prisión domiciliaria que recibió el pesado narco de la zona Norte Emanuel Sandoval, quien fue asesinado en una casona de un juez donde cumplía el arresto el 25 de octubre de 2019. La víctima había sido condenada por disparar 16 balazos contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013.

La decisión fue tomada en una sesión conjunta entre diputados y senadores que comenzó pasadas las 13.25 de este jueves en la ciudad de Santa Fe. En cuestión de minutos, de los 60 legisladores presentes, 58 votaron por la suspensión de Spelta por 60 días, mientras que dos se abstuvieron.

La medida implica que Spelta, cuando sea notificado, deje de cumplir sus funciones y también de recibir su salario. Como la sanción se tomó a dos semanas del inicio del receso judicial de verano, se presume que, de entrar en vigencia la resolución este viernes, a mediados de febrero ya estaría reincorporado.

Fue tal el cimbronazo institucional que causó la sanción que este jueves, en un crimen que fue descubierto por la tarde en la zona sudoeste de Rosario, intervino el propio Spelta. El motivo: no había sido notificado y está en turno, en una Ciudad donde ya se acumulan 235 asesinatos, una cifra récord en la última década.

Por qué se descabezó la unidad de Homicidios

El crimen del narcotraficante Emanuel Sandoval, de 29 años, ocurrió el 25 de octubre de 2019 en una casona ubicada en Pago Largo 654, en barrio La Florida, una zona en la que viven sectores medios y altos de la sociedad rosarina. “Ema Pimpi”, como le decían a Sandoval, fue acribillado de varios balazos en el domicilio que le había alquilado un conocido suyo –a través de la inmobiliaria STI Propiedades– al juez Oscar Raúl Puccinelli, integrante de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Justicia local.

Cuando se conoció que habían matado al narco que estaba con arresto domiciliario, se inició una investigación para conocer cómo había llegado a esa modalidad de detención ese peso pesado del hampa rosarino.

Antes de ser acribillado, Sandoval había sido recientemente imputado junto con su hermano Lucas Sandoval por haber baleado a tres jóvenes con los que habían discutido tras venderles droga en un búnker situado en Gallardo y Cavia, en la zona Norte.

Tras ser acusados los hermanos Sandoval por el fiscal Spelta, ambos recibieron prisión preventiva efectiva por 30 días. Según fuentes de la investigación, los relatos de los tres muchachos baleados por los narcos eran contradictorios: asignaban roles completamente distintos según cada uno de los relatos.

Cuando venció ese plazo de 30 días, el fiscal acordó con el abogado particular de los Sandoval que continúen bajo arresto domiciliario, ya que de continuar así la investigación con los relatos inconsistentes iban a recibir la libertad. Quien convalidó los arrestos domiciliarios y con tobillera electrónica fue un juez de primera instancia: Hernán Postma.

Hubo una nueva audiencia sobre la causa de la triple tentativa de homicidio, en la que el abogado particular de “Ema Pimpi” pidió autorización para cambiar el domicilio para cumplir el arresto. Planteaba salir de un departamento de un Fonavi en la zona Noroeste de Rosario para pasar a una casona de barrio La Florida. En ese momento, el fiscal se opuso porque en el anterior lugar tenía una cámara de vigilancia del 911 en la puerta. No obstante, fue el juez Gustavo Pérez de Urrechu quien hizo lugar a la modificación.

En la acusación que este jueves hizo el senador Lisandro Enrico a Spelta le achacó no haber tenido en cuenta “el humor social” a la hora de acordar el arresto domiciliario de Sandoval, y agregó que desoyó una instrucción de su superior, el fiscal general, de que no se debían otorgar domiciliarias en estas situaciones.

Una cuestión técnica: la resolución del jefe de fiscales santafesinos comenzó a regir después de que los narcotraficantes habían recibido el beneficio de la Justicia para continuar detenidos en sus casas.

El triple crimen

Sandoval fue uno de los tres fallecidos en el triple crimen. También fueron acribillados Mirco Dylan Saldaño y Rocío Genovese, de 19 y 22 años respectivamente.

Saldaño murió dentro de la casona por ocho disparos, seis en la espalda y los restantes en el cuello; Sandoval murió a los pocos minutos en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por múltiples impactos; y Genovese también falleció al día siguiente en el Heca por heridas de bala en el tórax y en las piernas.

El triple crimen tuvo una mecánica de película. Antes de irrumpir en el domicilio, los sicarios cortaron una de las fases eléctricas de la casona. Así, desactivaron varias cámaras de videovigilancia que tenía en la parte externa. Luego, abrieron la puerta principal con una maza y sorprendieron a “Ema Pimpi”, Saldaño y Gastón Gabriel S., que en ese momento estaban mirando la televisión en un sillón.

Los homicidas después subieron a la planta alta de la casona y descargaron una ráfaga de tiros contra Rocío Genovese, que estaba en una de las habitaciones. En el ataque resultó herido el cuarto joven que estaba en el lugar. Gastón Gabriel S. recibió un disparo en la cabeza con orificio de entrada y salida y se recuperó con el tiempo en el Heca.

El de Emanuel Sandoval no fue cualquier crimen. Era nada más y nada menos que un pesado narco que operaba en la zona norte de Rosario y que había sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión en la causa por el atentado de 16 balazos contra la casa del por entonces gobernador Antonio Bonfatti, ocurrido el 12 de octubre de 2013, cuando el propio dirigente socialista se encontraba dentro del inmueble ubicado en Gallo y Darragueira.

Como dato curioso, en la causa por el atentado a Bonfatti quien le dio domiciliaria a Sandoval fue la por entonces jueza Alejandra Rodenas, hoy vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores que votó la sanción por tomar la misma decisión.

Repercusiones institucionales

Como ésta fue la tercera vez que la Legislatura avanzó en tratar una sanción por el mismo caso a Spelta, el fiscal presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia, ya que considera inconstitucional la ley 13.013 que faculta a los legisladores a sancionar a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

No es la primera vez que los fiscales se oponen al régimen disciplinario. No solo por considerar que quien debe realizar esa tarea es la auditora María Cecilia Vranicich, si no porque además se da un complejo marco: algunos fiscales fueron denunciados por legisladores que los investigaban. El caso más reciente fue el de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que investigan el juego clandestino y no pudieron hasta el momento imputar al senador Armando Traferri por corrupción ligada al juego ilegal.

El otro emblemático caso fue el de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, que comenzaron a investigar irregularidades en los subsidios que otorgaban los senadores santafesinos y terminaron siendo desplazados a áreas donde prácticamente no tenían actividad.

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