El “método Olmedo”: las trampas del profesor cordobés acusado de extorsionar a sus alumnos para aprobarlos

Luis Augusto Olmedo era un profesor conocido en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). A partir de la década del ‘90 se desempeñó como docente de Microbiología e Inmunología, en el segundo año de la carrera y, desde abril de 2004, como titular de la cátedra.

En septiembre de 2020, la Justicia federal inició una investigación a partir de la denuncia de aproximadamente 60 estudiantes que lo acusaron de extorsionar a sus alumnos y obligarlos a pagar un curso, a modo de “apoyo” académico, para aprobar la materia que él dictaba.

Esta semana, el fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo solicitaron la elevación a juicio de la causa en contra de Olmedo, de 69 años, actualmente detenido con prisión domiciliaria.

También pidieron el enjuiciamiento de los dos docentes que administraban la institución privada donde se dictaba el contenido, que luego se tomaban en sus exámenes; así cómo también de Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la facultad, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los fiscales creen, con las pruebas recogidas hasta el momento, que en sus 20 años de docencia, Olmedo abusó de su función y coordinó un “sistema extorsivo” por el cual los alumnos se veían obligados a abonar sumas mensuales de dinero primero a Adrián Casalis y a Augusto Massimino después para aprobar los exámenes de la materia, siempre con la fachada de la realización de un curso.

Según consta en la investigación, los alumnos eran forzados bajo amenaza a realizar el curso: los que no lo hacían -o incluso aquellos que filtraban información del sistema- se exponían a la posibilidad de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados. Esto, de acuerdo a los testimonios de los denunciantes, en general representaba un obstáculo para avanzar con el estudio e incluso una desmotivación para continuar la carrera.

Una vez abonado el curso, los estudiantes recibían un paquete de apuntes lleno de trampas y recaudos que Olmedo y sus ayudantes ponían para evitar su distribución clandestina. Estos trucos incluían imprimir el material en hojas oscuras para que no pueda ser fotocopiado o ponerle numeraciones seriadas de cada copia para identificar a qué alumno pertenecía el ejemplar.

La acusación precisa que, desde 2000 hasta el 2016, la pseudo academia -que funcionaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba)- proporcionaba a los alumnos, con la fachada de un centro de enseñanza, clases dictadas por Casalis, que no era profesional médico.

En esas clases, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Casalis no brindaba ningún tipo de enseñanza profunda sino que se limitaba a leer los apuntes e informar a los alumnos qué contenido y qué preguntas específicas se iban a tomar en el examen.

Según la acusación de los fiscales Hairabedian y Aramayo, Casalis les indicaba qué partes subrayar y dedicaba una porción de tiempo a la corrección manual de los apuntes, minados de errores voluntarios y yerros de redacción para, en caso de filtrarse el material, poder detectar a los alumnos que se presentaran a rendir sin haber abonado el curso, y aplazarlos.

“Aquellos que no habían concurrido a la academia corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera inentendible, contenidos no brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio”, indicaron en la acusación, según informó el sitio fiscales.gob.ar.

De acuerdo a las pruebas reunidas hasta el momento, los fiscales creen que en la academia se les indicaba a los alumnos que, al momento de ser evaluados en una determinada bolilla incluyeran de memoria una frase del apunte, así Olmedo podía reconocer rápidamente a quiénes habían asistido a su academia. También, señalaron, alertaban a los alumnos para que no se presentaran en mesas de exámenes cuando la facultad había ordenado incorporar veedores.

Para Hairabedian y Aramayo, Olmedo no sólo tenía muy aceitado el sistema extorsivo, sino que además ejercía la docencia de forma despótica, con situaciones de maltrato y de aprovechamiento de la asimetría con los estudiantes desde su posición de poder. Incluso, señalaron, Olmedo habría llegado a amenazar a sus alumnos con que enviaría personas a golpearlos o que nunca jamás podrían pasar la materia.

Para los representantes del MPF, de esa forma, Olmedo infundía un temor generalizado entre el alumnado, que se consolidó con el paso del tiempo, y resultó altamente efectivo, a pesar de las irregularidades evidentes. Así, los estudiantes no tenían otra alternativa que abonar para aprobar y avanzar en sus carreras. La acusación también señala que Olmedo infundía un temor particular en las estudiantes mujeres, con quienes tenía un trato misógino.

Esa mecánica continuó hasta algún punto entre el 2015 y el 2016, cuando Olmedo y Casalis se distanciaron. A partir de ese momento, la pantalla de la academia se trasladó al barrio Nueva Córdoba, donde Augusto Massimino se hizo cargo de los cursos de apoyo.

Así, el esquema se repitió hasta que comenzó la investigación y Olmedo fue desplazado de su cargo. A mediados de septiembre de 2020, efectivos de la Policía Federal allanaron su casa en el centro de la capital provincial, lo detuvieron y secuestraron documentación, y computadoras con información relevante para la causa.

Para la fiscalía, el comportamiento de Olmedo no sólo era de público conocimiento en la facultad, sino que además había sido anoticiado institucionalmente en más de una oportunidad. De ahí surge la imputación a Spadiliero de Lutri, acusada de no haber denunciado los delitos en ejercicio de la función o de haber promovido actuaciones administrativas disciplinarias.

“El fiscal ya formuló el requerimiento, ahora tenemos hasta el viernes para plantear una oposición, que es lo que probablemente hagamos”, señaló a Infobae el abogado defensor de Olmedo, Manuel Calderón, que también espera que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva su apelación a la prisión preventiva.

Para Calderón, las pruebas de la causa no alcanzan para probar que Olmedo “vendía” los exámenes. “Cuando yo apelé el procesamiento, hasta que se resolvió, se incorporó una prueba que para mí es importante y que la Cámara Federal no pudo valorar en ese momento”, explicó. “Son informes de gestión de la evaluación del titular de cátedra, que hacen los directivos cada cinco años, y en los que se hacen devoluciones excelente respecto de la labor de Olmedo”.

Y agregó: “Eso claramente no coincide con la acusación de los 60 denunciantes, que representan un porcentaje muy bajo de los 7.500 que tuvo en 15 años de trabajo”. De acuerdo al letrado, también están pendientes los informes de las pericias informáticas sobre los dispositivos encontrados en la casa de Olmedo, que ahora tiene en su poder la Gendarmería.

SEGUIR LEYENDO