Caso Lucas González: la trama siniestra de torturas y encubrimiento que compromete a 17 policías

“Joaquín y Julián tenían a su amigo muriendo en su vehículo pidiendo ayuda y en todo momento se los trató como delincuentes. (...) Esto tiene un motivo, hacerlos aparentar como delincuentes, no fue casualidad el maltrato sufrido. Amén, claro está, de que minutos antes habían recibido una balacera de parte de tres de los mismos integrantes de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad”.

El asesinato del joven Lucas González empezó aquella mañana del 17 de noviembre con la acción concreta y efectiva de los tres agentes de la Brigada que participaron del ataque con disparos al auto donde viajaban los chicos futbolistas. Pero el fiscal Leonel Gómez Barbella, autor de la frase del párrafo anterior e investigador del caso, está convencido de que el crimen no terminó en el momento en que los agentes balearon el Volkswagen Suran sino que estuvo sostenido por una estructura piramidal que involucra a 17 policías de las comisarías vecinales 4A y 4D y de la División Sumarios y Brigada.

La confabulación consistió en hacerles creer a los integrantes de la Policía Federal que debían labrar las actas del hecho que éste había sido un “enfrentamiento” y que los chicos estaban armados. Para eso, mantuvieron esposados durante varias horas a los jóvenes sobrevivientes amigos de Lucas, plantaron un arma de juguete detrás del asiento donde viajaba el futbolista asesinado, y demoraron varias horas en avisar a la Justicia del hecho, presumiblemente para diseñar una historia “creíble”.

Eso incluyó torturas físicas y psicológicas no sólo a González, que agonizaba en la parte delantera del auto con un tiro en la cabeza sino para sus amigos Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zuñiga Gómez, a quienes trataron de “villeros” y “faloperos”.

Después de la reconstrucción de los hechos, llevada a cabo el martes pasado, Gómez Barbella pidió al juez Martín Del Viso la ampliación de la indagatoria de los policías Fabián Alberto Du Santos, Juan Romero, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Lorena Miño y Micaela Fariña, ya detenidos por ser los sospechosos de haber adulterado la escena del crimen y “plantado” el arma de plástico. El magistrado concedió el pedido y las declaraciones se tomarán este lunes por la mañana de manera virtual.

Las nuevas pruebas conseguidas por los investigadores dan cuenta del infierno físico y psicológico al que los agentes de la Policía de la Ciudad sometieron a las víctimas. Gómez Barbella además pidió la detención de otros ocho uniformados, presuntamente involucrados en la planificación del encubrimiento y la privación ilegal de la libertad contra los niños: dos comisarios, un subcomisario, dos principales y tres oficiales; siete hombres y una mujer.

Sobre ellos pesa la sospecha de haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas por personal de la División Intervenciones Judiciales la Policía Federal Argentina y en la nota inicial confeccionada el 18 de noviembre por el Juzgado Nacional de Menores N° 4.

Para el fiscal, hasta ahora se cree que fueron 14 los policías que alteraron los rastros y pruebas del delito que cometieron José Nievas, Fabián López y Gabriel Issasi en la Avenida Iriarte a metros de Vélez Sarsfield. Según Gómez Barbella, los agentes se repartieron las tareas para llegar rápidamente a la escena del crimen y a la esquina de Alvarado y Pedriel, donde finalmente frenó el Suran, para fraguar las pruebas con el fin de aparentar que había ocurrido el “enfrentamiento”.

Entre los nuevos involucrados aparece un agente al que los jóvenes sobrevivientes describieron por sus tatuajes y que, según coincidieron en las declaraciones, fue quien los hostigó cuando ya habían sido retenidos por las agentes Miño y Fariña: “A estos villeritos hay que darles un tiro en la cabeza a cada uno”. Y una de las mujeres inquirió a uno de los amigos de Lucas: “¿Dónde tenés la falopa, dónde está el arma con la que mataste a tu amigo?”.

Los tormentos físicos y psicológicos ocurrieron, según la investigación, mientras los mantuvieron durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados. El fiscal comprobó que durante ese lapso no hubo intervención judicial alguna. Y que a los chicos les sacaron las esposas recién cuando llegó el padre de uno de ellos y les remarcó que no podían tener así a menores de edad.

Recién entonces los subieron a un patrullero durante los retuvieron por más de siete horas, entre las 12.30 y las 19.40, lo que fue “denigrante e inhumano” y denotó un “significativo odio racial”. En ese lapso, según coincidieron los sobrevivientes, no les dieron de comer ni de beber.

“Los policías aquí acusados fueron quienes participaron en este procedimiento fraguado donde se continuó con la línea falaz instalada por Issasi, Nieva y López aparentando como un ‘tiroteo’ entre los niños y los policías y para reforzar ese escenario armado, les plantaron el arma de cotillón dentro del rodado en el que iban Lucas, Julián, Joaquín y Niven”, indicó en su dictamen el fiscal Gómez Barbella.

Según la investigación, los propios policías sabían que estaban cometiendo acciones ilegales. En el expediente figura el testimonio de dos vecinos -un hombre y una mujer- que declararon que vieron que los policías tuvieron hasta el mediodía a los chicos esposados boca abajo y que luego, dos mujeres policías les tocaron el timbre para pedirles el material audiovisual que pudieron haber tomado desde sus casas.

“Para mi sorpresa, (los testigos) refirieron que personal actuante en ese procedimiento se presentó en su domicilio a requerirles las fotografías o filmaciones que pudieran haber obtenido de esas detenciones, claramente ilegales”, explicó el fiscal. De hecho, los jóvenes sobrevivientes declararon que los policías estaban preocupados por saber si había cámaras y domos en las calles de la zona que pudieran haber captado la secuencia y que, además, pedían que “nadie filme ni saque fotos”.

En la reconstrucción de los hechos en el tramo de la esquina de Alvarado y Pedriel, dos de los jóvenes sobrevivientes declararon que les rogaban a los policías que los custodiaban que les aflojaran las esposas pero no lo hacían porque, les decían, no tenían llaves. Sin embargo, cuando el padre de Joaquín llegó y exigió que les sacaran las esposas, los mismos agentes que les decían a los chicos que no tenían las llaves, las abrieron, algo que para Gómez Barbella es “demostrativo de la intención de hacerles padecer sufrimiento durante sus estados de detención, la que además de todo, era ilegal”.

Sobre el arma plantada, está comprobado que recién fue hallada pasadas las 16 por dos agentes de la PFA, debajo y detrás del asiento que ocupaba Lucas, es decir, siete horas después del asesinato. Lo que resta descubrir es cuál de los agentes involucrados plantó el juguete en el coche y en qué momento.

Para el fiscal hubo una “intención deliberada de borrar y trastocar cualquier prueba que permita constatar cómo realmente se habían llevado a cabo los sucesos ni quiénes fueron los uniformados que se acercaron al lugar”, dado que no se dejó constancia en las actas de la comisaría 4D sobre quiénes participaron de la intervención rápida en Alvarado y Pedriel.

En la reconstrucción quedó claro que las policías Miño y Fariña fueron quienes contuvieron a los jóvenes cuando frenaron en Alvarado y Pedriel luego de huir de la balacera de Iriarte. Y que estuvieron durante los primeros tormentos que sufrieron los chicos. En eso coinciden no sólo las víctimas sino los testigos del barrio que declararon ante el fiscal, quien considera que, aunque luego fueron a custodiar un vallado (como declaró públicamente una de ellas), eso no las exime de sus responsabilidades en el crimen.

En el momento posterior a que las policías retuvieron a los jóvenes -mientras Lucas agonizaba en el asiento del acompañante- llegaron tres agentes más a bordo de dos motos. Ese arribo no fue consignado en las actas del procedimiento oficial y, según el fiscal, “permite inferir que la intención sería la de impedir que se pueda verificar sus participaciones en lo que, terminaría siendo un procedimiento fraguado”. De todos modos, los policías ya fueron identificados y forman parte del grupo de los ocho por los que desde el sábado hay pedido de detención y cuyos nombres no trascendieron por cuestiones de seguridad procesal.

Para el investigador, alguno de estos policías fue quien quemó la mano de Lucas cuando el futbolista aún estaba vivo en el auto, dado que en la autopsia se constató que no se trata de una herida hospitalaria ni producida después de la muerte. “Fácil es concluir que mientras se encontraba herido de gravedad en el automóvil fue cuando se produjo esa padecimiento que le provocó sufrimiento físico a Lucas”, indicó el fiscal en su dictamen. De hecho, un médico atestiguó que ese tipo de quemaduras se ven en hechos de violencia policial como el que ocurrió en Barracas.

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