Policías de la Bonaerense detenidos en la selva misionera: dudas y certezas de un polémico operativo

La situación fue tensa, según revelaron fuentes que estuvieron en el lugar. Efectivos de Gendarmería Nacional redujeron a los gritos y con la firmeza propia de un operativo a siete personas que cargaban bultos de marihuana en la costa del río Paraná, en Misiones, zona de Colonia Mado. De noche y en medio de la selva, aquel 30 de enero del 2019 los efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de Monte esperaban desde hacía varias horas con la información del movimiento de una carga. Habían visto, encubiertos, los movimientos de la presunta organización, pero esperaron el momento justo para actuar.

Los elementos encajaban en la típica narrativa: gritos, empujones, la detención de una banda de narcos, varios bultos de marihuana y un proceso de carga interrumpido. Los centinelas pensaron que todo había sido un éxito, hasta que pasó lo inesperado.

En medio de toda esa droga y vegetación, los detenidos se presentaron como efectivos de la Policía Bonaerense. Eran cinco numerarios con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, además de dos testigos.

Nada de eso convenció a los uniformados que hicieron el procedimiento, tampoco a las autoridades del Juzgado Federal de Eldorado, bajo la firma del magistrado Miguel Ángel Guerrero, a cargo de la causa. Pero a casi dos años, no hay ninguna investigación judicial abierta por ese hecho que determine qué hacían los policías de la Bonaerense en un operativo propio de un delito federal y a más de mil kilómetros de su jurisdicción.

De vuelta a esa noche de verano en la localidad misionera de Colonia Mado, lo primero que llamó la atención de los efectivos de GNA y de la Justicia Federal es que el lugar donde la Bonaerense tenía que allanar estaba a unos ocho kilómetros, una distancia que no podía entrar en las consideraciones del desconocimiento de la zona con los dispositivos de GPS con los que cuenta cualquier celular.

Por orden del juez Guerrero, la fuerza federal incautó lo que aún no habían sido cargado en los vehículos de la Bonaerense. Según fuentes del caso, después informaron formalmente que la droga había sido encontrada abandonada en medio de la vegetación, lo que se conoce como “droga enfriada”. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también promocionó el procedimiento diciendo lo mismo en su cuenta de Twitter.

“Nosotros teníamos el dato, estábamos haciendo guardia desde temprano hasta que llegó un grupo y se metió para la zona del río. Unos 15 minutos después llegaron los policías y ahí entramos nosotros al grito de ‘alto, Gendarmería’ y los detuvimos cuando estaban cargando la droga en sus camionetas”, recordó a Infobae una fuente que participó de ese operativo hace casi dos años.

A los efectivos les pareció raro que las autoridades judiciales locales no estuvieran enterados de ese procedimiento. Sintieron que algo no estaba bien y supieron que los testigos estaban “dando vueltas” con los bonaerenses desde la tarde. Entonces, ya era cerca de medianoche. Lo que cree es que solo parte de esa droga iba a figurar luego en las actuaciones.

Más allá de las especulaciones, los detenidos fueron llevados a declarar luego al Juzgado Federal de Eldorado y, según dijeron fuentes judiciales entonces, sus relatos dejaron más dudas que certezas. De todas formas, todo fue remitido a las autoridades de Campana para que se determine si ameritaba una acusación, algo que finalmente no sucedió. No hay causa ni acusación, según consta en los tribunales de Misiones.

Al ser contactado, el juez González Charvay se negó a responder las consultas de Infobae.

Otra importante pieza de este entramado surgió de otra causa llevada adelante por el juez Guerrero. Se trata de una investigación impulsada por la AFI y PROCUNAR - que acompañó y avaló las actuaciones hasta la elevación a juicio - iniciada en diciembre del 2018 sobre una presunta organización narco.

Se hicieron intervenciones telefónicas y lo que se descubrió entonces no fue una logística que movía estupefacientes, sino a dos efectivos de la Policía de Misiones, Diosnel Sebastián Vega (42), Marcelino Segundo Sanabria (43), que robaban armas de los depósitos judiciales que tenían que custodiar.

Este armamento, que formaba parte de diversas causas de la Justicia de instrucción de la zona Norte de Misiones, era entregado a Óscar Alberto Ríos (49), un ex convicto con un antecedente por homicidio que se encargaba de ofrecerlas y venderlas en el mercado negro.

Guerrero elevó la causa a juicio a principios de este año y además de estos delitos, acusó a Vega y Ríos de confabulación - voluntad de cometer un delito - por una conversación ocurrida días antes del procedimiento que cruzó a la Bonaerense y GNA.

“En el caso de Vega y Ríos, ambos mantuvieron una serie de diálogos entre los días 24 y 26 de enero de 2019, en los que realizaban ciertos arreglos para conseguir un vehículo utilitario sin papeles destinado a facilitar un procedimiento de drogas que iba a ser llevado a cabo por personal de la policía bonaerense; el día 24 de enero de 2019 Vega le pidió a Ríos que consiguiera una Fiorino o una camionetita ‘para la brigada’, ‘para merca’, y en conversaciones posteriores le explicó que el vehículo era para efectivos de la policía bonaerense que “vienen de Buenos Aires”, y que tenían que cargar 2.000 kilos”, ‘la cargan y ahí ya incautan y la llevan a Buenos Aires’”, consideró el magistrado en su dictamen.

“Teniendo en cuenta que de las propias escuchas surgió que el vehículo tenía que ser ‘sin papeles’ para trasladar ‘la merca’, resulta obvio que ambos agentes tenían el conocimiento y la voluntad de comprometerse para ejecutar el plan y facilitar un elemento necesario para llevar a cabo una acción típica vinculada al transporte de estupefacientes; así, esta confabulación se consumó en el instante que Ríos y Vega se comprometieron y planificaron obtener ese vehículo sin papeles para que otros transporten estupefacientes”, concluyó.

Ríos admitió esa operación en su audiencia indagatoria, detallando que Vega “le había preguntado si tenía alguna camioneta porque habían venido policías de Buenos Aires y tenían que llevar lo secuestrado a esa provincia ya que estaban ‘haciendo un trabajo con autorización del juez’ y ‘tenían que llevar la droga a un Juzgado a Buenos Aires’”, agrega el documento.

Las preguntas son obvias. ¿Por qué la camioneta no tenia que tener papeles? ¿Qué relación tenía el efectivo Vega con los uniformados de Buenos Aires? ¿Por qué se comunicaron con él y por qué este involucró a Ríos, un civil, en la organización de un procedimiento? Nada de eso está claro aún.

En los últimos días, se conoció que los efectivos y Ríos llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con el Tribunal Federal Oral de Posadas por penas de entre 5 y 3 años de prisión. Sin embargo, contrario a la consideración del juez, se estableció que no son suficientes los elementos para acusarlos de la coordinación para la compra de la camioneta para un fin ilegal.

“Concretamente aquí los diálogos detectados en las escuchas telefónicas que se estaban realizando, más precisamente entre el 24 y el 26 de enero de 2019, entiendo encierran una vaguedad que impide a criterio de este MPF, tener por concretado el ilícito”, argumentó la fiscal Vivian Barbosa.

Barbosa amplió, según se leen en la sentencia publicada en el Centro de Información Judicial: “Según se informó, no se inició causa penal ni se formuló acusación contra los agentes policiales de Buenos Aires, otorgándoseles presunción de legitimidad a su accionar al resguardo de la orden por ellos exhibida”.

La fiscal expresó que el “confuso episodio (...) se habría originado en una persecución cuyos detalles no resultaron esclarecidos en su totalidad”. “Persecución no hubo”, rebatió el gendarme que estuvo en el lugar de los hechos.

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