18 años después, condenaron a dos policías por la desaparición forzada de Iván Torres en Chubut

En sus últimas palabras antes de ser condenados, los policías Pablo Ruiz y Mario Gómez volvieron a defenderse ante el tribunal. Ya habían sido absueltos en dos oportunidades en el juicio por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres, el joven del que nunca más se supo donde estaba. Su último rastro con vida data de la madrugada del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando el patrullero 469, con tres uniformados a bordo, lo interceptó y se lo llevó.

“Quiero vivir de lo mucho o poco de la vida que me queda en paz. No con una mochila de una falsa acusación, injusta, perversa, porque nosotros no tuvimos nada que ver”, dijo Ruiz este lunes, durante la audiencia cuando esperaba el veredicto. “Entré a la policía para cuidar y salvar a la gente, y no para hacerla desaparecer y mucho menos para matarla. Esto lo voy a decir siempre, pase lo que pase. Vine a la policía, entré con las manos limpias, y así me voy a retirar”, agregó Gómez.

Esta vez, la versión policial no alcanzó para persuadir a la Justicia. Los jueces Ana María D’Alessio y Luis Alberto Giménez, del Tribunal Oral Federal de Ushuaia; y Gabriel Reynaldi, de Río Gallegos, condenaron a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El caso de Iván Eladio Torres cuenta con todos los condimentos de complicidad e ineficiencia política, policial y judicial. La investigación se inició en 2003 y el delito investigado, desde entonces, sigue cometiéndose: la desaparición forzada está probada y aún no hay rastros del joven que, de estar vivo, tendría 42 años.

El derrotero judicial de un caso icónico

En la noche de su desaparición, Iván y dos amigos habían ido a una heladería para ayudar a ingresar un castillo inflable en el local. Las encargadas del comercio le pagaban esa colaboración con helado gratis. Ese día, según declaró uno de los testigos del juicio, Iván -que era el mayor de los tres- se quedó solo en la calle Abásolo de Comodoro Rivadavia porque le daba “vergüenza” el regateo. Mientras esperaba, un móvil del comando radioeléctrico se lo llevó. En esa patrulla iban los policías Pablo Ruiz, Mario Gómez y Eliseo Hernán Leiva, fallecido el año pasado.

Según los testimonios y las pericias presentadas en juicio, la Justicia validó la hipótesis de que Torres estuvo detenido y fue duramente golpeado en la Comisaría de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, una de las delegaciones más importantes de la provincia de Chubut. Lo que hizo la policía, en el marco de la desesperación de la familia, incriminó más a todos los uniformados vinculados a la investigación.

Desde un primer momento, los agentes negaron lo ocurrido, oponiéndose sistemáticamente los días 4, 6 y 8 de octubre de 2003 para tomar la denuncia de la madre de Iván, María Leontina Millacura Llaipen. Recién se avanzó cuando el caso tomó estado público, doce días después. La madre de Iván sospechaba de la policía porque su hijo sufría frecuentes privaciones de la libertad. En una de esas aprehensiones ilegales, le contó que los policías le practicaron un simulacro de fusilamiento en lo que se conoció como “KM. 8″, donde habría sido despojado de ropa y zapatos, y golpeado.

La causa tardó mucho tiempo en avanzar en la Justicia de Chubut. Los abogados de la familia cuestionaron varias irregularidades durante el proceso, como el hecho que la Policía implicada quedase a cargo de la investigación en la primera etapa de la instrucción, la dilación en la toma de las declaraciones, la ausencia de fiscales y jueces para tomar el expediente o “audiencias pautadas que no se abrieron”. Hubo, además, siete muertes de testigos en situaciones confusas o violentas: Hugo Álvarez, Dante Caamaño, Juan Pablo Caba, David Hayes, Luis Alberto Gajardo, Gastón Varas y Walter Mansilla. David Hayes, la persona que compartió celda con Torres en la comisaría antes de su desaparición y había revelado amenazas, falleció en una “pelea” entre detenidos en una alcaldía, un día antes que se librara una orden judicial de protección como testigo.

La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, en octubre de 2007 dictó el sobreseimiento de los 15 policías denunciados. En 2008, la Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento. La orientación de la investigación se empezó a revertir recién en 2011, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Nacional por el delito de “desaparición forzada” en torno al caso Torres. El organismo internacional evaluó las presentaciones de la familia, a través de las abogadas Silvia Susana de los Santos y Verónica Heredia, y coincidió en que hubo dilaciones en el procedimiento, en un marco de actos de tortura previa de parte de los efectivos policiales.

Con esa sentencia de respaldo, en 2015 arrancó otro juicio contra los 14 policías procesados. En esa instancia, solo obtuvieron condenas el comisario Fabián Tillería y el oficial Marcelo Chemín a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, como partícipes necesarios de la desaparición forzada. Los 12 policías restantes fueron absueltos de culpa y cargo por falta de pruebas.

La resolución no conformó al Ministerio Público de Fiscal de Chubut, que sostuvo la acusación y recurrió en la causa ante el tribunal de alzada. “Nosotros mantuvimos la misma posición desde el inicio, lo que cambiaron fueron los jueces. De las personas acusadas, el tercer integrante del móvil falleció el año pasado. Hubo una absolución de esas tres personas y recurrimos ante la Cámara de Casación Penal, que anuló el fallo con las absoluciones, y ordenó un nuevo juicio”, precisó a Infobae el fiscal federal Teodoro Nürnberg, a cargo de las actuaciones.

“Los fundamentos del veredicto todavía nos los conocemos, van a estar al quinto día hábil. Entendemos que se comprobó el rol de estos policías como integrantes del móvil 469 que estuvieron en la noche del 2 al 3 de octubre. Estas personas fueron las que lo llevaron a la comisaría”, agregó el fiscal federal.

Los “buenos” policías

Durante la nueva instancia judicial, los policías acusados se mostraron molestos. Pablo Miguel Ruiz, en sus últimas palabras, insistió en que todo se trata de una falsa acusación y que su conducta siempre fue “intachable”, y que “si hubiera visto algo irregular, lo hubiese denunciado inmediatamente”. Al defender su moral y ética, recordó un episodio cuando denunció ante la Fiscalía que un médico elaboraba certificados médicos sin revisar a personas detenidas.

“Hablar de mí se me hace difícil. Soy una persona de bien, un padre de familia, casado hace 17 años con mi esposa. Tengo un hijo de 16 años y una hija de 9 años”, repasó Ruiz. “Ya estamos agotados con tantas cosas que se han dicho. Es durísimo atravesar estos momentos de angustia, el debilitamiento del cuerpo, que el estómago se ponga duro. Nosotros no tuvimos participación en el hecho”, planteó, tras agradecer al tribunal el trato que le dieron durante el proceso.

Gómez, al tomar la palabra en el juicio, cuestionó abiertamente el accionar judicial tras insistir en su inocencia. “Fuimos absueltos dos veces, ya que no encontraron de nosotros ningún tipo de conductas que nos comprometa a esta causa. Esta es la tercera vez”, sostuvo. “Ya estoy al fin de mi carrera, me voy a ir con las manos limpias y no manchadas con sangre por gente inocente mas allá de lo que pueda llegar a decir el fiscal”, en referencia a Nürnberg. “Volvemos a estar en estas condiciones esta vez en el banquillo de los acusados por el Fiscal que no tiene pruebas contundentes hacia nosotros”, puntualizó.

El uniformado resaltó que su legajo personal no tenía antecedentes ni “denuncias de ningún tipo, mucho menos de violencia”. “Yo sé que soy un funcionario policial honesto, cada vez que me pongo el uniforme es un orgullo y estar al servicio de la gente”, agregó. Dijo que es “un ser humano como cualquier otro que tiene sentimientos”, y que a raíz de las acusaciones tuvo un “ataque de presión que casi me muero”, lo que lo llevó a tener “medio cuerpo paralizado”. “Estuve como diez años para recuperarme, por una acusación falsa porque a nosotros nunca nos pudieron comprobar nada”, afirmó.

Las últimas palabras incluyó un mensaje de Gómez a sus dos hijas, sobre las que lamentó que “llegaban llorando” de la escuela a la la casa, “preguntándome si había matado a alguien y eso me rompía el corazón”. Y formuló una curiosa teoría en su defensa, al apuntar a quienes lo cuestionaban como “asesino”. “Se nos acusa por el hecho de que (los acusados) son policías, porque llevamos un uniforme puesto y hay mucha gente que odia a la policía. Eso está más que claro, pero ellos eligieron este trabajo”, dijo. Y resumió: “Soy consciente que hay buenos y malos policías. Pero yo y en mi conciencia sé lo que soy y me considero un buen policía”.

El juicio a Gómez y Ruiz arrancó el pasado 16 de octubre, con la reiteración de los testimonios de varios testigos y pruebas, los alegatos y la declaración de los imputados. Con la nueva condena, son cuatro uniformados que se acreditó la culpabilidad del hecho junto a las de Fabián Alcides Tillería, y de 12 años a Marcelo Alberto Chemin, como partícipes necesarios de la desaparición forzada. En esa primera sentencia, se habían demostrado los tres elementos presentes en el tipo penal: la privación ilegal de la libertad, la falta de información y ocultamiento de la víctima y la negación de la captura.

Según el fallo del TOF, los policías Gómez y Ruiz seguirán en libertad hasta que la condena quede firme. No se libró la prisión preventiva porque comparecieron ante el tribunal cada vez que se los convocó. Deberán presentarse semanalmente ante la Policía Federal y tampoco podrán irse del país.

“Con este fallo se empieza a dar una respuesta a la sociedad. Es un reclamo que llevó a la creación de la desaparición forzada en 2011. El Estado argentino tiene una responsabilidad enorme ante la comunidad internacional de esclarecer todos los aspectos de ese hecho gravísimo”, concluyó el fiscal Nürnberg.

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