El juez que tiene a cargo la causa por la muerte de Lucas González, el chico de 17 años que fue baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, podría decidir este lunes si los tres agentes detenidos por el hecho son procesados con prisión preventiva.
El magistrado Martín Del Viso podría resolver en las próximas horas la situación del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos integrantes de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la mencionada fuerza de seguridad, principales acusados en el expediente.
Así está previsto ya que el viernes último el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella, emitió un pedido en la que solicitó que los sospechosos permanezcan bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.
Además, el funcionario pidió que sean formalmente procesarlos como coautores de “homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
Asimismo, los acusó de “tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos agravantes”, por los amigos de la víctima que sobrevivieron al tiroteo, y en concurso real con “falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional”.
Según se sabe hasta el momento, el episodio ocurrió el 17 de noviembre pasado, cerca de las 10 y a pocos metros de uno de los ingresos a la villa 21-24, donde tres policías de civil integrantes de la Brigada de la Comuna 4D de la Policía de la Ciudad, identificados como el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, circulaban a bordo de un móvil no identificable, un Nissan Tiida.
Al mismo tiempo, Lucas y sus tres amigos salían de un entrenamiento de la sexta división del Club de Barracas Central, donde Lucas jugaba de enganche. La víctima había asistido a una de sus prácticas habituales, mientras que el resto se había ido a probar.
Cuando terminaron, tomaron sus cosas y volvieron hacia el barrio San Eduardo, en Florencio Varela, donde vivían, a bordo de la Suran que era del padre de uno de los chicos, pero en el trayecto se encontraron con los efectivos de seguridad y por razones que aún no están claras comenzó un tiroteo que terminó con la vida de González.
Según la versión de los agentes, en ese momento dieron la voz de alto para identificar a los ocupantes de la Suran, pero, supuestamente, el auto aceleró y comenzó una persecución, donde, siempre en base a lo que argumentaron desde las fuerzas de seguridad, los amigos mostraron un arma y por eso abrieron fuego.
Sin embargo, mientras pasaban las horas, ese relato era puesto en crisis por los detectives del caso y ahora se investiga plenamente el accionar que tuvieron los efectivos porteños.
“Quien mata por ‘placer’, no es necesario que obre del modo como da idea la palabra impulso; puede actuar lenta y premeditadamente. Sólo es necesario que la acción sea inspirada por un placer antinatural en la destrucción de una vida humana como lo fue con la de Lucas y trató de serlo con sus amigos. No es indispensable que el placer sea el único factor que concurra para impulsar la acción”, explicó Gómez Barbella en cuanto a este agravante en su resolución de 21 páginas a la que tuvo acceso la agencia Télam.
En cuanto al pedido de prisión preventiva, el fiscal argumentó que “tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos”, como así también tuvo en cuenta la “gravedad” de los hechos y la pena en expectativa.
En su dictamen, Gómez Barbella consideró que “la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho”.
En tanto, Gregorio Dalbon, el abogado que representa a la familia de Lucas, también pidió el procesamiento con prisión preventiva de los policías y dijo esta tarde a Télam que espera que Isassi, López y Nieva “lleguen procesados a la reconstrucción del próximo martes y esposados”.
La reconstrucción del hecho se inició el miércoles pasado en la esquina de Iriarte y Vélez Sarsfield, a dos semanas exactas del hecho que le costó la vida al futbolista juvenil de Barracas Central, pero al poco tiempo fue suspendida por un planteo presentado por las defensas de los acusados.
Paralelamente, ese mismo día eloficial Sebastián Baidón, quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 4D, se puso a disposición de la Justicia y los investigadores del caso evalúan si hay elementos como para imputarlo.
Hasta ese momento eran seis los efectivos detenidos, acusados de haber adulterado la escena del hecho y de haber “plantado” un arma de plástico para simular un tiroteo entre la Policía y Lucas y sus amigos. Se trata del comisario Juan Romero, el subcomisario Roberto Inca -ambos a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4-, el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño.
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