La sangre derramada por policías es federal. En la Ciudad de Buenos Aires lloran a Lucas González, en San Clemente del Tuyú lloran a Alejandro Nicolás Martínez (35) y en Misiones lloran a Hugo Miguel Wasyluk. El homicidio del hombre oriundo de la pequeña localidad de Villa Bonita fue cometido hace más de diez años y su homicidio y se convirtió en un caso paradigmático de la violencia institucional para la provincia. Hoy, llega a la instancia de juicio con 13 policías imputados y con la particularidad de que podría tratarse de la primera causa en llegar a un veredicto bajo la acusación de tortura seguida de muerte en la historia reciente de la provincia.
Wasyluk vivía con su madre, trabajaba en su chacra y tenía un hijo de nueve años. El 25 de abril de 2011, salió de su casa para ir a un kiosco cercano. Caminaba por el medio de la ruta provincial 103 cuando una patrulla de la comisaría de Villa Bonita lo interceptó. Luego de una discusión familiar, su hermana lo denunció por amenazas y un juzgado de la zona había ordenado su detención.
En el patrullero iban cinco policías. Jorge Antonio Heijo, que recién comenzaba su carrera policial, estaba al mando de la comisión, Pedro De Mattos conducía el móvil y el resto de las butacas eran ocupadas por Carlos Antonio Gómez, Ricardo Javier Rodríguez y Wilson Ricardo González.
La reconstrucción del caso que se tiene hasta el momento -en el debate deberá ser corroborada- indica que, apenas fue interceptado, Wasyluk fue derribado en medio de la ruta mediante un portazo del patrullero y en ese lugar comenzó la sesión de golpes que supuestamente se extendería en otras escenas e iba a culminar, más de 24 horas después, en su muerte.
“Nosotros no cuestionamos la detención, ni cuestionamos que Wasyluk era una persona con cierto grado de adicción, pero lo que cuestionamos es la tortura, la cuestión central es el trato inhumano absoluto y la forma aberrante en que despedazaron su cuerpo”, adelantó Rafael Pereyra Pigerl, diputado provincial y abogado querellante en representación de la familia de la víctima, quien participará del debate oral que comienza esta mañana en el Tribunal Penal N°1 de Oberá y que se extenderá al menos hasta el 9 de diciembre.
Tras su detención en plena ruta, Wasyluk fue trasladado hasta la comisaría de Villa Bonita, donde mientras permanecía esposado continuó recibiendo castigos de todo tipo. Recibió golpes de tonfa, patadas, pisotones. Se quejó de los dolores y pidió ayuda, pero fue desoído.
Su evidente malestar general hizo que apenas una hora después de ser detenido se decidiera su traslado. Allí fue cargado nuevamente al patrullero y llevado unos 12 kilómetros hasta Oberá, donde pretendieron alojarlo en la Comisaría 2° pero no quisieron recibirlo y finalmente acabó en una celda de la Comisaría 1°. 24 horas después, fue hallado muerto como consecuencia de una hemorragia masiva. Sus órganos dejaron de funcionar por completo y también sufrió una asfixia por aspiración de líquido intestinal, según determinó la autopsia posterior.
El ingreso del detenido a la Comisaría 1° de Oberá -se estima- ocurrió a las 21:45 de ese 25 de abril de 2011 y en el acta de su ingreso (firmada a las 22.45) el jefe de guardia dejó asentado que el estado del interno era más grave de lo que diagnosticó minutos antes el médico policial, a quien lo acusan de haber subestimado el cuadro de la víctima.
A la mañana siguiente, cerca de las 8:30, Wasyluk volvió a implorar ayuda. Su pedido quedó asentado en otra acta. “Jefecito, estoy jodido y necesito un médico. En serio estoy hablando”, habría expresado, casi a modo de súplica.
Sin embargo, nunca recibió atención médica y entre la medianoche del 26 de abril y la madrugada del 27 falleció sobre un inodoro de la celda. La autopsia practicada posteriormente graficó el padecimiento extremo que sufrió la víctima: en su cuerpo detectaron múltiples lesiones traumáticas, además de vestigios de la carrocería de la camioneta en la que fue trasladado y hasta huellas de un borceguí con el que fue pisado
Para la querella del caso, las imágenes del cuerpo de la víctima son una prueba cabal para dimensionar la gravedad del hecho y, en acuerdo con la familia, solicitarían que las mismas sean exhibidas durante el juicio.
De esos cinco policías que integraron la comisión que detuvo a Wasyluk, tres están imputados por el delito de tortura seguida de muerte -que prevé prisión perpetua-, ya que se sospecha fueron los autores de la sucesión de golpes. Ellos son De Mattos, Gómez y Rodríguez, mientras que Heijo y González están acusados de omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los demás agentes policiales imputados son Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Lentini, Alejandro Núñez, Andrea Harasimenzuk, Gustavo Fontana, Luis Silva y el médico policial José Morales. Todos están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Todos ellos llegan al juicio en libertad. Los tres imputados más comprometidos llegaron a estar tres años detenidos pero fueron liberados bajo una caución. Recientemente, la querella pidió que sean demorados para el juicio y así asegurar el desarrollo del proceso pero el tribunal rechazó el planteo.
Cinco de los acusados continúan en la fuerza provincial, aunque dos de ellos volvieron a quedar bajo la lupa en otra causa iniciada tras la desaparición de un kilo de cocaína que estaba incautada en un depósito policial el año pasado y fueron pasados a disponibilidad.
Dada la cantidad de actores intervinientes, el debate se desarrollará en la sede del Oberá Tenis Club (OTC) y se prevé la declaración de al menos 40 testigos, varios de ellos internos en las dos comisarías donde Wasyluk estuvo alojado durante sus últimas horas y confían en que superada la etapa posible de coerción muchos de ellos puedan aportar detalles o datos nuevos.
“Muchos de los testigos eran internos y no era fácil para ellos declarar con los policías en contra. La experiencia indica con claridad de que sin miedo de por medio se declaren muchos más detalles o recuerden más hechos. Otros no eran internos pero tenían algún grado de subordinación jerárquica que también influía”, indicó el abogado Pereyra Pigerl.
La fiscalía, en tanto, será representada por Miryam Silke y Elías Bys, y también se prevé la participación del fiscal de Estado Eduardo Fidel Duarte. El debate además será observado por integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones, cuyas autoridades en su momento ya intervinieron en la causa junto al comité nacional reclamando la fijación de una fecha de juicio.
“Es un caso emblemático. Es la primera vez que el fuero penal tiene la responsabilidad de juzgar un delito de estas características”, expresó su presidente, Eduardo Scherer. Según las recientes estadísticas de la Comisión, la Unidad Regional II de la Policía de Misiones, que nuclea las comisarías por donde Wasyluk pasó sus últimas horas hace más de diez años y varias otras de la zona, concentra el 47% del total de las denuncias por malos tratos que se reciben en toda la provincia.
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