“Te voy a enseñar a respetar”: el violento antecedente de la comisaría de San Clemente donde mataron a un detenido

Cuando se conocieron los nombres de los nueve policías de la comisaría 3º de San Clemente del Tuyú que fueron detenidos este sábado tras ser acusados de golpear y matar a un hombre que estaba preso, lo primero que hizo Noelia Knorr fue chequear si alguno de ellos había declarado en la causa que investiga la violenta golpiza que sufrió su hermana Gisela en un calabozo de la misma sede policial, dos años atrás. Después de confirmar que ninguno de los acusados del asesinato de Alejandro Martínez era parte de su expediente sintió algo de alivio, aunque sí se sintió conmovida nuevamente al recordar que su hermana pudo haber tenido el mismo destino trágico que el hombre de 35 años.

“Gisela pudo haber terminado como Alejandro Martínez. Esa es la verdad. Simplemente tuvo suerte”, dijo Noelia en diálogo con Infobae, quien pese a la conmoción en San Clemente por lo ocurrido la semana pasada, no se sintió sorprendida. Como si supiera que era cuestión de tiempo para que algo similar a lo que le pasó a Gisela, sucediera otra vez. Y no se equivocó.

Es que según explicó, ninguno de los policías que declaró en la causa tuvo consecuencias legales ni laborales. De hecho -dice- los vio varias veces trabajando por las calles de la localidad balnearia como si nada hubiese pasado. Apenas alguno que otro fue llevado a otro lugar, pero no mucho más. Sin embargo, hay un motivo de peso que argumenta por qué intuía que un nuevo caso de violencia policial era casi inevitable: el acusado de golpear salvajemente su hermana, el comisario Roberto Fernando Romero, simplemente fue trasladado a otra dependencia después de que Infobae diera a conocer lo ocurrido por aquel entonces.

Pese a estar acusado por los delitos de vejaciones y apremios ilegales, en una causa que sigue el fiscal Gustavo Mascioli de la UFID N° 1 del Partido de la Costa, al uniformado no lo removieron de la fuerza. “Cuando me acerque a pedir explicaciones no me dijeron mucho. Simplemente sé que lo mandaron al conurbano bonaerense”, reveló la mujer. Según registros previsionales consultados, Romero percibió haberes del Ministerio de Seguridad bonaerense al menos hasta octubre de este año.

La tortura a Gisela dos años antes del crimen de Alejandro

El 10 de octubre de 2019, Gisela -de 35 años en ese momento- fue detenida por efectivos de la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú tras protagonizar un accidente de tránsito. A bordo de una moto y en contramano, la mujer había golpeado el espejo de un auto que justo salía de un hotel ubicado en la calle 13 de la ciudad costera, perdió el equilibrio y cayó. El choque fue menor. Gisela y el amigo que la acompañaba (dueño de la moto) resultaron ilesos, mientras que la dueña del vehículo, exaltada, llamó inmediatamente a la policía. Knorr fue llevada a la dependencia.

Horas después fue víctima de una brutal golpiza mientras estaba alojada en el interior de uno de los calabozos. Hay un dato que no es menor. La mujer padece un trastorno de bipolaridad y sufría de adicción a las drogas. Lo correcto en ese caso hubiese sido que los efectivos llamaran a la familia de Knorr para informarles de lo ocurrido. Sin embargo, la esposaron y la encerraron en el calabozo.

Como era de esperarse, la detención afectó casi de inmediato el estado mental de la mujer, quien empezó a gritar y a patear las rejas de la celda para pedir su medicación psiquiátrica. Sin embargo, en lugar de asistirla, primero la amenazaron para que se callara. Golpes de puño y patadas contra la puerta de la celda fueron la única manera que encontró para llamar la atención de los efectivos de la comisaría. Nada servía hasta que de un momento a otro se dio inicio a una secuencia -siempre según el relato que dio ante la Justicia- llena de violencia.

“Quién es la loquita que grita”, habría dicho el comisario Romero para luego ingresar, furioso, al calabozo y golpear varias veces el rostro de la detenida. “Gisela quedó de rodillas y luego le dio no sé cuántas piñas más. Le desfiguró la cara”, relató Noelia en ese entonces, para luego hacer la denuncia por “violencia institucional” ante la UFID N° 1.

“Yo te voy a enseñar cómo se respeta a la comisaría, yegua hija de puta, drogona de mierda”, fueron parte de los insultos que presuntamente le profirió Romero. En ese momento, la mujer perdió prácticamente el conocimiento y finalmente fue llevada al Hospital Municipal de esa localidad, donde quedó internada y fue entrevistada por un equipo de psicólogos, algo clave para descubrir la verdad.

Por la gran cantidad de golpes, Gisela no pudo identificar a la persona que la había agredido. No pudo decir en ese momento que había sido Romero, según su relato. Estaba confundida y había cosas que no recordaba. Salvo por un detalle: la vestimenta del golpeador. Knorr le contó a los profesionales que la atendieron que el hombre que la atacó era de “contextura alta, vestido de remera blanca con un logo en el medio, camisa a cuadrille y un jean”. Hasta ese momento parecía la descripción de un civil. Sin embargo, sucedería algo que cambiaría todo.

Algunas horas después, al hospital llegó un hombre vestido exactamente igual al relato de la mujer, que se identificó como el comisario Romero y que venía a buscarla a Gisela para que continuara con la declaración. Una de las psicólogas que había hablado con la víctima inmediatamente se dio cuenta de que el jefe policial podía ser el presunto atacante y junto con otros dos colegas no permitió que Knorr fuera trasladada.

Varios días después, Gisela pudo declarar y contar lo que le pasó. Se inició la investigación y a Romero lo retiraron de la Comisaría. Al día de hoy, no hay nadie condenado por aquella tortura, ni mucho menos algún responsable político. “De la causa no tuve más noticias pero a raíz de lo que pasó la semana pasada, pienso ver en qué está todo”, advirtió Noelia.

En el expediente, los policías declararon que las lesiones fueron autoinflingidas, un viejo argumento esgrimido por las fuerzas de seguridad que son acusadas en casos de violencia institucional . En ese sentido, la hermana de la víctima recordó que si hubiese sido así, los golpes habrían sido en la cabeza y en la frente. “Si se hubiera golpeado con las rejas, los ojos no los hubiese tenido tan lastimados. Es todo mentira”, recordó Noelia.

Después de que el caso tomó estado público y las imágenes se viralizaron en redes sociales, el concejal Marcelo Pavka presentó un proyecto de ordenanza en el que expresó su repudio contra la agresión y en el que pidió al Ministerio de Seguridad bonaerense que aparte preventivamente de su cargo al comisario mientras se lleva adelante la investigación.

En ese momento la divulgación del caso en este medio contribuyó al traslado de Romero, sumado a la presión legislativa. Infobae dialogó con Pavka, quien dijo que en ese momento, presentó una resolución para que no sólo lo removieran sino que Asuntos Internos de la Policía bonaerense hiciera un seguimiento del caso. Como el caso coincidió con el cambio de gobierno entre la administración de María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, la iniciativa se terminó aprobando recién en 2020. “Para hacerlo tuvimos que eliminar un artículo que hacía referencia a la ‘Doctrina Chocobar’ porque la oposición de Juntos por el Cambio así lo pidió”, explicó el concejal a este medio.

Después de eso, desde el Concejo no se le pudo seguir el rastro a Romero. Apenas supieron que lo trasladaron al Conurbano, aunque no tienen conocimiento de dónde puede estar cumpliendo funciones. “Hay que terminar con esto de los traslados como castigo único. Cuando algo así pasa, lo hacen es mandarlos a una departamento más chico. Igual que la Iglesia en los casos de curas abusadores”, reclamo el edil, quien otra vez pidió desde el Concejo una rápida resolución del crimen de Alejandro Martínez y expresó repudio por lo ocurrido el 18 de noviembre pasado.

Gisela hoy pudo rehacer su vida. Trabaja temporariamente en hoteles de San Clemente del Tuyú como mucama. Sigue un tratamiento psiquiátrico en el hospital municipal y está saliendo adelante como puede. “El personal de Salud Mental se portó muy bien con ella y por fortuna no terminó muerta. Yo la verdad no puede seguir el caso como hubiese querido porque para eso hay que tener una abogado y no tengo los medios económicos para hacerlo. Pero con esto que pasó, vamos a reactivar todo como pueda”, insistió.

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