El 23 de octubre pasado, L.G., una joven de 24 años nacida en Paraguay, fue víctima de una feroz golpiza mientras caminaba por la esquina de la calle Teodoro García y la Avenida Forest, en el barrio porteño de Chacarita. Fue abordada por dos mujeres y un hombre, quienes la golpearon en la cara, en la cabeza, la tomaron del cuello y la arrastraron por el piso. Pero no fue un ataque casual. L.G. conocía a los agresores. Uno de ellos era Aníbal B. (26), su pareja hasta hacía algunos días, un joven que durante los últimos meses la sometió a un infierno de violencia de género mientras convivían en las calles de la villa Fraga.
Antes de irse y dejarla herida en varias partes del cuerpo, el hombre y sus dos acompañantes le advirtieron que si la veían nuevamente por la zona, la matarían. Después se fueron.
Este ataque, ocurrido hace menos de 20 días, fue el último de una serie de 11 agresiones brutales que Aníbal B. perpetró contra L.G. y su familia en muy poco tiempo y por el cual fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, luego de acordar un juicio abreviado con la fiscal Gabriela Morelli, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Falta Nº3, especializada en Violencia de Género.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el fallo se dio en un tiempo exprés. Es que luego del ataque número 11, el violento fue detenido a las 72 horas por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, a cargo de la jueza Susana Parada. Dos días después del arresto, la magistrada homologó el acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y el acusado y por eso ahora Aníbal B. está preso.
Este medio tuvo acceso a documentos judiciales que dan cuenta del horror que padeció L.G. durante el tiempo que fue pareja del acusado. De acuerdo con el fallo, el joven de 26 años fue declarado culpable de los delitos de lesiones leves, tenencia de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y coactivas, desobediencia a las medidas restrictivas impuestas por el MPF, todo ello en el marco de la violencia de género ejercida sobre la misma víctima, L.G. Además, lo declararon reincidente porque tenía condenas previas por otros delito.
El ensañamiento contra ella estremece y las agresiones abarcaron casi todo el abanico de golpes y vejámenes que se pueden llegar a imaginar.
El recuento de la violencia
El caso se inició el 29 de septiembre pasado cuando la Fiscalía PCyF Nº8, a cargo de Maximiliano Vence, ordenó la detención en flagrancia de Aníbal B. por lesiones y amenazas reiteradas, enmarcados en contexto de violencia de género, contra L.G. en las inmediaciones del barrio de emergencia Fraga. Después de imponerle medidas restrictivas, lo liberó. Según se detalla en el fallo, esa primera agresión registrada por la Justicia ocurrió en el sector de casas derrumbadas ubicadas en el sector 4, manzana 7.
Allí, el hombre la tomó del cuello, la empujó hacia adentro de una casa demolida, luego le propinó varios golpes de puño en el rostro, la arrastró del pelo y le dio patadas en el cuerpo. Como pudo, L.G. quiso escapar y para impedirlo, el atacante tomó un palo y empezó a pegarle de vuelta. “Te voy a matar”, le dijo en el medio de su furia. Después la estranguló por unos segundos. El resultado: lesiones en la cara, en los ojos, cortes, excoriaciones y raspaduras. Fue la hermana la que avisó a la Policía acerca de lo ocurrido. Cuando los dos efectivos llegaron, se encontraron con Aníbal al lado de la joven cubierta de sangre en el rostro.
“¿En serio me vas a denunciar? ¿En serio? Te voy a matar, te vas a arrepentir”, le gritaba el hombre mientras ya estaba bajo el control de los uniformados. Para ese momento, a L.G. la acompañaban tanto la hermana como de su madre. Pero al agresor parecía no importarle nada. En ese momento también profirió amenazas contra las dos mujeres. “Hijas de puta, las voy a matar (...). Paraguaya de mierda te voy a matar, yo voy a salir y te voy a ir a buscar. Sé donde vivís, te voy a prender fuego la casa”, agregó.
El 4 de octubre, la causa fue asignada a Morelli. Fue entonces que se intentó contactar a la víctima, tanto desde la Fiscalía como de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Además, se reunieron las certificaciones de condenas previas del imputado. Fue entonces que la Justicia pudo dar cuenta del estado de vulnerabilidad extrema y miseria de la víctima.
Según las fuentes judiciales, L.G. estaba en situación de calle dentro del barrio Fraga. Había dejado sus pequeños hijos al cuidado de su madre y de su hermana y acudía al asentamiento para comprar droga, ya es una persona adicta y había sufrido una fuerte recaída luego del tratamiento al que se había sometido para dejar de consumir. Su proveedor -indicaron- era Aníbal.
Las agresiones no se detuvieron. De hecho, fueron todavía más y mucho más crueles. Algunas se las relató la propia víctima a su familia. Otras, en cambio, eran de vecinos de la villa que se comunicaban con la mamá de L.G. para advertirle que si no hacía algo, su hija podría morir a manos de su pareja. En algunas, los testigos observaron cómo L.G. caía inconsciente en las calles del asentamiento. Pero nadie hacía nada.
El 13 de octubre, por ejemplo, hacia las 17:30, el hombre nuevamente atacó a la joven. Aquel día, le dio golpes en la boca y en el ojo, y también la arrastró por el piso. No fue lo único. La roció con alcohol en el pelo y le exhibió de modo amenazante un encendedor. Quería quemarla pero finalmente desistió. Para ese momento estaba vigente una medida cautelar de acercamiento pero claramente no surtió ningún efecto.
Dos días después retomó las golpizas y otra vez le propinó piñas en las mejillas y en la mandíbula. El 18 de octubre ocurrió una de las más brutales agresiones de la serie de 11 hechos registrados y juzgados por la justicia.
El escenario fue Teodoro García y Avenida Forest. Aníbal increpó a L.G. y le preguntó con insultos en qué lugar había estado. La joven en ese momento tomó coraje y le contestó que no quería estar más en pareja con él y que podían ser amigos. La furia lo invadió de vuelta.
“Sos una puta, te voy a matar, seguro te estás cogiendo a otro”, le dijo el hombre según consta en el fallo del juicio abreviado. La tomó fuertemente del cuello, la pateó en los brazos, las piernas y los glúteos. Además, la arrastró del pelo hacia el interior del barrio y la amenazó de vuelta: “te voy a prender fuego, no te vas a ir a ningún lado”, aseguró. L.G. finalmente pudo escapar y se fue a la casa de su mamá.
En una de las oportunidades en que acudió para refugiarse con su familia, llegó a ser entrevistada por personal especializado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF porteño. Además, le otorgaron un botón de pánico. Pero las adicciones pudieron más contra su voluntad y L.G volvió otra vez a la villa Fraga.
La complicada intervención de la Justicia y las denuncias
La investigación se desarrolló como un caso prioritario de acuerdo con la nueva política criminal fijada por la Fiscalía General. La gravedad de las conductas de los implicados, el contexto de violencia, la especial vulnerabilidad de la víctima y circunstancias del agresor fueron la razón para que las autoridades consideraran el caso de L.G. como prioritario.
En paralelo, las agresiones continuaban. El 21 de octubre, Aníbal comenzó a patearle la cabeza a la joven de 24 años. Aunque no lo hizo solo. Ahora estaba acompañado por su hermana y su madre, quienes también se sumaron a la golpiza. Una de la daba piñas y la otra la tomaba del pelo y la arrastraba por el piso. L.G. quedó inconsciente. Los 11 hechos por los que fue condenado no sólo incluyen los golpes a la joven. Abarcan también las amenazas contra su suegra y su cuñada. Por eso la justicia consideró que no se trata de hechos aislados sino de una forma violenta de comportamiento por parte del acusado.
La Fiscalía trató de tomar medida para dar con la víctima dentro del asentamiento, así como asistir a su familia para contenerla. También se requirió la intervención del Juzgado Civil para que ordenara las medidas necesarias para salvar a L.G. La joven hizo varias denuncias contra su pareja pero siempre de alguna manera caía otra vez en sus redes. El 20 de octubre, cuando todo estaba por terminar, L.G., denunció que ese día él quiso mantener relaciones sexuales pero ella se negó. La contestación fue acorde con su personalidad iracunda.
“Hija de puta me estas engañando, te voy a prender fuego, me voy a meter con tu familia, con tus hijos, con todos, te voy a dejar pelada, te voy a hacer sufrir”, le gritó. Luego la manoseó en sus partes íntimas y le robó el dinero que la joven llevaba encima. La ahorcó nuevamente y la golpeó. Por este caso se iniciaron actuaciones por abuso sexual simple, lesiones leves, amenazas y robo, con trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35.
El fallo es concluyente en cuanto a la violencia de Aníbal B. De acuerdo con el documento judicial, el hombre “habitualmente denigraba y humillaba” a la víctima durante un período no mayor a tres meses y en un contexto de clara violencia de género doméstica, “a través de múltiples golpes, patadas, ahorcamientos y amenazas de muerte”.
En ese sentido, la justicia recordó el brutal comienzo de todo. El momento en que el acusado comenzó a expresar su verdadera raíz violenta. Fue le 27 de septiembre, dos días antes del primer episodio por los que fue juzgado. Ese día, L.G. le dijo a su pareja que se había colocado un chip anticonceptivo para evitar futuros embarazos, ya que ya tiene ya hijos de 9 y 6 años.
La respuesta del hombre ya dejó en claro lo que vendría después: “Te voy a cortar el brazo, te lo voy a sacar”, le dijo. Luego la tomó del cuello pero gracias a la intervención de la policía que estaba en ese momento, la situación no fue más grave, aunque sí fue muy agresiva. Aníbal B. forcejeó con los efectivos que le dieron la voz de alto y por eso le labraron un acta. 48 horas después comenzaría la saga de ataques que lo tendrán por los próximos cuatro años preso y con la prohibición de acercarse a L.G., su suegra, su cuñada y los hijos de su ex novia.
Además, deberá pagar 50 pesos en concepto de tasa judicial.
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