Mientras la comunidad marítima argentina aún no se recupera del estupor provocado por el doble homicidio que el Piloto de Ultramar Carlos Lima perpetrara al filo de la medianoche del sábado pasado, cuando asesinó a los capitanes de ultramar Alejandro García(39) y Juan Pegasano (48), comienza a correrse el telón sobre cuestiones que podrían haber evitado la masacre a bordo.
El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak intenta desentrañar no solo las razones que desembocaron en la muerte de los dos marinos mercantes, sino también todas las cuestiones tangenciales al hecho para determinar las responsabilidades colaterales que emergerán de la tragedia.
La primera disposición del magistrado fue la que autorizó -en horas de la tarde del sábado- el retiro de los cuerpos de los dos oficiales muertos y el desembarco de oficio del detenido y autoincriminado, el Tercer Oficial Carlos Lima.
Al quedar el buque tripulado solamente por un oficial con habilitación en navegación -Segundo Oficial de Cubierta, Carlos Discenza-, el juez Kreplak debió resignarse a autorizar el embarque de un nuevo Capitán y de un Piloto de Ultramar para completar la dotación mínima para llevar la nave a puerto. El magistrado no quería a bordo a personas ajenas a los sucesos de la medianoche del sábado, pero finalmente aceptó porque no había otra forma de poner la nave en movimiento.
Si bien en la embarcación se encontraban el Jefe de Máquinas y su primer, segundo y tercer oficial, sin oficialidad de la especialidad cubierta la nave no está habilitada para navegar. Desde PNA recuerdan, “Todo buque tiene una dotación de explotación y una de seguridad. Está última es la que determina la aptitud para la navegación”.
Con el atraque del “Ayane” durante la mañana ayer en la terminal petrolera de La Plata, personal judicial pudo tomar contacto con la escena del crimen y comprobar además la forma en la que la fenomenal balacera desatada por Lima no solo terminó con la vida de García y Pegasano, sino que además originó destrozos en varios de los equipos de navegación. Asimismo, se constató la existencia de varios impactos de bala en la puerta del camarote del Segundo Oficial Discenza, quien salvó su vida por tener la puerta de su alojamiento cerrada con llave.
Las intrigas que preocupan a la Justicia
Aún cuando en principio todo indicaría que la saña con la que Lima ejecutó a sus superiores, y el empeño que puso en dar con el paradero del 2° oficial de cubierta para matarlo se debieron al hecho de que había sido informado que sería desembarcado por inconducta ni bien el buque tocara tierra, hay otros interrogantes por despejar.
Los funcionarios judiciales se encuentran enfocados en despejar las siguientes incógnitas: 1) ¿Cómo obtuvo Lima su titulación de Oficial de la Marina Mercante Argentina?; 2) ¿Por qué a pesar de su edad (52) el homicida apenas era Tercer Oficial?; 3) ¿Cómo es posible que habiendo sido condenado por intento de homicidio, el agresor superó la férrea exigencia de buena conducta que debe observar el personal embarcado?; 4) ¿Cómo aprobó la revisación médica física y psíquica que la Prefectura Naval exige a los marinos mercantes?; 5) ¿Cómo llegó el homicida a ingresar al buque con un arma a pesar de la estricta prohibición en materia de armamento que rige en buques tanque?.
Con los primeros testimonios recogidos a bordo, la investigación judicial tiene en la mira a varios organismos públicos y privados, entre los que se destacan la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina, el Registro Nacional de Reincidencia Criminal, el instituto médico que confeccionó los últimos exámenes psicotécnicos a Lima, el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante y -fundamentalmente- a la empresa armadora por ser la responsable del control, registro y seguridad de toda persona que sube a sus unidades; entre ellos los capitanes y oficiales.
El deslinde de responsabilidades
Infobae realizó una serie de consultas con responsables de la investigación y expertos en la temática marítima a partir de las cuales se obtuvieron las siguientes afirmaciones.
Prefectura Naval Argentina: La institución en su carácter de Autoridad Marítima Nacional es la responsable de llevar el registro matriz del personal embarcado e inscribir en el mismo a todos los marinos habilitados para navegar.
Para que esta habilitación proceda, y tratándose de un oficial, el interesado debe acreditar que posee el título profesional y certificaciones complementarias emitidas por la Armada Argentina, también que ha cumplimentado las exigencias psicofísicas conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Marítima Número 2/13 y la presentación del certificado de reincidencia criminal.
Según lo manifestado por oficiales de la PNA, la revisión médica es realizada en hospitales públicos o privados por el propio interesado, siguiendo las pautas establecidas por la fuerza policial y en forma bianual son presentadas ante el Departamento Sanidad. En esa dependencia se constata la documentación aportada y, si todo está de acuerdo a la norma, se estampa el “Apto Médico” con o sin restricciones -según existan o no limitaciones- en el documento de embarco del tripulante.
Armada Argentina: Desde la Armada confirmaron a Infobae que la aptitud psicofísica de un aspirante a oficial de la Marina Mercante es supervisada por la Institución, mientras este es cadete de la Escuela Nacional de Náutica y de la misma forma sus antecedentes penales.
Luego la fuerza examina a los egresados para su ascenso y demás exigencias de capacidad intelectual, pero ya no se ocupa de aspectos sanitarios ni penales siendo esto resorte de la Prefectura Naval.
También desde la Armada se aclaró que Lima egresó de la Escuela de Náutica como Oficial de Comunicaciones y posteriormente reingresó para convertirse en Oficial de Puente. Ello explica por qué hay una discordancia entre su edad y su jerarquía. Vale acotar que entre ambas titulaciones navales, el asesino se incorporó a la Policía Bonaerense, de donde luego fue exonerado.
Centro de Capitanes de Ultramar: La alarma encendida sobre la entidad profesional que nuclea a los marinos de cubierta (Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante) se origina en los dichos de varios colegas de Lima que alertaron sobre su peligrosidad. La mirada de la justicia apuntará a descubrir si las múltiples advertencias revistieron alguna formalidad administrativa o solo fueron comentarios informales. En caso de no haber escritos formales, el gremio no tendría facultades para quitarle el trabajo a un asociado. “Somos una entidad sindical, no un organismo policial”, explicó a este medio un veterano Capitán de Ultramar.
También desde la fiscalía se requerirán precisiones al centro médico que consideró que Lima estaba psicológicamente apto para ejercer la actividad profesional de Piloto de Ultramar. El examen psicológico es tal vez el único sobre el que la Prefectura Naval no recibe documentación respaldatoria que certifique el dictamen. “El marino trae a sanidad sus radiografías, análisis y electrocardiograma, pero no presenta los test que el profesional psicólogo le pudo haber realizado”, recuerdan desde la Prefectura.
El doble misterio del arma y la responsabilidad empresaria
La Justicia ya tiene acreditado que a bordo del “Ayane” no había armas provistas para un eventual uso del capitán en caso de emergencia. " Desde hace años, y por recomendación de la OMI ( Organización Marítima Internacional), se decidió eliminar las armas de los buques mercantes, ya que eran más los perjuicios que se originaban a bordo que los eventuales beneficios”, indicaron a Infobae desde la Liga Naval Argentina.
Además, por tratarse de un buque petrolero, ni la Prefectura puede embarcar portando armas porque la atmosfera inflamable no lo aconseja. Por lo tanto, no solo se trata de dilucidar si el imputado la arrojó al agua sino -fundamentalmente- como la ingresó a bordo del Ayane.
Es en este punto donde la empresa armadora se encuentra severamente comprometida, porque la seguridad interior del buque es su responsabilidad exclusiva.
El Código BPIP
Luego del ataque terrorista a las torres gemelas de NY se consideró a nivel internacional que las terminales portuarias y los buques en si mismos podrían llegar a ser objetos de interés para la actividad terrorista, y que el poder de daño que ello entrañaba era superior incluso al vivido durante la jornada del 11 de setiembre de 2001.
Se crea así el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) mediante el cual se “fortificaron” todas las terminales portuarias.
A partir de la vigencia del código se prohibió el acceso y tránsito de cualquier persona ajena a operatoria de puertos y buques y, sin delegar el rol del estado en cuanto a la seguridad, se dejó en cabeza de las empresas portuarias y navieras la responsabilidad de velar por la seguridad dentro de las instalaciones fijas y flotantes que en cada caso operen.
Al menos en teoría, el personal de seguridad apostado en el acceso al buque operado por Bahía Grande ( cuando se encuentra en puerto) tiene la responsabilidad de la requisa del equipaje de todo tripulante que asciende o desciende de la nave. También a bordo debe haber un oficial de cubierta o máquinas que asuma el rol de “Oficial de Seguridad”
Alcohol, drogas y especialmente armas de fuego, o agentes nocivos para la salud o la seguridad, deben figurar como prohibidos en los manuales de procedimiento que cada empresa comercial presenta ante la autoridad marítima para su aprobación en forma previa a su puesta en práctica.
Una vez más, desde la Liga Naval -entidad especializada en cuestiones navales y marítimas- se indica que, “sin perjuicio de las actuaciones penales que lleva adelante la Justicia federal, la empresa operadora del “Ayane” se enfrenta a un juicio civil de magnitudes sin precedentes en la historia marítima nacional, ya que no solo las victimas se encontraban en su lugar de trabajo sino que además el homicida era un dependiente directo de la naviera, lo que potencia al infinito la responsabilidad civil emergente”.
Varios tripulantes consultados reconocieron que en la práctica, y en virtud al conocimiento que normalmente las tripulaciones van adquiriendo en forma recíproca, se torna muy molesto solicitarle a un compañero o incluso a un superior que muestre sus pertenencias.
Fuentes cercanas a la naviera Bahía Grande anticiparon que en las próximas horas emitirán un comunicado tendiente a llevar tranquilidad no solo a las familias de las distintas tripulaciones de sus naves, sino además al Estado Nacional y a Cammesa, ya que buques como el Ayane ingresan a terminales de descarga altamente sensibles como son las centrales térmicas generadoras de energía a las que abastecen de combustible.
También se espera un comunicado oficial del Centro de Capitanes de Ultramar relacionado con los presuntos antecedentes de violencia de Lima, aunque hasta el momento la centenaria entidad profesional de marinos se ha limitado a publicar sendos avisos fúnebres en homenaje a sus asociados caídos en servicio.
Por estas horas se evalúa el recambio total de la tripulación del petrolero, no solo por el alto estado de estrés que presentan los marinos que fueron testigos de la masacre perpetrada por Lima sino además para que se encuentren disponibles a requerimiento judicial.
El buque petrolero Ayane
Se trata de una unidad naval apta para el transporte de productos livianos derivados del petróleo y/o productos químicos que está registrado en la OMI bajo el número 9395991 y enrolado bajo el registro de Malta, aunque de acuerdo a la legislación vigente tiene tratamiento de buque de bandera argentina y es tripulado por marinos nacionales en su totalidad. Está charteado a casco desnudo desde 2020 por la empresa naviera Bahía Grande que opera en diversos rubros del mercado naviero desde 1987.
Su eslora es de 144 metros, su manga es de 23 metros y tiene una capacidad de carga de 19.000 m3. De acuerdo a la información brindada por su operador local, está dedicada en forma exclusiva al transporte de hidrocarburos para CAMMESA ( Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)