Durante los últimos 15 años, el negocio de la venta de cocaína se convirtió en la clave criminal de la zona roja de La Plata, el área de la capital provincial ubicada entre las calles 2 y 64, frecuentada por trabajadoras sexuales trans que se convierten en el último eslabón -y el más débil- de la cadena narco.
En los últimos meses, una nueva causa a cargo de la UFI N°18 del fiscal Néstor Tesón, bajo la firma de la jueza Marcela Garmendia e investigada por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, reveló un nuevo capítulo en la historia. Con un expediente que comenzó a investigarse en julio, los efectivos obtuvieron datos de inteligencia y filmaciones encubiertas que permitieron identificar y arrestar a doce personas, muchas de ellas mujeres trans de nacionalidades peruanas y ecuatorianas vinculadas al comercio directo, a pasamanos de bolsas y a viajes de delivery.
Se realizaron 12 allanamientos el mes pasado entre La Plata y Berisso. Hubo incautaciones. Se secuestraron ocho kilos de marihuana, más de un kilo de polvo, 400 gramos de bicarbonato de sodio para cortarlo, 30 celulares que podrán ser peritados, cuadernos de anotaciones, 288 mil pesos. También se hallaron armas: dos pistolas, un pistolón, tres revólveres calibres 22, 32 y 38 con la numeración limada, así como 50 municiones.
La investigación no terminó allí. Los detectives fueron un nivel más arriba en la cadena para buscar a los proveedores de la droga, los mayoristas que proveen el polvo que venden las mujeres trans en estado de vulnerabilidad en La Plata. Esta semana, hubo nuevos resultados.
Esta semana, luego de intervenir 18 líneas, con 2.500 horas de conversaciones escuchadas, identificaron y arrestaron a ocho sospechosos en 13 allanamientos en territorio porteño, en operativos donde participaron divisiones como la UTOI. Cinco de esos objetivos estaban ubicados dentro de la villa 21-24 en Barracas. Según confirmaron fuentes del caso, se secuestró un kilo de cocaína, armas, 4,6 millones de pesos y más de dos mil dólares.
Las escuchas del caso -que son parte de esta nota- revelan compras con términos jocosos. “Milanesas de buen relleno”, pide un cliente. “Me reventó el hocico”, reclama otro por la calidad del material. Dos hermanos peruanos, Marisienka y Rómulo Timana, fueron acusados de proveer a las vendedoras trans platenses. Sin embargo, ellos mismos compraban a otros proveedores, simples intermediarios. Víctor Hugo Pizarro Bonilla, peruano también, alias “Tito”, de 55 años, sería su nexo en la zona de Barracas junto a Sadith Milagritos Tabarne, su pareja.
La cadena va aún más arriba. En otros diálogos de la causa, directamente, se habla de uso de sicarios peruanos para imponer el orden transa en el asentamiento. Dos hombres de nacionalidad boliviana, Mario y Emanuel González, son quienes conversan, según fuentes del caso. Estos dos serían la cima de la pirámide, los dueños de la coca que llega a la zona roja de La Plata. Los dos fueron arrestados junto con la pareja de Emanuel, una mujer de nacionalidad argentina.
La problemática de las mujeres trans detenidas en la zona roja platense es histórica, con un circuito que se agrava con condenas duras en los tribunales locales y luego en los penales bonaerenses.
En 2016, el juez Juan José Ruiz firmó un polémico fallo en donde condenaba a cinco años y tres meses de cárcel a una travesti peruana que había sido encontrada con un gramo y medio de cocaína dos años antes, una decisión que generó indignación en colectivos. Su condición de extranjera se consideró un agravante, según el Ministerio Público de la Defensa que repudió la decisión. “En violación a la Ley de Identidad de Género, la sentencia se refirió a la acusada como ‘el travestido’ o con el nombre masculino consignado en su documento, y no con el que se corresponde con su identidad autopercibida”, recordaba un comunicado.
En 2017, cinco policías de la Bonaerense fueron arrestados por la PFA por estar involucrados en el tráfico de droga de la zona.
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