Acusaron por homicidio por alevosía a los papás de la beba de dos meses que murió tras ser golpeada en Paraná

La Justicia sospecha que la sometían desde hacía aproximadamente un mes y que los golpes le provocaron “una lesión cerebral de tipo traumática”

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Cristian Hernández (24) y Ariana González (22) acusados de matar a su beba de 2 meses en Paraná, Kathaleya Quetzaly
Cristian Hernández (24) y Ariana González (22) acusados de matar a su beba de 2 meses en Paraná, Kathaleya Quetzaly

“Fue una muerte violenta, por conjunción de cosas y muchas lesiones”, así sintetizaron fuentes de la investigación a Infobae las causas que llevaron a la Justicia entrerriana a pedir la prisión preventiva por 60 días de la pareja detenida por la muerte de su beba de 2 meses en Paraná. Ambos padres quedaron acusados de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. La Justicia sospecha que la sometían desde hacía aproximadamente un mes.

La medida fue adoptada por la jueza Paola Firpo contra Cristian Gabriel Hernández (24) y Ariana Gisele González (22), los papás de Kathaleya Quetzaly, la bebita que murió el 12 de octubre pasado, así lo indicaron los voceros mediante un comunicado.

Hernández seguirá detenido en la Unidad Penal N°5 de la ciudad de Victoria, mientras que González quedará en arresto domiciliario bajo la responsabilidad de su madre, lo que la jueza permitió tras acceder a un informe realizado por la psicóloga María Zelmira Barbagelata y la médica psiquiatra María Eugenia Londero, del Cuerpo Médico Forense de Entre Ríos.

Además, la jueza Firpo ordenó el traslado de González a los hospitales San Roque y San Martín de Paraná para su atención clínica médica y psicológica psiquiátrica, debido a que padece epilepsia, agregaron las fuentes.

La autopsia realizada al cuerpo de la beba determinó que la muerte fue ocasionada por “múltiples agresiones previas”. La niña presentaba hematomas en diferentes estadíos evolutivos en múltiples regiones corporales y fracturas óseas, según se detalló en el comunicado. Ahora, se aguarda el resultado de los exámenes complementarios a la autopsia.

Arroyo Correntoso y Medrano, en la ciudad de Paraná
Arroyo Correntoso y Medrano, en la ciudad de Paraná

Todo comenzó el 12 de octubre pasado al mediodía. González llamó al 911 desde su casa de Paraná porque su bebé no respiraba. Un patrullero que estaba muy cerca de la propiedad llegó al lugar y se llevó a la madre y a su hija. Uno de los policías intentó reanimar a Kathaleya camino al hospital Militar. Ya en la guardia, los médicos no pudieron hacer nada por la niña: estaba muerta.

Ante esto, se dio intervención a la justicia y quedaron a cargo de la investigación las fiscales Evangelina Santana y Jimena Ballesteros, quienes explicaron que los hechos ocurrieron en el domicilio que compartían los acusados y la beba en las calles Arroyo Correntoso y Nazario Medrano, de Paraná. Allí alquilaban hacía un año.

La fiscal Santana, mientras tanto, le pidió a la División de Homicidios de la Policía de Entre Ríos mantener bajo resguardo a los padres, asegurar la casa que alquilaba la familia y tomar declaraciones al entorno de la pareja para conocer cuál fue el cuidado que tuvo la beba en estos 2 meses.

Fueron 15 las personas entrevistadas. Luego de eso, la fiscal pidió el allanamiento y relevamiento de la casa de Arroyo Correntoso y Medrano, y dispuso la detención de la pareja. El informe preliminar de la autopsia fue clave.

Hernández y González, mediante agresiones físicas y golpes de diversa entidad que se habían iniciado con una antelación no menor a 30 días, le provocaron “una lesión cerebral de tipo traumática que le produjo la muerte” a su hija, según se detalló en la acusación.

Ambos “incumplieron su deber de evitar todo tipo de riesgo para su vida y prevaliéndose de su mayor fuerza física y de la nula capacidad de defensa de la niña”, agregaron. Otras fuentes dijeron a este medio: “No tenían ni idea de lo que es cuidar un bebé”.

La fiscal Ballesteros señaló a la prensa local que se está “ante un caso muy grave, cuya investigación está en sus inicios, y con riesgos procesales que se debían neutralizar”, al justificar las prisiones preventivas de los padres.

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