Crimen de Fernando Baéz Sosa: cuándo comenzaría el juicio a los rugbiers

El camino al juicio oral por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por ocho rugbiers a la salida de un boliche de la ciudad de Villa Gesell en el verano de 2020, tuvo este miércoles una jornada clave: la audiencia preliminar ante el Tribunal Oral y Criminal Nº1 de Dolores, en la que las partes exhibieron ante los jueces las pruebas y testimonios que pretenden ingresar al debate. Duró tres horas y desde la querella le indicaron a Infobae que ya les “adelantaron que el juicio no será antes del segundo semestre de 2022″.

“Lo más trascendente, en función de la cantidad de testigos y de la complejidad de los interrogatorios, es que los jueces ya adelantaron que el juicio recién podrá hacerse pasada la mitad del año que viene, con suerte, sobre todo por la complejidad de la prueba”, explicó Fabián Améndola, uno de los abogados que junto a Fernando Burlando representan a la familia de la víctima. Justamente, ellos presentaron 150 testigos.

Las dos partes salieron satisfechas de los tribunales de Dolores, según pudo saber este medio, y desde la defensa de los rugbiers siguen a la espera de la resolución del recurso de queja que presentaron ante la Corte Suprema el lunes, luego de que el máximo tribunal bonaerense les rechazara un recurso extraordinario federal: Hugo Tomei, abogado de los imputados, encabeza ese planteo donde insiste en que el fin de semana que los acusados fueron detenidos no se cumplió correctamente con las formas que establecen los artículos 308 al 315 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con los medios frente a los tribunales, Burlando se quejó, precisamente, de los planteos del defensor Tomei.

La audiencia comenzó pasadas las 11 en la sede del tribunal y finalizó a las 15. Se hizo bajo una modalidad semipresencial, debido a los protocolos vigentes por la pandemia. En el recinto estuvieron únicamente presentes los magistrados, secretarios, el fiscal de juicio Juan Manuel Dávila, los abogados querellantes Burlando y Améndola y Tomei, el defensor de los imputados.

Los ocho rugbiers acusados no fueron trasladados desde la Alcaidía N°3 del penal bonaerense de Melchor Romero donde están recluidos. Participaron de la diligencia en forma remota, mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams.

“Esta audiencia preliminar, conocida como del artículo 338, tiene por objeto establecer cuáles son los medios de prueba que las partes pretenden que ingresen al juicio para que este tribunal lo pueda analizar. Esto es, lo que se pudo recolectar durante la etapa de instrucción. De eso las partes eligen qué pruebas quieren usar en el debate para probar justamente la exposición de cada uno”, había explicado el abogado Améndola antes de ingresar al tribunal.

En ese sentido, el letrado detalló que, luego de la presentación del pliego probatorio, el Tribunal quedará en condiciones de establecer la fecha de comienzo del juicio oral. Pese a esto, Améndola aclaró que “lo único seguro” es que el debate no ocurrirá este año. Tras la audiencia ampliaría que los jueces estimaron recién el segundo semestre de 2022 como fecha probable de inicio del debate.

Tras la audiencia, “el Tribunal quedará en condiciones de establecer cuántas jornadas va a demandar el juicio y, en función de eso, disponer cuándo será su inicio. Seguramente serán muchas jornadas porque hay muchísimos testigos, peritos, pruebas y el juicio demandará muchas jornadas. Estimamos que sea con suerte en 2022”, resaltó el abogado querellante sin saber que justamente eso remarcaría luego los magistrados.

En rigor, la presentación formal de las pruebas ya se hizo de manera escrita, de acuerdo con lo que señaló el letrado. La audiencia de hoy tuvo por objeto que el los jueces las ratifiquen.

En la notificación del TOC 1, reseñada por la agencia Télam, los magistrados María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari exhortaron a las partes “a celebrar en forma conjunta –en la medida de lo posible-, acuerdos probatorios centrando el objeto del juicio de manera tal de evitar reproducción de prueba superabundante o superflua, con el correspondiente dispendio jurisdiccional que ello trae aparejado”.

Respecto a este pedido, Améndola indicó que desde la querella consideran que todos los testigos que presentaron son importantes para el debate. “El Tribunal pidió en su momento que se acote el número de testigos a la menor cantidad posible sin que eso cercene derechos. Son algo así como 150 testigos los que presentamos. Tenemos listados 132 pero hay algunos en común con las otras partes”, aclaró.

En la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Villa Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, se acusa a Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22) del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

El crimen de Báez Sosa ocurrió la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique, en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

El episodio quedó registrado por varias cámaras de seguridad y teléfonos celulares de personas presentes en la zona. Fueron esas imágenes las que permitieron identificar a los agresores y detenerlos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras de la discoteca.

Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.

En el marco de la investigación, la Justicia sobreseyó a otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20). Además de juzgarlos por el homicidio, los jóvenes acusados deberán también responder por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, quienes se encontraban con él cuando fue asesinado.

La fiscal indicó en su pedido de elevación a juicio que “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.

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