Oscar “Chapu” Chamorro es un hombre que le debe varias explicaciones a la Justicia. El ex empleado de la Aduana, de 61 años, fue seriamente implicado en una de las causas de narcotráfico más icónicas de la historia argentina, conocida como “Carbón Blanco”. Allí está acusado de ser funcional para el egreso de 4 toneladas de cocaína camufladas en carbón vegetal que tenían como destino Europa. El caso lo llevó a la cárcel de Ezeiza, donde permanece desde 2017, a la espera de enfrentar un nuevo juicio para la causa.
En la mañana de ayer miércoles comenzó un nuevo proceso oral en su contra aunque no por este expediente, sino por uno mucho más aberrante: la Justicia de Quilmes lo juzgará por engañar a una menor de su entorno y a tres de sus amigas, para supuestamente abusar de ellas y obligarlas a grabar videos pornográficos caseros que luego compartía con amigos.
En el expediente, a cargo de la fiscal Mariel del Valle Calviño, se describe el inicio de los hechos que habrían derivado en los abusos. Los detalles sorprendieron por su crudeza a más de un empleado judicial.
Una noche de sábado de 2007, Daniela -un nombre ficticio empleado en esta nota para proteger a la víctima- y tres de sus amigas cometieron una travesura propia de sus 13 años. Las jóvenes se escaparon de sus casas para ir a un boliche quilmeño, Club 21. Utilizaron la excusa de un pijama party para engañar a sus padres y luego escapar. Al día siguiente, cuando volvieron a sus casas, pensaron que nadie se había dado cuenta.
Hubo una persona que si se enteró: “Chapu” Chamorro, parte central del entorno de Daniela.
El martes siguiente a esa escapada sonó el teléfono de línea en la casa de la menor. Estaba sola, por eso fue ella quien contestó. Del otro lado un hombre con un acento cubano le dijo: “Sé que el sábado te escapaste de tu casa y fuiste con tres amigas a un boliche. Me enteré de todo. Van a tener que hacer lo que les digo porque si no les voy a contar a tus papás”. Daniela sintió miedo y cortó.
Inmediatamente le contó a sus amigas que, con la inocencia característica de los 13 años, entraron en pánico. Juraron no decirle nada a nadie. Pensaron que quizás era algún amigo con ganas de molestarlas. Nunca imaginaron todo lo que vendría después.
Algunas horas más tarde, esa misma noche del llamado, Chamorro volvió más temprano de lo usual a la casa de la menor, donde la encontró. Le dijo que el supuesto cubano se había comunicado también con él. Le aseguró a la nena que había mantenido una charla donde el hombre había amenazado, además, con matar a su madre. La menor comenzó a llorar. Chamorro le aclaró que la única solución era hacer lo que el supuesto cubano exigía.
“¿Y qué quiere?, preguntó Daniela. “Quiere que le mandemos unos videos. Hay que hacerle caso”, le respondió el presunto narco.
“Recuerdo perfectamente que Daniela nos llamó para contarnos y nos asustamos mucho. Acordamos entre las cuatro que lo mejor era hacer caso. Confiábamos mucho en Chamorro, en todo momento creímos que estaba ayudando. Éramos muy chicas, inocentes y teníamos miedo. Daniela nos contó que teníamos que ir a su casa de a una en días diferentes para grabar los videos que el supuesto cubano nos pedía”, cuanta a Infobae una de las víctimas que hoy tiene 25 años y aún recuerda todo lo sucedido.
En el primero de los abusos que fueron denunciados, Chamorro habría llevado a una habitación a Daniela y a una de sus amigas. El hombre colocó, siempre según la acusación judicial, una cámara de fotos digital Pentax sobre un televisor de tubo y les dijo a las menores que debían desvestirse. Las habría obligado a tocarse entre ellas. Cada tanto les recordaba que todo era por pedido del hombre cubano.
Luego él se quitó la ropa y participó de la escena, una violación.
Según los relatos de las víctimas, los abusos y las grabaciones se dieron en, al menos, 4 oportunidades diferentes. “Llegó a desnudarse con nosotras y a tocarnos. Nos obligaba a que le hagamos sexo oral porque si no el amenazador anónimo nos iba a matar a nuestras familias”, rememora años después, con la voz entrecortada, otra víctima.
La pesadilla para las jóvenes terminó una tarde en que las cuatro amigas se encontraban juntas cuando sonó el celular de una de ellas. Atendió y su cara cambió cuando escuchó la voz del hombre cubano. Era la primera vez que le tocaba atender el llamado. A los pocos segundos, cortó el teléfono y les aseguró a sus amigas: “¿Chicas, no se dieron cuenta? El cubano es Oscar. Tiene el mismo tono de voz”.
“Si se repasa la historia cualquiera podría pensar que fuimos unas tontas que no acudimos rápido a nuestros padres o no nos dimos cuenta de entrada que era todo un engaño. Pero la verdad es que éramos muy chicas y nos dio temor. Él se aprovechó de nuestra inocencia”, reflexiona una de las víctimas.
Fue el final para la cadena de aberraciones y el comienzo de una causa judicial en contra de Chamorro. Las chicas hablaron con sus padres y denunciaron al empleado de la Aduana en la Justicia, que hizo poco.
El expediente iniciado contra Chamorro cambió de manos varias veces por distintos motivos judiciales. Circuló por el despacho de tres fiscales, hasta que finalmente quedó en maños de Calviño. Lo cierto es que durante casi diez años no hubo novedades a pesar de que se realizaron allanamientos y se recolectaron algunas pruebas. Nunca se ordenó su detención y la causa avanzó con suma lentitud bajo la acusación de corrupción de menores agravada.
Recién en octubre 2017 la tranquilidad se terminó para Oscar Chamorro. Pero nada tuvo que ver la causa por corrupción de menores, sino que está vez la Justicia lo buscaba por narcotráfico. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó su detención por considerarlo una pieza clave en la organización liderada por el hoy fallecido abogado Carlos Salvatore, que envió 4.086 kilos de cocaína a Portugal camuflados en carbón vegetal. Según la acusación, Chamorro ayudó a la banda desde su puesto estratégico en la sector Exportaciones de la Aduana.
Si bien aún no fue juzgado por esta causa, anexada a la principal de “Carbón Blanco”, aun cumple prisión preventiva en el penal de Ezeiza.
Dos años más tarde, en 2019, la causa por los abusos contra las menores tuvo un movimiento significativo. La defensora oficial de Chamorro en esta causa pactó con una de las fiscales un juicio abreviado en el cual el imputado reconocía su autoría a cambio de un beneficio procesal. Chamorro firmó el acta. Estaba todo dado pero a último momento se dio una situación insólita.
La jueza del TOC N° 5, Mónica Rodríguez, de intachable carrera judicial, citó al ex empleado de la Aduana para cerrar el acuerdo pero cuando llegó frente a la magistrada Chamorro dijo que fue “engañado”.
“¿Juicio abreviado? De ninguna manera. A mí me dijeron que me traían acá para un juicio común. Yo no sabía nada de esto”, dijo en el tribunal frente a todas las partes, incluida su propia abogada. La jueza Rodríguez le mostró el acta que llevaba su firma y le preguntó si esa era su rúbrica. La respuesta desconcertó a todos: “Si, es mi firma. Pero no sabía qué era. Es que cuando nos trasladan, desde el Servicio Penitenciario, no nos dejan llevar los anteojos, entonces no vi de que se trataba”.
Ante este panorama, el juicio abreviado se canceló y se llegó, pandemia de por medio, al juicio oral.
El martes, cerca de las 9 de la mañana el imputado y las cuatro víctimas ingresaron a tribunales. La primera en pasar a declarar fue Daniela. La joven habló durante tres horas. Relató, como pudo en medio de llantos reiterados, una serie de aberraciones mayores a las que se esperaba.
Chamorro, detrás de un biombo para no tener contacto con la víctima, escuchaba todo y cada tanto tosía. Así, la joven podía oír su presencia.
Daniela no solo contó los detalles de los videos que la obligaba a hacer, también relató otros supuestos abusos sexuales por parte de Chamorro de años anteriores. Ante esto, la fiscal Calviño decidió cambiar la calificación del caso y sumar el delito de abuso sexual con acceso carnal.
Por esta situación el juicio se suspendió y se programará uno nuevo donde, como marca la ley, en lugar de una sola jueza haya un tribunal con tres magistrados.
En ese nuevo debate oral, Chamorro podría ser condenado a 20 años de prisión.
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