Trece jueces en 6 años: manejaba borracho, atropelló y mató, pero la querella no consigue elevar la causa a juicio

Seis testigos coinciden en que después del accidente, Paul Waidatt se bajó de su auto muy alterado y a los gritos empezó a repetir su nombre y a alardear con que no le podían hacer nada porque era hijo de una familia famosa en Chilecito, la segunda ciudad más grande de La Rioja. Estaba completamente borracho. Acababa a atropellar y matar a Carlos Cordero Robles luego de una mala maniobra de sobrepaso a más de 119 km/h. No se acercó a la víctima fatal ni a otro joven que resultó gravemente herido.

La familia de Carlos Cordero Robles inició desde entonces un incansable pedido de justicia. El 28 de septiembre se cumplen tres años desde que el fiscal Diego Torres Pagnussat pidió que la causa sea elevada a juicio, pero en los últimos días la hermana de la víctima denunció públicamente que no consiguen un juez que firme la resolución. De los 13 magistrados que ya pasaron por el expediente, ocho se apartaron del caso, que según la querella es considerado una “papa caliente” en los tribunales locales.

Aunque Paul Waidatt está procesado por homicidio con dolo eventual, la causa quedará prescripta si en el futuro se reduce la imputación a homicidio culposo. Por ahora el acusado está libre, a pesar de que, según la familia de la víctima, está denunciado en otros expedientes también de suma gravedad: sobre el pesa una acusación por golpear y ahorcar a su pareja, lo filmaron cuando casi se pelea en una carrera de caballos, la policía encontró un elemento robado en su local de venta de artículos usados y además violó las condiciones de su libertad.

Ante ese escenario, los Cordero Robles impulsaron una campaña llamada “Un juez para Charly”, que refleja los obstáculos que puede tener el acceso a la justicia en una ciudad pequeña del interior donde “todos se conocen”. Esta crónica repasa esa realidad.

El caso

“Charly” Cordero Robles tenía 26 años, era gestor automotor, estudiaba administración de empresas y era cinturón negro e instructor de taekwondo. En la madrugada del 24 de mayo de 2015 había ido junto a sus amigos al boliche Club Treo, ubicado sobre la ruta 12, a unas 15 cuadras del centro de Chilecito.

Paul Waidatt había ido esa misma noche a Club Treo. Varios testigos lo recuerdan porque tenía un yeso en el brazo izquierdo y estaba muy borracho. Declararon que balbuceaba, que no tenía coordinación. Uno dijo estuvo a los empujones con dos chicas, otro comentó que casi se pelea en dos ocasiones, primero cerca de los baños y después en el primer piso del local; y una tercera persona contó que lo vio a punto de trenzarse con otro joven en el estacionamiento, cuando terminó el baile.

De acuerdo al relato de un cuidacoches, antes de retirarse en un modelo viejo de un Audi A6 Waidatt embistió dos veces el alambrado perimetral del estacionamiento. Y partió hacia el centro de la ciudad por la ruta 12. Una pericia arrojó que al momento del accidente el joven circulaba a entre 119 y 127 km/h, en una zona en la que -según la querella- rige la velocidad máxima de una zona urbana. A pesar de que el yeso le disminuía la capacidad de maniobrar, a unos 500 metros del boliche quiso sobrepasar a un vehículo, pero lo chocó en la parte izquierda. Finalmente perdió el control del Audi y se fue hacia la vereda de enfrente, por donde caminaban tres amigos, dos de los cuales fueron impactados de lleno: Charly, que salió despedido casi 15 metros y murió unos minutos después, y Sebastián Vergara, que fue gravemente herido.

Muchos testigos coinciden en que el conductor se bajó del auto muy alterado y agresivo. Ocho personas declararon que en ningún momento se acercó a las víctimas ni se interesó por ellas. Varios comentaron que repetía frases como “soy Paul Waidatt, nadie me puede hacer nada”. Sucede que su abuelo fue una de las personas más ricas de Chilecito, aunque algunas fuentes consultadas comentaron que sus descendientes dilapidaron la fortuna. La policía tuvo que defenderlo para que no lo lincharan.

Trece jueces en seis años

La muerte de Charly tuvo mucha repercusión en La Rioja. Era la segunda víctima fatal por un borracho al volante en dos semanas. Ocho días después, el gobernador Luis Beder Herrera firmó el decreto 840 que modificó el Código de Faltas y dispuso una pena de hasta 30 días de arresto al que maneje con más de 200 mg/l de alcohol en sangre.

Sin embargo, a nivel judicial el trámite fue engorroso. “Hubo muchas inhibiciones por amistades y enemistades, y algunos jueces no quisieron intervenir y se sacaron la causa de encima”, sentenció la hermana de la víctima en una entrevista con Infobae. Se llama María Cordero Robles y es abogada. Siempre está al lado de la querellante en la causa, su madre, Sara Edith Robles, que tiene 69 años y desde hace más de cinco décadas se dedica a la venta de empandas. Las dos estuvieron al frente de las manifestaciones que se hicieron para pedir justicia.

María Cordero tardó más media en resumir los entuertos del expediente. La primera jueza -repasó- fue María Elena Magaquián, quien procesó a Waidatt con muy duras palabras. Dijo que el sujeto “obró con indiferencia, temeridad y desprecio por las probables consecuencias de su accionar”. Pero la magistrada era suplente y lo que siguió fue una ola de inhibiciones.

La jueza Virginia Illanes se inhibió por enemistad con los abogados querellantes. El magistrado Marcelo Carrizo cometió un error técnico y se terminó apartando, aunque en la querella sospechan que lo hizo a propósito para “sacarse de encima” el expediente. Lo mismo piensan del juez Andrés Romero, quien también se inhibió por supuestas relaciones profesionales con los abogados de la familia de la víctima.

En el camino además se inhibieron dos juezas de segunda instancia, Antonia Toledo y María Greta. También se apartó la magistrada Andrea Gordillo Papich, quien argumentó que había litigado en el pasado junto a uno de los defensores, Juan Carlos Pagotto, hermano de un ex titular del Tribunal Superior de Justicia. El otro abogado de Waidatt es el padre de Gonzalo Elías Masud, quien iba en el asiento del acompañante del Audi el día del accidente y declaró que el vehículo circulaba a menos de 50 km/h.

La última jueza en intervenir fue Mariela Romano. Según manifestó públicamente la familia de la víctima, habría presentado un contrato de compraventa que corroboraría que es deudora del acusado, por lo que se inhibió. La querella todavía no pudo acceder al expediente para controlar esa resolución. “Siempre tienen alguna excusa para no mostrarlo”, se quejó María Cordero.

Libre

La hermana de Charly recuerda que el día del accidente detectó las primeras irregularidades. De entrada, destacó que a Waidatt le sacaron poca sangre, que permitió determinar que tenía 1,38 mg/l de alcohol en sangre, pero que sólo fue suficiente para testear si había consumido marihuana, pues no alcanzó para otros narcóticos.

María Cordero también subrayó sus dudas sobre la decisión judicial de ordenar que el acusado permanezca detenido en el hospital de Chilecito, en base al informe de un médico forense que luego fue rebatido por una psiquiatra. Además, mencionó que empleados del centro de salud le contaron que el joven recibió visitas, que escucharon risas y música, y que alguien fumó en la habitación.

Waidatt fue finalmente trasladado a una comisaría. Estuvo encarcelado 94 días hasta que fue liberado. La familia Cordero Robles cree que el trámite fue anómalo. Subrayan que hubo cuatro pedidos de excarcelación rechazados y que recién el último fue apelado, por lo que intervino la jueza Rosa Zárate, quien aceptó el recurso y concedió el beneficio.

“Había riesgo de fuga, porque tiene dinero y contactos, y además, no es un delito excarcelable, porque tiene una pena de 8 a 25 años”, alegó María Cordero en contra de la excarcelación.

Pero, además, sostuvo que Waidatt violó las condiciones de su libertad. “Un día me llama a una mujer y me cuenta que su hija estaba de novia con el asesino de Charly y que lo había denunciado por violencia de género, porque le pegó, se le tiró arriba con la rodillas en el pecho y la ahorcó. Aportamos a la justicia esa denuncia hecha en una fiscalía y pedimos que lo vuelvan a encarcelar, pero no prosperó”, recordó.

“Ahí también nos enteramos que Waidatt no estaba estudiando en Córdoba, donde tendría que haber estado según el fallo que lo liberó, sino en la Capital, y que no había dejado de conducir”, añadió.

Futuro oscuro

La querella presentó hace unos días una nota al Tribunal Superior de Justicia para advertir el delicado estado de la causa. Aportaron también una copia de una petición en Change.org con casi 2.500 adhesiones digitales y más de mil firmas físicas volcadas en un libro de actas.

Intuyen que el expediente irá al Juzgado de Paz Letrado de Chilecito, pero no saben qué ocurrirá. Necesitan un juez que firmé una resolución muy sencilla que diga que las actuaciones se elevan a juicio oral.

Una vez que lo consigan vendrá otro problema: conseguir tres jueces que integran el tribunal oral. Cuando se agoten los magistrados en Chilecito habrá que apelar a los conjueces, que son abogados del foro local que se anotan para ser citados ante este tipo de casos. En la familia Cordero Robles creen que será difícil encontrar a alguno que no se inhiba.

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