El juicio por el doble crimen en Congreso llega a la recta final: ya tiene fecha el veredicto

El juicio por los crímenes del diputado Héctor Olivares y de su asesor Miguel Yadón, asesinados a balazos en mayo de 2019 cuando caminaban por la plaza del Congreso Nacional, llega a su fin. Este miércoles finalizaron los alegatos y ya tiene fecha el veredicto para los nueve imputados. Ese día se escuchará últimas palabras de los acusados.

En la última jornada de debate oral, que al igual que desde el comienzo del proceso, se desarrolló mediante un sistema mixto, presencial y virtual; el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº9, conformado por los magistrados Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 20 de septiembre, a las 9 cuando se conocerá el fallo.

Los dos principales imputados son Juan José Navarro Cádiz (27), el confeso autor de los disparos, y su primo Juan Jesús Fernández (44). Ambos integrantes de la comunidad gitana están siendo juzgados por el delito de doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, y por el empleo de una arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra.

Si bien ese delito en el Código Penal se castiga con prisión perpetua, el fiscal Ariel Yapur pidió esa pena sólo para Fernández, mientras que para Navarro Cádiz solicitó 45 años de reclusión. Sucede que Navarro Cádiz fue detenido en Uruguay y extraditado bajo determinadas condiciones del tratado entre ambos países, entre ellas, la imposibilidad de ser condenado a perpetua.

El ataque a Olivares y Yadón ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso. A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento que estaba estacionado detrás de un micro sobre Avenida de Mayo, entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos.

Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis–, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad: falleció tres días después.

“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, sostuvo la fiscal Estela Andrades en el requerimiento a juicio.

Además de Fernández y Cádiz –ambos con prisión preventiva– hay otros siete imputados en la causa. La mayoría de ellos son familiares directos o allegados de los principales acusados del doble crimen, quienes llegaron en libertad al juicio están señalados por delitos menores como tenencia o suministro de armas.

Uno de los ellos es Felipe Quevedo, un comerciante de antigüedades de la ciudad de Tandil acusado de venderle a Cádiz la pistola del crimen sin los papeles reglamentarios. Justamente en la audiencia de este miércoles, su abogado pidió su absolución, en coincidencia con el fiscal Yapur.

El otro letrado defensor que alegó fue el representante de Luis Cano, un amigo de Fernández. En su caso, la noche del hecho estuvo bebiendo con él en las horas previas al ataque pero se fue a su casa cuando apareció Navarro Cádiz. Posteriormente, en el marco de la investigación, allanaron su vivienda, donde encontraron un revólver y quedó imputado por tenencia ilegal de armas.

La defensa de Cano también pidió la absolución al entender que se trataba de un arma que su cliente había heredado de su padre y que, por no haber hecho los papeles, correspondía en todo caso una sanción en el fuero contravencional de la ciudad.

Además de los cuatro mencionados, también llegaron imputados a esta instancia las hermanas María Rosa y María Argentina Cádiz Vargas, la madre y la tía de Navarro Cádiz, y Juan Jesús Fernández Cano, hijo de Fernández. A los tres se los acusa por haber participado del retiro del arma del auto de Fernández, en el garage de Mitre al 1444, y trasladarla hasta la casa de Navarro Cádiz donde se la secuestró. Todos permanecen en libertad.

Otra involucrada es la esposa de Cádiz, Rocío Michel Montoya, imputada por tenencia ilegal de armas, a raíz del secuestro en el allanamiento en su casa.

Por último, está Miguel Navarro Fernández. Se trata del padre Navarro Cádiz y fue detenido en Concepción del Uruguay junto a su sobrino Fernández. Al inicio de la causa se investigó si también había estado dentro del auto al momento del hecho, pero luego esta hipótesis fue descartada. Está libre e imputado por tenencia ilegal de armas, secuestradas en el allanamiento de su domicilio.

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