Un empresario que fue víctima de un secuestro dramático exige la extradición de su captor, detenido en Venezuela

El 13 de octubre de 2020, el empresario Javier Moscuzza fue secuestrado en Quilmes por un grupo comando. Mientras estuvo cautivo, vivió horas dramáticas. Vio cómo los delincuentes cavaban un pozo en el fondo de un terreno en las afuera de La Plata donde planeaban enterrarlo. También escuchó cómo le gatillaban en la cabeza para amenazarlo.

Lo liberaron luego de que su familia pagara un rescate en bitcoins, equivalente a 65 mil dólares, un hecho sin precedentes en el hampa nacional. También se comprometió a hipotecar bienes para entregarles más dinero a los secuestradores. Con el tiempo, los delincuentes fueron identificados en una causa a cargo del juez federal Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo, según reveló el diario La Nación. Dos de ellos fueron detenidos y procesados, con Moscuzza constituido como querellante en el expediente.

Hubo otro detenido en tiempos recientes, alguien a quien el empresario, dedicado al negocio de los supermercados, conocía bien: Rafael Carrillo Rodríguez, oriundo de Venezuela, había sido un policía en su país antes de llegar a la Argentina. Al conocer a Moscuzza, el hombre le dio trabajo. Luego, según la acusación en su contra, Carrillo Rodríguez se convirtió en el cerebro del secuestro. Volvió a su país de origen en plena pandemia. Allí fue capturado.

El secuestro fracturó la vida de Moscuzza, que tuvo que dejar el país. Sin embargo, Carrillo Rodríguez continúa en Venezuela. Para procesarlo, la Justicia argentina primero debe indagarlo. Una oficina de la Procuración trabaja en el tema, Moscuzza insiste con que sea trasladado al país, pero la realidad es mucho más complicada que el reclamo.

En diálogo con Infobae, bajo expreso pedido de que no se revele su ubicación actual, Moscuzza afirma:

“Ambos países tuvieron 15 años de afinidad y no se les cayó la idea de hacer de un tratado. La fiscalía de Quilmes llegó a un punto en el que me dijeron: ‘Es político’. Cuando tuve que negociar con los secuestradores, negocié con ellos. Entonces, habrá que hacer política. La pregunta es: ¿pueden hacer algo o no? Que lo digan. Cuando estuvo en manos de la Justicia, funcionó. Y con la política, no funciona. Si no pasa nada, presentaré algo con mis abogados. Después del secuestro seguí recibiendo amenazas. Me fui del país”.

“En plena pandemia, mis secuestradores se fueron caminando por Corrientes. Hacer, pueden hacer cualquier cosa. Yo no voy a descansar hasta que estén condenados”, continúa.

Para empezar, no existe un tratado de extradición vigente con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Lo único con lo que se cuenta a nivel jurídico es la Ley 25041, sancionada en 1998, que regula el traslado exclusivamente de condenados.

Todo se reduce, como dice Moscuzza, a una decisión política.

El abogado Gastón Marano, titular de cátedra de Derecho Internacional Publico de la Universidad Maimónides y uno de los mayores expertos sobre extradiciones de la Argentina, sintetiza: “La extradición es un proceso formal por el cual un país le requiere una persona a otro para someterla a juicio o para que cumpla una condena. Normalmente los países regulan esta situación con tratados. Pero con Venezuela no hay un tratado vigente. Eso no significa que no se pueda solicitar una extradición. Entonces, dicho pedido se va a basar en condiciones de reciprocidad. O sea, si Argentina solicita una persona a Venezuela, Venezuela evalúa a criterio de su Cancillería si nuestro país envió personas en el pasado o tuvo la voluntad de hacerlo. Es una decisión ejecutiva, no judiciable”.

“Con Venezuela, por otra parte”, continúa Marano, “no pueden aplicarse los convenios genéricos de la OEA, ya que ese país expresó su voluntad de que no se apliquen”. Entonces, se aplican las particularidades del caso, por ejemplo, si el sospechoso tiene que cumplir una condena en Argentina. En el caso de Carrillo Rodríguez, que no debe cumplir una condena en Venezuela, no debería haber mayores problemas. El detenido, por ejemplo, puede expresar su miedo a que su seguridad sea vulnerada en el país que lo pide, presentar recursos, como ocurre en los casos de Lider Camgoz y Serkan Kurtulus, mafiosos turcos presos en el penal de Ezeiza.

Luego, entran en juego otro tipo de problemas. Para extraditar a un sospechoso, para empezar, se necesita un avión. Por el momento, dada la pandemia, no hay vuelos entre Venezuela y Argentina. Este es el primer problema que notan los efectivos de la división Interpol de la Policía Federal, encargada de estos traslados que suelen realizarse en vuelos comerciales de pasajeros con el detenido esposado y flanqueado por efectivos, aunque también puede emplearse un avión oficial de la PFA, a un costo mucho mayor. Un traslado con un país limítrofe puede hacerse por tierra.

En cuanto a la reciprocidad, el panorama es más complejo todavía, de cara a los casos encontrados por Infobae entre los registros de los juzgados y cámaras federales.

En su país, Albert Randes Landaeta Cedeño, hoy de 26 años, fue acusado de homicidio calificado ejecutado con alevosía “y por motivos fútiles”. Lo acusan también de “agavillamiento”, el agravante de un ataque grupal, salir en banda.

El 2 de julio de 2018, según documentos judiciales, Landaeta Cedeño apareció en Buenos Aires: fue detenido tras una orden remitida a Interpol por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal del estado de Miranda, zona de Valles del Tuy, a cargo de la magistrada Sol Aracely Guardia. El pedido expreso del tribunal: extradición, con un expediente inicialmente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Sebastián Ramos. Lo querían en Venezuela para juzgarlo y condenarlo.

En junio de 2020, Landaeta seguía en la Argentina. La Sala IV de Casación decidió en ese entonces por segunda vez en el caso -ya lo había hecho en febrero de 2019- luego de que el Juzgado Federal N°2 rechazara su prisión domiciliaria y la defensa de Landaeta la apelara. Con el argumento del coronavirus en el medio, Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Su defensa, por otra parte, notó lo obvio: que llevaba ya dos años de arresto preventivo.

Mientras tanto, el sitio de Interpol muestra la cara del último prófugo del secuestro de Moscuzza. Su nombre es Johan Esneider Angarita León, 26 años, venezolano también. Había registrado un domicilio en Capital Federal, de acuerdo a registros nacionales. Su paradero todavía se desconoce.

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