Fernando Villarejo, el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos donde fue operado Diego Maradona por un hematoma subdural antes de su muerte, complicó este lunes la situación del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov. El médico aseguró que los imputados eran sus médicos de cabecera y que decidieron la externación, a pesar de que era desaconsejado.
Villarejo, jefe de la UTI de la Clínica Olivos, donde Maradona estuvo internado entre el 4 y el 11 de noviembre de 2020, declaró como testigo ante los fiscales de San Isidro que tienen a su cargo la investigación por la muerte de Diego.
“Dejamos asentado que la externación no era lo adecuado a nuestro juicio para el paciente, por el entorno y las circunstancias. Desde el punto de vista clínico, estaba para ser dado de alta, pero tenía muchas alteraciones vinculadas a cuadros psiquiátricos, estaba muy inestable”, dijo el médico.
Villarejo fue duro y realista. Dijo que Maradona “era autoagresivo” y que “no detectaba el riesgo”.
“Él quería hacer las cosas que quería hacer, y el entorno se lo dejaba. Por ejemplo, si un paciente así quiere tomar alcohol o drogas, y uno se lo permite, está dejando que se autodestruya. Era muy difícil la relación con él, y también con su entorno”, explicó.
Justamente, respecto a ese entorno, el médico aseguró que “estaban cinco o seis personas permanentemente en el lugar, y no cumplían con las normas habituales de distanciamiento”.
Luego, apuntó directamente a Luque y a Cosachov, dos de los imputados en la causa, al asegurar que “eran sus médicos de cabecera”.
“Ellos querían llevárselo, eran los que conocían al paciente, yo no coincidía con el criterio”, dijo Villarejo. Y siguió: “Se necesita otro entorno para resolver el problema que él presentaba. El entorno no iba a funcionar. Todos hacían lo que él decía, lo que va en contra de un paciente autodestructivo”, agregó.
Continuó: “Nosotros planteamos la opción a un instituto de rehabilitación a cargo de nuestro psiquiatras, y de acompañantes terapéuticos. Cosachov y Luque no lo aceptaron. No lo quisieron. Lo que hicieron no era lo adecuado ni lo recomendado”.
Más testigos
El testimonio de Villarejo se suma al del neurólogo Jorge Eduardo Macia (58), quien fue contratado por Medidom para hacer a domicilio una evaluación neurológica. Dijo que le avisaron que lo iba a evaluar regularmente pero que sólo pudo revisarlo una vez.
La visita del neurólogo, acompañado de un clínico, fue en la casa del barrio San Andrés de Tigre, donde se mudó Diego tras la operación. Macia contó que lo visitó el 12 de noviembre pasado, es decir, 13 días antes de su muerte y que lo vio “lúcido”. Y amplió: “Lo que significa que estaba ubicado en tiempo, en persona y en espacio”.
El neurólogo relató que antes de ir a ver a Maradona habló con la médica Nancy Forlini, otra de las imputadas en la causa, y que ella le dijo que “necesitaba una evaluación” pese que el paciente “tenía médico tratante” y que “no decidiera tratamientos” porque de eso estaban a cargo los médicos particulares.
También declararon Enrique Esteban Barrio (51) y Germán Dornelli (35), jefe y empleado respectivamente, del área administrativa de la prepaga de Maradona, a cargo de la operativa y la logística de cuidados domiciliarios para los afiliados y que fueron convocados porque ellos figuran en los mails donde se ordenó el servicio para Maradona.
La ronda de testigos continuaba estos días en la Fiscalía General de San Isidro, por donde restaban declarar Pablo Dimitroff, director médico de la mencionada clínica; la psiquiatra de la prepaga Marcela Waisman; Rocío Oliva, la última pareja que tuvo el “10”; y el abogado Víctor Stinfale.
El caso
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria. La causa de su muerte está bajo investigación penal en la justicia de San Isidro.
Justamente, los fiscales imputaron a siete profesionales de la salud, entre ellos a Luque y a Cosachov, por “homicidio simple con dolo eventual”, figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión.
Con información de Télam
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