La justicia de Salta investiga la muerte de una adolescente wichí de 13 años que hace dos semanas había quedado en coma farmacológico al perder un embarazo de 38 semanas.
La menor integraba la comunidad wichí de Pacará, localizada en un paraje a unos 40 kilómetros de Tartagal, y convivía con su pareja, un adolescente de 16 años, desde hacía más de un año, tal cual contaron sus padres.
El 6 de agosto pasado fue internada en el hospital Juan Domingo Perón tras sufrir una serie de convulsiones. Según se supo, ingresó al nosocomio con un cuadro de preeclampsia, caracterizado por presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos, principalmente el hígado y los riñones. Y una vez que estaba siendo atendida cayó de una camilla, probablemente debido a las convulsiones.
Luego de que su situación se hiciera pública, la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal inició una investigación de oficio ante la posibilidad de estar ante un caso de abuso sexual. Desde el Ministerio Público de Salta señalaron que se pidió de inmediato intervención de la Asesoría de Menores, del Juzgado de Menores y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.
El fiscal Rafael José Medina había ordenado una serie de medidas en el marco de la investigación cuando recibió la noticia de que se había producido la muerte del feto. La niña debió ser intervenida quirúrgicamente y fue diagnosticada con muerte cerebral.
El caso pasó así a la Fiscalía de Graves Atentados contra las personas de Tartagal, a cargo de Gonzalo Vega, quien investiga las causas de la muerte del feto para determinar si la preeclampsia fue determinante para el desenlace o si se avanza en la hipótesis de una caída de una camilla en el hospital, como trascendió públicamente.
En este contexto, el fiscal solicitó el secuestro de la historia clínica el 11 de agosto y la medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente. Sin embargo, los profesionales del hospital respondieron que la necesitaban mientras la menor de edad siguiera bajo tratamiento, en la sala de terapia intensiva.
Finalmente, la adolescente falleció el martes pasado a causa de una encefalopatía hipóxica severa e isquemia cerebral difusa. La historia clínica ya en manos del fiscal Vega, que además ordenó otras diligencias con el fin esclarecer el posible abuso sexual y las causas de muerte del feto y su madre como así también si la niña tuvo controles durante el embarazo y la posibilidad de acceder en su momento a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dada su corta edad.
Mientras la causa avanza, el presidente de la comunidad Pacará, Enrique Basualdo, expresó su malestar por la falta de una ambulancia en el paraje donde conviven unas 60 familias, un lugar de difícil acceso desde la ruta nacional 86. “También nos quedamos sin radio para llamar al hospital cuando no está el enfermero”, dijo al explicar que en esa zona no hay otra forma de pedir ayuda.
Los últimos datos de la Supervisión de Salud Adolescente de Salta marcan que en los primeros seis meses del 2020 hubo al menos 122 niñas y adolescentes menores de 15 embarazadas en aquella provincia. La mayoría de estos embarazos se dieron por casos de violación.
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