Frente al colapso de las comisarías porteñas, la Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a garantizar el traslado de más de 600 detenidos de CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el número de plazas habilitadas en alcaidías y comisarías es de 258 detenidos como máximo. Antes de la pandemia era aún menor. Sin embargo, la ocupación actual casi triplica esa cifra: 667 presos aguardan en sus celdas que la Justicia dirima un conflicto que se profundiza entre el gobierno porteño y el Servicio Penitenciario Federal desde la llegada del coronavirus.

La dinámica habitual entre Ciudad y Nación -por la cual a un detenido le corresponde un lapso de entre 48 y 72 horas dentro de una comisaría porteña para luego, una vez resuelta su situación procesal, ser trasladado a un penal- se alteró a partir del confinamiento y las restricciones de circulación dispuestas a partir del COVID-19.

La Procuración Penitenciaria de la Nación dio cuenta de esto en un informe publicado en mayo de este año en el cual apuntó contra la decisión del Servicio Penitenciario Federal de suspender durante tres meses la admisión de detenidos.

Para la PPN, esa disposición produjo “pésimas condiciones materiales, sobrepoblación y hacinamiento” en calabozos de 16 dependencias porteñas, de las cuales cinco comisarías que estaban cerradas debieron ser habilitadas y reacondicionadas para ese fin específico. Los números fueron altos: durante 2020 se registraron 17.384 detenciones judiciales-policiales de personas mayores de 18 años, de los cuales 9761 se produjeron durante la duración del ASPO, entre el 20 de marzo y el 8 de noviembre.

La PPN fue categórica frente a este panorama. “Estas dependencias son de carácter transitorio y no tienen las prestaciones mínimas y requerimientos con las que cuentan los complejos penitenciarios y cárceles, respecto del espacio en el que deben vivir, como el acceso a condiciones dignas de detención”, señalaron en un comunicado tras una inspección en la Comisaría Vecinal 1 Bis, la Alcaidía Comunal N°12 y la Comunal N° 1 en julio pasado, donde registraron, además de una evidente sobrepoblación, “deficiencias con respecto a la alimentación y la atención médica”.

A pesar de la gravedad de estos problemas -por los cuales un detenido puede llegar a permanecer por horas dentro de un patrullero a la espera de un cupo-las tensiones entre el aparato de Seguridad de CABA y el SPF continúan y se agravan cada vez más.

Hay dos procesos judiciales en trámite por. En primer lugar, un hábeas corpus con sentencia firme por el cual la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires Carla Cavaliere intimó a la interventora del SPF y subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, Maria Laura Garrigós, a efectivizar los traslados de los más de 600 presos alojados en comisarías porteñas. Por otro lado, una denuncia de la Procuración General de la Ciudad contra la interventora y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, por incumplir con esa orden, en una presunta violación a los deberes como funcionaria pública, a cargo del fiscal Ramiro González, en la cual el gobierno porteño ya fue admitido como querellante.

A principios de octubre pasado, la jueza Cavaliere dispuso un cronograma de ingresos a través del cual entrarían en la órbita del SPF de a 100 detenidos por vez en 4 plazos comprendidos entre el 8 y 15 de octubre, el 15 y el 22, luego del 22 al 29 y finalmente del 29 al 5 de noviembre. A partir de ese momento iban a trasladarse entre 60 y 70 detenidos por semana.

De acuerdo a ese esquema, para el 1° de diciembre tendrían que haberse desalojado en su totalidad las comisarías. El Servicio Penitenciario rechazó la propuesta y apeló esa resolución.

En un comunicado de prensa a fines de mayo, Garrigós rechazó haber incumplido el cronograma y aseguró que desde abril del año pasado el SPF recibió 3979 nuevos detenidos provenientes de CABA. “El gobierno de Mauricio Macri impulsó la reforma a la ley de flagrancia, sin reforzar las plazas de aislamiento y con el único objetivo de lograr un golpe de efecto con su policía”, expresó en esa oportunidad. “Las consecuencias están a la vista: no hay cárceles para alojar tanto efectismo punicionista”.

En julio, el SPF presentó esos mismos argumentos ante la intimación de la jueza Cavalleri, que lo rechazó e insistió con el incumplimiento. “Si bien los ingresos fueron más desde el punto de vista numérico, el SPF cumplió de manera atrasada. Cuando empezó el tema el conflicto era por 200 detenidos y ahora son 667”, señaló a Infobae una fuente judicial con acceso al expediente. De ese número, el 90% está a disposición de la justicia federal y nacional. La ley de flagrancia implementada en los últimos años, explica la misma fuente, efectivamente acelera los procesos de detención frente a la ausencia de un plan que amplíe las plazas disponibles.

Entre el primer semestre de 2020 y el de 2021, hubo un marcado descenso del nivel de ocupación dentro las cárceles federales, que ya estaban sobrepobladas, y aún así todavía supera el 93% de su capacidad, según las cifras más recientes de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Esto ocurrió especialmente gracias a liberaciones, excarcelaciones y detenciones domiciliarias de detenidos con factores de riesgo desde el inicio de la pandemia, por las cuales el sistema federal de cárceles pasó de 13971 detenidos en marzo de 2020 a 11.376 a fines de junio de este año.

A pesar de ese descenso, el SPF se resiste a efectivizar los traslados de los detenidos en CABA y su interventora volvió a apelar la intimación antes de la feria judicial. Ahora, la decisión quedó en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones. Si la Cámara vuelve a fallar contra el SPF y el organismo apela una vez más, la decisión pasará a manos del Tribunal Superior de Justicia.

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