La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunció la muerte de 15 adultos mayores en un geriátrico de la provincia de Mendoza y también “negligencia” por parte de las autoridades locales. Aseguran que los fallecidos no habían sido inoculados contra el COVID-19 y que la persona que dirigía el lugar era considerado “antivacunas”.
Ana González, integrante de APDH, indicó que dentro de los geriátricos “la autorización de la vacunación es oral de cada residente que quiere ser inoculado o no”. Además, destacó que “no se necesita ningún papel” y que aquellas personas que no puedan dar su consentimiento, por un problema físico o psíquico, se requerirá la autorización de un familiar. De igual modo, precisó que dichos fallecimientos se produjeron en un “lapso de tres o cuatro días”, en junio pasado.
Por otro lado, Cristina Lattanzio, también de la sede mendocina del organismo, declaró que las causas de las muertes se dieron por “negligencia de la provincia” y porque el exsacerdote que maneja el lugar “es antivacunas”. También, realizó la denuncia por abandono de personas y señaló que “la provincia delegó a cada departamento cómo iba a ser la vacunación en las residencias de larga estadía: se otorgó a todo lo privado y a los geriátricos las vacunas en la puerta”. Sin embargo, criticó el manejo de las vacunas en el distrito y la calificó como “desprolijo”. Lattanzio afirmó que la responsabilidad de lo que pasaba con las vacunas era de cada institución y agregó que el geriátrico mendocino no recibió las vacunas, “porque se habían superpuesto con las vacunas de la gripe”.
La carátula de la investigación cambió de averiguación de muerte a homicidio culposo y Fernando Yañez, exsacerdote a cargo del hogar, y la doctora Palavecchio ya declararon ante el fiscal Javier Giaroli. El fiscal, en conferencia de prensa, confirmó que los motivos del cambio de carátula fueron por la recepción de los certificados de defunción que están firmados por la mencionada médica. De igual manera, añadió que actualmente no se trataba de “una acusación específica a nadie”.
El exsacerdote Yáñez que, fue intervenido por el Gobierno provincial, declaró ante la Justicia que los familiares de los residentes no habían autorizado vacunarlos. Detalló que “ninguno estaba vacunado contra el Covid, porque no conseguíamos la autorización de los familiares”.
Por su lado, el concejal peronista Nadir Yasuff presentó un pedido de informe de Concejo, para que las responsabilidades sean apuntadas “a quienes debían controlar la vacunación” y se refirió puntalmente al Director Regional de Zona Sur del Ministerio de Salud de Mendoza, Abel Freidemberg.
En ese sentido, en lo que respecta a nivel judicial, mientras se les tomó declaración a los residentes sobrevivientes, se secuestró dispositivos electrónicos de Yañez e historias clínicas de las personas que viven en el hogar. Finalmente, comentó que la distribución se hizo como se hace con la vacuna antigripal, “entrega a demanda a médicos y enfermeros de cada residencia” y agregó que pudo haber sido una decisión poco feliz, aunque por el momento “no tiene relación de causalidad con las muertes”.
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