Un operativo con 25 allanamientos ordenado por la Justicia de Chubut alcanzó a dos cárceles cordobesas y golpeó a una banda especializada en uno de los mayores negocios criminales registrados durante la pandemia: el cuento del tío, una estafa que garantiza plata fácil y penas bajas, al tratarse de un delito excarcelable. Al hacerse de forma telefónica, se convierten en una modalidad para que delincuentes presos comentan nuevos hechos.
La banda denunciada era presuntamente encabezada por Mario Alejandro Carpio, ex empleado municipal de 31 años y preso por homicidio en la provincia de Córdoba. La mayoría de los damnificados eran residentes en Puerto Madryn. El caso es investigado por el fiscal Daniel Báez. Ocho victimas hicieron denuncias ante la Justicia: el botín total se estima más de cinco millones de pesos, según fuentes del Ministerio Público Fiscal de Chubut. Entre personas libres y encarceladas, se estima que un total de 15 personas actuaban detrás de las estafas: el dinero que robaron ya habría gastado el dinero en casas y vehículos.
Tras la denuncia inicial, se ordenaron escuchas telefónicas y se registraron 23 conversaciones en las que los sospechosos detallan extracciones de dinero para adquirir teléfonos celulares y “ponerse a laburar” desde el pabellón. “De éste modo, surge que el establecimiento penitenciario en el que se hallan alojados los cabecillas de la banda, Mario Alejandro Carpio –preso por homicidio- y Jonathan Espíndola Luque –preso por lesiones agravadas y robo de vehículo-, es probablemente el sitio desde donde se idean y ejecutan distintas maniobras de estafas”, indicó el pedido de allanamiento autorizado por la jueza Stella Eizmendi.
La fuerza provincial chubutense viajó a Córdoba para allanar domicilios en barrios de la periferia de la capital como Mirizzi, Alto Alberdi, y San Roque, donde se encontraron a familiares de Espíndola. Los operativos también llegaron a la zona de Merlo en el conurbano bonaerense: Carpio fue allanado en su celda del Complejo Carcelario Nº 2 de Cruz del Eje. También se allanó la cárcel de Bouwer. En los procedimientos participó también la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal (DIO) de la provincia de Córdoba.
Las estafas telefónicas son el delito que más creció en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con un aumento del 17% en las estadísticas del primer año de pandemia, según la Procuración provincial. Suelen tener varios matices: hay ardides de naturaleza sexual como la sufrida por el folklorista Peteco Carabajal, con un preso de un penal bonaerense en la trama, o la protagonizada por Elba González, “La Pochola”, detenida esta semana en la ciudad de Puerto Madryn y acusada de haber extorsionado telefónicamente a un hombre con la intención de que le pagara 100 mil pesos a cambio de no publicar las fotos íntimas que presuntamente el hombre le había enviado.
La mecánica en este caso es un poco más sofisticada. Usaban un señuelo: una falsa página de la empresa Andreani en Facebook. La denuncia original que comenzó el expediente y que luego aglutinó a otros siete casos similares data del 13 de mayo de este año.
Tres semanas antes, un hombre de Puerto Madryn compró un celular que debía llegar a la ciudad por medio de un envío de la empresa de correo. El teléfono no llegaba, así que el ciudadano afectado hizo un reclamo en lo que creía era la página oficial de Andreani. Allí encontró un número de contacto. Un tal “Leonardo Martínez”, con una línea registrada en la ciudad de Buenos Aires, le tomó el reclamo. Le pidió su DNI, el número de guía del seguimiento de envío. También, le pidió su usuario de Home Banking y su clave Token.
El hombre cayó en la trampa: le bloquearon su cuenta bancaria. Desesperado, fue al cajero a generar una clave de acceso. Al entrar, descubrió que los estafadores gestionaron un crédito con su banco por más de 1,1 millones de pesos y que redireccionaron el dinero a billeteras virtuales.
La investigación derivó en la incautación de documentación vinculada a las transacciones bancarias, notebooks, una tablet, tarjetas SIM y celulares, que serán peritados. “Las medidas buscaron secuestrar toda la telefonía celular de los investigados, así como PC de escritorios, notebooks, tablets y tarjetas SIM. También documentación bancaria de aperturas y movimientos de cuentas, tickets bancarios, tarjetas de débitos y créditos. Todos serán peritados por el Equipo Técnico de la Procuración. Finalmente, se buscó dinero en efectivo sea moneda nacional y extranjera”, sostuvo el fiscal Báez.
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