Jean-Michel Bouvier vive un infierno desde el sábado 30 de julio de 2011, cuando supo desde París a través de una llamada telefónica que su hija Cassandre y su amiga Houria Moumni habían sido asesinadas en algún punto de la quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta.
Ahora, a 10 años de los crímenes que aún no fueron completamente esclarecidos, el hombre, ya jubilado y gravemente enfermo, envió una carta desde París al presidente Alberto Fernández.
Los objetivos principales de la misiva al mandatario argentino son dos: reclamar nuevamente la reapertura de la investigación que revele cómo, cuándo, dónde y por quiénes fueron atacadas, golpeadas, abusadas y ejecutadas por la espalda Cassandre y Houria y pedir, una vez más, por la liberación de Clemente Vera, uno de los acusados por los asesinatos, que lleva ya más de 8 años preso y espera hace cuatro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva su situación.
“La muerte de Cassandre y Houria es una injusticia que todavía espera ser reparada. Su memoria exige esta reparación. La Argentina que amaban está en deuda con ellas”, escribió Bouvier en la carta a la que accedió Infobae, en la que recuerda al presidente que desde hace 10 años y a pesar de su salud viaja regularmente al país para reclamar por los puntos oscuros de la investigación, en los que se incluyen supuestos desmanejos en la recolección de pruebas, apremios ilegales por parte de la policía salteña y condena de inocentes.
En la última década, Bouvier mantuvo varias reuniones con distintos funcionarios, desde gobernadores y fiscales hasta ex presidente francés Nicolás Sarkozy y la ex presidenta Cristina Kirchner, que lo recibió en tres oportunidades y se refirió al caso y a su lucha en su libro Sinceramente. Ahora, a través del embajador argentino en Francia, Bouvier pretende gestionar un nuevo encuentro con la vicepresidenta, con Alberto Fernández y el gobernador de Salta, Gustavo Sáez.
Bouvier destaca -al igual que en esta entrevista reciente con Infobae- la labor de los tres jueces que, durante el juicio en 2014, condenaron a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión por la violación, los homicidios y el robo de las pertenencias de las jóvenes; absolvieron a Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera por el beneficio de la duda y condenaron a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval, acusados de ocultar el arma homicida, por encubrimiento.
“Ellos también han sacado a la luz las maquinaciones policiales contra los acusados y el recurso sistemático a métodos de interrogatorio (torturas físicas y psicológicas) indignos de un Estado de Derecho y contrarios a los derechos humanos”, indicó Bouvier en su texto dirigido al jefe de Estado.
Bouvier exige específicamente que Argentina recompense a Vilte por los años que pasó preso, absuelva e indemnice a Vera -condenado a su criterio sin “pruebas científicas incontestables en su contra”- y un nuevo análisis de las muestras de ADN no identificadas.
Vera -un baqueano salteño que colaboró en la búsqueda de los cuerpos y fue inculpado por Lasi, el principal acusado- había sido absuelto en el primer juicio por falta de pruebas contundentes en su contra y fue luego condenado a prisión perpetua dos años más tarde con las mismas evidencias que no habían sido suficientes para condenarlo en primera instancia.
Ahora, Vera aguarda en su celda del penal salteño de Villa Las Rosas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva un recurso de queja presentado en 2017 por su abogado defensor, José Humberto Vargas, y el abogado Manuel Garrido, presidente de la organización Innocence Project, una organización creada en Estados Unidos que busca la absolución de personas erróneamente condenadas alrededor de todo el mundo.
Esa presentación, que ya obtuvo en junio de este año un dictamen parcialmente favorable de la Procuración General de la Nación, podría significar que el expediente - de más de 190 cuerpos- vuelva a la provincia de Salta y se dicte un nuevo fallo.
“Espero con impaciencia la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tribunal no puede convalidar las deficiencias y debilidades de los procedimientos policiales y judiciales de la Provincia de Salta. Legitimarlos constituiría una denegación de justicia. Sería como destilar el veneno del resentimiento en el corazón de las mujeres de todo el mundo y principalmente de las mujeres argentinas”, le escribió Bouvier a Alberto Fernández.
Y concluyó: “Privar de libertad a un hombre sobre el que no pesa ningún cargo fundamentado es un dolor adicional para mí. La duda siempre debe beneficiar al acusado. En nombre de este principio, Cassandre hubiera querido que Clemente Vera fuese liberado”.
La carta completa:
Al señor Alberto Fernández, Presidente de la Nación Argentina
Soy el padre de Cassandre Bouvier, una de las dos víctimas, junto con Houria Moumni, del crimen de las turistas francesas, ocurrido en la Provincia de Salta en julio de 2011.
Más que una hija, he perdido a una cómplice intelectual. Desde aquel sábado 30 de julio de 2011 -la fecha siniestra en la que me enteré de su asesinato- vivo condenado, a perpetuidad, al sufrimiento, a las lágrimas, a la desesperanza, a la depresión… Sólo la gracia de los niños pequeños o el conocimiento de una injusticia reparada en alguna parte del mundo consiguen secar mis lágrimas por un instante.
Cassandre era un alma bella. Mejor que yo -que soy evidentemente parcial- sus amigos(as) han encontrado las palabras adecuadas para describirla. De entre ellas he elegido aquellas que resonarán en usted ya que se encuentran en el corazón de su misión:
-Ella amaba la tolerancia, la libertad de pensar y de actuar con respeto hacia los demás.
-Ella detestaba la injusticia y sus consecuencias: la pobreza, la marginación, la exclusión.
-Amaba buscar aquello que permitiera a las personas desfavorecidas superar su condición.
-Le gustaba ser solidaria con todos los que sufrían y hacer cosas por ellos.
-Amaba descubrir la vida de las personas, su cultura y defender esta diversidad…
La muerte de Cassandre y Houria es una injusticia que todavía espera ser reparada. Su memoria exige esta reparación. La Argentina que amaban está en deuda con ellas.
Desde 2011, viajo regularmente a Buenos Aires y a Salta para exhortar a las autoridades nacionales y provinciales argentinas a la transparencia de los hechos y a la exhaustividad de las investigaciones. Asistí al juicio oral en 2014. Hasta mi muerte voy a rendir homenaje a los tres jueces que emitieron un veredicto justo fundado exclusivamente en la presencia o ausencia de evidencias científicas incontestables.
Ellos también han sacado a la luz las maquinaciones policiales contra los acusados y el recurso sistemático a métodos de interrogatorio (torturas físicas y psicológicas) indignos de un Estado de Derecho y contrarios a los derechos humanos.
A pesar de mi edad, del progresivo deterioro de mi salud y de los obstáculos a los desplazamientos que ha erigido la pandemia de la Covid-19, no renunciaré jamás a pedir a las autoridades argentinas que investiguen seriamente los hechos para que la verdad de lo que realmente ocurrió sea por fin conocida y que todos los responsables de los crímenes y sus cómplices (cualquiera sea su rango social) sean juzgados conforme lo prescriben las leyes.
Francia ha hecho justicia a la Argentina al extraditar a Mario Sandoval. Argentina debe ahora hacer justicia a Francia dilucidando las condiciones reales de las ejecuciones de Cassandre y Houria. Argentina también debe corregir la injusta suerte de dos de sus propios ciudadanos. Daniel Vilte, total y justamente absuelto de los crímenes de Cassandre y Houria, debe ser indemnizado por el daño sufrido por una pena de prisión de casi 3 años por nada. Clemente Vera, absuelto en primera instancia y puesto en libertad, fue reencarcelado a pesar de que no se han presentado pruebas científicas incontestables en su contra.
Los ADN no identificados que fueron descubiertos por los peritos franceses, y que no fueron unidos a su investigación por un juez de instrucción parcial, deben servir para la confección de retratos robot. Ellos permitirán reorientar la investigación. Las muestras de ADN no estudiadas, que fueron perdidas por el Poder Judicial de Salta y luego encontradas recientemente en una de sus cajas fuertes, deben ser sometidas sin demora a un doble peritaje (argentino y francés).
Aceptar sin reservas las sentencias del Poder Judicial de Salta pronunciadas en perjuicio de Clemente VERA sería una afrenta contra el derecho fundamental a un juicio justo. Negarse a reanudar las investigaciones para conocer toda la verdad sería: por un lado, insultar la memoria de las dos víctimas y despreciar a sus familias; por otro lado, supondría ofender a la Justicia internacional.
Espero con impaciencia la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tribunal no puede convalidar las deficiencias y debilidades de los procedimientos policiales y judiciales de la Provincia de Salta. Legitimarlos constituiría una denegación de justicia. Sería como destilar el veneno del resentimiento en el corazón de las mujeres de todo el mundo y principalmente de las mujeres argentinas.
Privar de libertad a un hombre sobre el que no pesa ningún cargo fundamentado es un dolor adicional para mí. La duda siempre debe beneficiar al acusado. En nombre de este principio, Cassandre hubiera querido que Clemente Vera fuese liberado.
Muy respetuosamente, Jean-Michel Bouvier - París, miércoles 2 de junio de 2021
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