Comisarías de CABA al borde del colapso: hay casi un 250% de sobrepoblación y los detenidos esperan horas en patrulleros para entrar a una celda

Hoy, en julio de 2021, según fuentes de la Policía de la Ciudad, hay 643 detenidos en las comisarías y alcaldías de la fuerza porteña. “La Policía de la Ciudad cuenta con un sistema de Alcaidías para alojamiento de detenidos hasta tanto se resuelva la situación procesal de la persona que pueden ser 48 horas o 72 horas. Desde la Alcaidía es trasladado a la U28 de Tribunales y de ahí al penal”, asegura una fuente oficial. Las plazas habilitadas en las alcaidías para alojar detenidos entre 48 horas o 72 horas hasta tanto se lo lleve el SPF es de 258 como máximo. La sobrepoblación es evidente.

Esto, según fuentes policiales, genera problemas evidentes. Los trámites de fichaje pueden tardar horas. Un detenido puede permanecer horas también dentro de un patrullero a la espera de un cupo dentro de una celda, incluso una noche entera o casi.

Estadísticas de la Procuración Penitenciaria de la Nación publicadas a mediados de mayo revelaron que “durante 2020 se registraron 17.384 detenciones judiciales-policiales de personas mayores de 18 años derivadas a comisarías y alcaidías” de la fuerza porteña, de acuerdo a un informe del organismo dedicado a controlar los espacios de detención nacionales y las condiciones de encierro, además de la problemática de violencia institucional. 9761 de estos arrestos se produjeron en los 234 días que duró el ASPO, entre el 20 de marzo y 8 de noviembre y 2.551 durante el distanciamiento, del 9 de noviembre al 31 de diciembre, cita el informe revelado en mayo último. La ley de flagrancia, implementada en los últimos años, acelera el proceso, lo mismo las restricciones por el COVID, con bloqueos judiciales de ingresos a alcaldías en el pasado reciente.

Las cifras continúan. Más del 10 por ciento de estos detenidos estaban en situación de calle; el 11,4% de los arrestos fueron hechos en Balvanera, la zona con mayor tasa de criminalidad. Los argentinos componen la inmensa mayoría de la lista de arrestados, con 1234 ciudadanos peruanos y 61 de origen chino.

9200 de ellos, más de la mitad, se reconocieron como “desempleados o desocupados”.

44,3% de los casos se deben a delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos. El informe concluye con un dato preocupante: “Se registró la producción de pésimas condiciones materiales, sobrepoblación y hacinamiento debido a que se llegó a alojar 537 personas en establecimientos cuyo cupo máximo de ocupación es de 130″. El número actual creció con respecto a este informe.

Hasta julio de 2020, según la PPN, se registraron 40 personas con COVID-19 positivo en las celdas.

Hubo dos cambios trascendentales que modificaron la lógica de arrestos. “La sanción del Decreto 297/2020 se produjeron detenciones a personas que incumplieron los términos del ASPO –en el marco de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación Argentina” y “la Disposición de la Dirección General de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal y sus extensiones, se suspendió la admisión de detenidos y detenidas a las alcaidías bajo su órbita”, con un Servicio Penitenciario Federal jaqueado por motines y disturbios como el ocurrido en abril de 2020 en la cárcel de Devoto, desactivados por mesas de diálogo.

En las comisarías y alcaldías porteñas, la PPN también denunció un fenómeno que es histórico también en las comisarías bonaerenses: la extensión de estadías en lugares no capacitados para arrestos de semanas o meses, por lo cual la PPN también interpuso un hábeas corpus.

La tensión del SPF y CABA se vuelve evidente. Fuentes políticas porteñas hablan de que el organismo intervenido por la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, que todavía no publicó sus estadísticas para el año 2020 en el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena que registra también los castigos a detenidos, “se escuda en el COVID” y “mete política en el medio”.

“Se termina por alterar la seguridad”, remata una de estas fuentes.

En los últimos meses se suscitó una fuerte polémica entre el aparato de Seguridad de CABA y el SPF intervenido por Garrigós, cuya intervención fue prorrogada por otros 180 días a comienzos de este mes.

En un comunicado oficial publicado el 24 de mayo, Garrigós de Rébori fue de frente y aseguró que el “SPF cumple con su tarea” y que “es mentira que no recibe” a detenidos porteños.

“Desde el momento en que me hice cargo de la intervención del Servicio Penitenciario Federal, no se ha interrumpido el ingreso de personas detenidas en el ámbito de la CABA, siempre conforme a lo solicitado por las autoridades de esa jurisdicción y de acuerdo a la cantidad de plazas de aislamiento, para respetar el protocolo especialmente diseñado en función del COVID. Se trata de que las personas ingresantes no contagien al resto de las personas privadas de libertad”.

“Desde octubre del 2020 hasta abril de este año se han recibido más de 2100 personas y recientemente, se dispusieron medidas de emergencia para incrementar la disponibilidad de plazas de aislamiento. Desde abril 2020 hasta hoy el SPF recibió 3979 personas, de ellas 3369 fueron remitidas por la Policía de CABA y las 610 restantes por las demás fuerzas de seguridad”, afirmó la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios”.

“El gobierno de Mauricio Macri impulsó la reforma a la ley de flagrancia, sin reforzar las plazas de aislamiento y con el único objetivo de lograr un golpe de efecto con su policía de CABA. Es por ello que detienen a personas sin tener en cuenta criterios razonables de política criminal. Las consecuencias están a la vista: no hay cárceles para alojar tanto efectismo punicionista”, concluyó.

Sin embargo, la propia PPN, lejos de ser un organismo partidario, cuestiona sus dichos, en cierta forma.

La Procuración Penitenciaria realiza inspecciones y monitoreos periódicos a la centros de detención porteños. El asesor del área de Centros Transitorios Judiciales de Detención, Juan Iraizoz, recorrió este mes la Comisaria Vecinal 1 Bis, la Alcaidia Comunal N°12 y la Comunal N° 1 que pertenecen a la policía porteña. En su propio comunicado, la PPN asegura, en clara contradicción a la

“Estas dependencias son carácter transitorio y no tienen las prestaciones mínimas y requerimientos con las que cuentan los complejos penitenciarios y cárceles, respecto del espacio en el que deben vivir como el acceso a condiciones dignas de detención. En los distintos lugares recorridos se encontraron problemáticas comunes: sobrepoblación y deficiencias con respecto a la alimentación y la atención médica”.

“Desde el decreto de aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional el 20 de marzo de 2020, un enorme grupo de personas detenidas se encuentran inadmisiblemente alojadas en forma permanente en comisarías vecinales y alcaidías comunales de la Policía de la Ciudad. Esta situación responde principalmente a que el Servicio Penitenciario Federal en el marco de la pandemia y estrictos protocolos por COVID19, no recibe la cantidad de personas detenidas que debería lo que provoca un funcionamiento incorrecto de las dependencias de carácter transitorias”.

De acuerdo a cifras oficiales citadas por la PPN, el sistema federal de cárceles pasó de 13971 detenidos en marzo de 2020 a 11527 en abril de este año, con una descompresión que le permitió salir de sus números rojos gracias a liberaciones, excarcelaciones y detenciones domiciliarias, con más de 600 plazas bajo su línea límite.

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