Mario Roberto Segovia, conocido como el “rey de la efedrina”, fue condenado a 16 años de prisión por la acumulación de diversas penas por sus movimientos en el negocio de las drogas, principalmente el contrabando de 294 kilos de esa sustancia, la base para fabricar metanfetamina, enviados a México en 2007, con cómplices como el mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza. Allanaron sus casas en Santa Fe, con una vida de lujo, le encontraron hasta un Rolls Royce. En paralelo, se hablaba de movimientos mucho mayores, hasta 8 toneladas en total. Su hermano Hernán había sido detenido años antes.
Con el tiempo, Mario Roberto se convirtió en un preso célebre tras ser encerrado en el penal de Ezeiza. En 2020, se reveló que el juez federal Federico Villena había requerido intervenciones y espionaje directo a Segovia en la cárcel, en medio del escándalo por la supuesta vigilancia a presos vinculados al gobierno de Cristina Kirchner. Se sospechaba en ese entonces de la posible fabricación de cartas bomba, se ordenó monitorear encomiendas. Hoy, esa sospecha se vuelve una realidad particularmente oscura.
Hoy por la mañana, la Policía Federal ejecutó ordenes tras una investigación de la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico, con el fiscal Diego Iglesias, y el fiscal federal Sergio Mola en Lomas de Zamora, bajo la firma de Luis Armella. Allanaron la casa santafesina de Segovia en la zona de Fisherton. Se pidieron otros 15 allanamientos, así como varias detenciones, entre ella la de Segovia mismo, su hermano y otros cuatro miembros de su clan.
Los sospechosos, según la imputación, formarían “parte de una organización dedicada a realizar actividades vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico ilícito internacional de armas y explosivos -obtención, armado, acopio y comercialización de armas de guerra de uso prohibido”, de acuerdo a un documento oficial al que accedió Infobae.
La apertura de una encomienda ligada a Segovia hecha el 8 de julio por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (DUFIE) disparó fuertes alarmas. En los allanamientos se encontró una ametralladora, municiones de alto calibre, manuales para operar fusiles automáticos, supuestos manuales de la CIA para manipular explosivos y un oscuro clásico literario de culto, “How To Kill”, con instrucciones para el sicariato, un viejo libro del underground conspiranoico estadounidense, los literales planos para una bomba, computadoras, más municiones.
La letra del expediente, a la que accedió Infobae, es más aterradora todavía.
“El día 12 de septiembre del 2016, en el Aeropuerto Internacional Silvia Pettirossi ubicado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay se había secuestrado un paquete remitido por encomienda, proveniente de Canadá, que previamente había pasado por el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos”, asegura un documento del caso. La dirección de email asociada tenía un dominio gob.ar, del Gobierno argentino. Así, se llegó a dos supuestos empleados públicos formoseños.
Se descubrió que se hizo una compra de “un sobre bomba, conteniendo alambre, cables, tornillos, un detonador y una batería”, un “libro bomba, conteniendo dos baterías, un detonador, una llave, dos pinzas, cables y papel aluminio” y una “carpeta bomba, conteniendo una batería, cables, papel aluminio, detonador, clavos y gel”. Los explosivos fueron comprados en Canadá, negociados con un hombre que opera un website, que, insólitamente, ofrece productos explosivos con una venta online y un servicio de catálogo: el pago fue hecho via giro de dinero por otro hombre en Sinaloa, México.
Hubo un pago adicional para enfrentar los costos de esa encomienda: se descubrió que fueron realizados desde Santa Fe por un cuñado de Mario Segovia. Ese dinero fue supuestamente abonado a un hombre en Paraguay, el receptor final del paquete asesino.
los empleados públicos nunca existieron, sus identidades fueron usurpadas. También se usó una casilla de Hotmail con el nombre falsificado del empleado público: esa casilla, se descubrió también, fue operada desde una tablet que una requisa penitenciaria encontró en el penal de Ezeiza en 2017, oculta detrás de un termotanque. Un familiar directo de Segovia también accedió a las casillas de los empleados públicos
A quién planeaban enviarle la bomba, todavía no se sabe. Lo que sí sospechan la PROCUNAR y el fiscal Mola es que existía un posible plan para que ese paquete llegue con una azafata de micro paraguaya como mula hasta el penal de Ezeiza y Segovia mismo.
La encomienda de las bombas no fue la única: el 23 de junio de este año se detectó otra desde el exterior, enviada desde la subprefectura de Yiwu en China, con destino a Rosario. Contenía varias partes de una ametralladora AR15. Gonzalo Ortega, cuñado de Segovia, fue fotografiado por la PFA mientras la retiraba. Se sospecha que empleaban un código para mencionar las ametralladoras, “escobas”, las llamaban. Hay una conversación intervenida entre Segovia y su hijo donde se menciona la compra de una camioneta financiada con “una escoba”.
Entre las medidas, se pidió allanar la celda de Mario Segovia, así como la inhibición de cuentas y bienes de todos los sospechosos. También, se investigan varias encomiendas ocurridas entre 2020 y 2021, 25 en total según el registro del expediente.
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