El desesperado pedido de una familia para que se investigue el abuso sexual que sufrió una joven de 15 que se quitó la vida

Millaray Camila Cattani, oriunda de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, tenía 15 años cuando se quitó la vida el 14 de abril pasado. Desconcertados, en un principio sus familiares sólo podían preguntarse qué había pasado.

Sin embargo, dos días después del suicidio, uno de los amigos de la joven le reveló a la familia que Millaray había sufrido un abuso sexual dos años antes, cuando tenía 13. El episodio fue luego confirmado por su mejor amiga. El presunto abusador, que era mayor de edad al momento de los hechos, supuestamente de 19, también había sido el último en comunicarse con la adolescente.

Hoy, los Cattani buscan justicia por su propia hija. Se presentaron el 20 de abril como querellantes en la investigación del suicidio y menos de una semana después, el 26, sumaron la denuncia por abuso sexual. Además de las capturas de pantalla que certifican que el presunto abusador fue el último en hablar con Millaray, otros cinco testigos -todos menores- confirmaron en sus declaraciones que el episodio de abuso ocurrió cuando la víctima tenía 13 años. Millaray lo había contado en el colegio a algunas de sus amigas cercanas.

Los abogados de la familia también investigaron por su cuenta y encontraron a otras dos menores que también habrían sido víctimas del mismo joven. En uno de estos casos se concretó el abuso, mientras que el otro se encuadraría en un caso de acoso. No obstante, hasta el momento no se presentaron las denuncias formales por estos nuevos casos. La familia de Millaray se mantiene en contacto con ambas menores, con la esperanza de que se presenten ante la Justicia. Sin embargo, aseguran que no quieren presionarlas para no “revictimizarlas”.

Sin embargo, tras dos meses, la investigación del abuso no ha avanzado casi nada, según el criterio de la querella. El fiscal Ariel Quinteros solicitó que ambos expedientes (suicidio y abuso) se unifiquen pero no solicitó las principales medidas de prueba que reclaman los abogados de la familia de Millaray, según fuentes del caso. Durante estos meses los familiares aseguran que guardaron silencio para no entorpecer la investigación.

“No hubo ninguna indagatoria, ningún allanamiento en el domicilio del presunto abusador ni secuestro de sus dispositivos electrónicos para demostrar que tenía una relación con una menor de 13 años que no puede dar su consentimiento”, explicó a Infobae Cristian Fernández, uno de los abogados de la familia.

También, los Cattani exigen que se hagan pericias sobre las redes sociales de la menor, dado que los análisis iniciales realizados sobre su celular sólo incluyeron llamadas y mensajes de WhatsApp. “De ese informe inicial no se extrajo nada, porque los chicos hoy en día no se comunican tanto con llamadas y mensajes, utilizan más las redes sociales, como Instagram”, argumentaron.

Ayelén, una de las hermanas de Millaray, fue llamada como testigo por la fiscalía. “No me preguntaron nada sobre el abuso. Al final yo les dije que quería agregar lo que su mejor amiga me había contado. Entonces el oficial escribiente que registraba las declaraciones me dijo: ‘¿Y si tanto la cuidaban por qué le pasó esto?’”, relató a Infobae.

“Yo soy una persona adulta pero salí llorando. Las otras nenas que van a declarar no pueden estar solas porque este hombre va a estar del otro lado”, continuó. Según su testimonio, en otra de las declaraciones, cuando una de las amigas de Millaray empezó a hablar sobre los abusos sexuales, el mismo funcionario judicial la interrumpió y le dijo que estaban ahí “solo para averiguar por qué se suicidó”.

Ante la consulta, el fiscal Quinteros explicó que espera la autopsia psicológica de la menor que llevan a cabo una perito criminalística y una psicóloga forense a través de entrevistas con allegados, informes escolares y evaluación de libretas y otros tipos de registros.

Según su visión, dado que Millaray tenía 13 años y la relación sexual “habría perdurado en el tiempo” la Justicia debe evaluar la “inmadurez sexual” de la víctima y si vivió el episodio como un hecho traumático. Por esta razón, la autopsia psicológica “es clave” para determinar cómo avanzar. La misma estaría terminada en los próximos 15 días.

“Lo que el fiscal no quiere entender es que no hubo ningún consentimiento, nosotros denunciamos, en base a los testimonios de las amigas, que la relación se dio a la fuerza, fue abuso sexual”, argumentó Cristian Fernández, el abogado de la familia.

En relación a la demora para dictar el allanamiento, el fiscal Quinteros señaló que corresponde al juez que entiende en el caso determinar si la medida es necesaria. “El juez autoriza las medidas de prueba”, explicó y señaló que el magistrado seguramente también esté esperando los resultados de la autopsia psicológica. Los abogados de la querella, por su parte, señalan que si el fiscal le solicitara el allanamiento al juez, este “seguramente haría lugar al pedido”.

En Puerto Deseado, una ciudad de 20 mil habitantes, el nombre del acusado ya comenzó a circular. Por eso, la familia Cattani reclama celeridad en la investigación antes de que el acusado pueda borrar las evidencias o directamente escapar.. Por estas horas, la familia se organiza una movilización para exigir justicia.

“No queremos que hayan más Millaray que sufran por culpa de este tipo, queremos que se haga justicia, que el responsable deje de vivir con la tranquilidad que lo hizo hasta hoy, que sea juzgado y condenado como corresponde y que Milla pueda descansar en paz”, concluye un posteo de Ayelén que circula en las redes sociales.

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