José Antonio R. tiene 66 años, vive en la ciudad bonaerense de Punta Alta -a unos 30 kilómetros al sudeste de Bahía Blanca- y es ex combatiente de la Guerra de Malvinas. A causa de los estruendos de los bombardeos de Puerto Argentino, durante el conflicto bélico en la última dictadura militar argentina, perdió la audición y quedó afectado con una discapacidad permanente por una hipoacusia neurosensorial bilateral. Por eso es que José, hoy jubilado, vive casi únicamente de su pensión como veterano de guerra, que apenas alcanza los 40 mil pesos mensuales.
Hace algunos meses, en septiembre del año pasado, José Antonio, probablemente en la búsqueda de obtener un ingreso extra, puso a la venta una máquina de cortar pasto tipo tractor a través de un grupo de Facebook y algunas otras plataformas de compraventa, a 120 mil pesos.
Sin embargo, lo que era una simple oferta comercial en internet terminó en una sofisticada estafa a través de su cuenta bancaria y una batalla legal del ex combatiente con el Banco de la Nación Argentina.
Algunos días después de haber posteado la publicación, un hombre se contactó por privado con José, manifestó estar interesado en la cortadora, y le pidió su número de teléfono para acordar con él la transacción.
En esa conversación, el supuesto comprador le mencionó a José Antonio que por una cuestión de seguridad no iba a poder retirar todo el dinero del banco para abonar en efectivo y le propuso un acuerdo: él realizaría una transferencia bancaria a su cuenta por una suma de $80.000 y los $40.000 restantes los entregaría en mano al momento de retirar la máquina. José aceptó.
El 18 de septiembre, el hombre le envió una supuesta constancia de transferencia que José nunca pudo ver acreditada en su home-banking.
Ante esa situación, el supuesto comprador le explicó que no había podido hacer la transferencia por un “problema administrativo” con el banco y le indicó que ese obstáculo podría destrabarse en sólo cinco minutos desde un cajero automático. En paralelo y en consonancia con la mentira del estafador, el ex combatiente recibió en su casilla un supuesto correo electrónico de la red Link donde le aseguraban que un asesor se iba a comunicar con él para “realizar la activación” de los $80.000 que no podía cobrar.
Tal y como le indicaron, José recibió una llamada, donde le detallaron una serie de instrucciones y pasos a seguir en el cajero. Sin embargo, esta nunca fue una comunicación oficial y, siguiendo esos pasos, el hombre concedió todas sus claves y credenciales de acceso.
Finalmente, menos de una semana después, el 21 de septiembre, el o los estafadores solicitaron un préstamo en el Banco Nación por la suma de $270.000, que luego se transfirió en dos partes a dos cuentas radicadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe y que el banco empezó a debitar al mes siguiente. También extrajeron 16 mil pesos en efectivo.
Ese mismo día, José Antonio se dio cuenta de que había sido estafado y radicó una denuncia en la UFI N° 12 de Bahía Blanca y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Coronel Rosales: aportó capturas de pantalla con el correo electrónico, el registro de llamados y conversaciones de WhatsApp con el supuesto comprador y los tickets de extracción.
Al estar involucrado el Banco Nación, la causa pasó de la justicia ordinaria a la federal y el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca dispuso una medida cautelar para que la sucursal Punta Alta del BNA a que suspenda el cobro de las cuotas del crédito, equivalente a 16 mil pesos, lo que representa casi el 40% de los ingresos que el excombatiente percibe cada mes.
Una suma que el jubilado jamás hubiese podido pagar y una operación que el banco nunca registró como sospechosa.
Sin embargo, el banco apeló la medida y presentó un recurso en el que argumentó que si bien reconocía la existencia de la estafa, la operatoria había sido regular y adjudicaron el fraude al actuar torpe o negligente del hombre de 66 años, al haber entregado sus claves bancarias.
El fiscal Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación, presentó un duro dictamen de rechazo al planteo de la entidad bancaria.
Azzolin consideró que las pruebas aportadas por el hombre avalan la acusación de estafa del ex combatiente y que su condición de veterano de guerra, adulto mayor y discapacitado lo categorizan como un consumidor hiper-vulnerable en una disputa asimétrica y desigual con una institución centenaria y de gran envergadura como es el Banco Nación.
Para el fiscal, pese a que el BNA argumentó que no puede achacarse el error del hombre al banco, la entidad sí debería adecuarse a la cautelar ya que ni en su página web o en sus redes sociales brinda relevancia a la información de seguridad para sus clientes, ni contaba en este caso con medidas de seguridad que pudieran evitar que cualquier persona pueda sacar un crédito de casi el cuádruple de la pensión de la víctima desde un dispositivo y una dirección IP nunca utilizado por el cliente.
Por otro lado, el fiscal evidenció que, una vez hecha la operatoria, tampoco existió una función de alerta que llame la atención sobre ese acceso sospechoso ni las transferencias realizadas luego a dos cuentas extrañas en distintas provincias.
Por otra parte, los datos de la UFECI demuestran que esta estafa no fue un hecho aislado: el fraude que sufrió el hombre en el contexto de una venta online constituye una modalidad delictiva ampliamente generalizada en el contexto de la pandemia de COVID-19, que en el período entre 2019 y 2020 registró un aumento de casos que ronda el 3000%.
Tras el dictamen, los jueces Roberto Daniel Amabile y Pablo Candisano Mera de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazaron el recurso interpuesto por el banco.
De acuerdo a la resolución de la Cámara, entre octubre-cuando se solicitó vía carta documento al banco que se abstenga de hacer los descuentos- y noviembre de 2020, cuando el BNA fue oficialmente demandado, la entidad bancaria, “solo se atuvo a realizar una negativa de su responsabilidad sin mostrar ninguna voluntad en dar una respuesta que pudiera representar una solución a quien veía afectarse sus recursos con carácter alimentario mes a mes”.
Así, mientras la Justicia aún investiga la estafa, los jueces ordenaron al BNA la suspensión del cobro de las cuotas mensuales del crédito en la cuenta del hombre.
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