Hugo Giuliano, un ex jefe policial de Santa Fe denunciado por “operar las cajas negras” de la fuerza de la provincia, comenzó a ser juzgado desde el miércoles pasado en Rosario. Según la Justicia, no puede justificar su patrimonio con el ingreso que percibió como uniformado: está investigado por comprar seis casas, dos autos y una lancha, explotar una licencia de taxi e invertir en bonos en dólares. El comisario retirado hoy tiene 66 años y dejó de cumplir funciones en 2004, año en el que se inició la causa que, tras 17 años, llegó a juicio oral y público. Sebastián Narvaja, fiscal de Delitos Económicos y Complejos, pidió que lo condenen a seis años de prisión y el decomiso de los bienes adquiridos durante el supuesto enriquecimiento ilícito.
Giuliano cumplió distintas funciones en la Policía de Santa Fe desde 1975 y pasó por las unidades regionales de Rosario, Villa Constitución y Caseros. En la ciudad Cuna de la Bandera llegó a ser jefe de la Agrupación de Unidades Especiales. Fue denunciado en 2004 por un autodenominado sindicato policial no reconocido llamado APROPOL porque no había presentado su declaración jurada en 2003, y cuando lo hizo al año siguiente había presuntas inconsistencias patrimoniales. Según el titular de ese gremio no oficial, recibió un anónimo que aseveraba que Giuliano era el “recaudador de dineros provenientes del circuito ilícito” del ex ministro Roberto Rosúa del gobierno peronista de Jorge Obeid y el “principal operador en las denominadas cajas negras”.
La denuncia comenzó a ser investigada cuando en Santa Fe regía el antiguo sistema procesal penal. Luego de dos sobreseimientos ocurridos en 2011 y 2014 que fueron revocados en segunda instancia tras pedidos de prescripción por parte de la defensa, la causa pudo llegar a juicio oral y público. Un dato no menor: el ex jefe policial estuvo años sin haber sido citado a indagatoria. Cuando ocurrió, se declaró inocente y aseveró que su patrimonio fue “fruto de 35 años de trabajos y actividades comerciales lícitas”.
Giuliano se convirtió en el segundo policía de toda la provincia en ser juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que el anterior fue el ex jefe de Administración y Finanzas de la Policía de Rosario, Omar Pintón, quien fue condenado a finales del año pasado a 2 años y 6 meses de prisión y el pago de una multa de 2.300.000 pesos.
Desde la Fiscalía General se apuntó que estas extendidas demoras para llevar a juicio estos casos muchas veces se dan por la vigencia de la ley 12.238 que obliga a fiscales a investigar a cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. “Pareciera estar creada para demorar el proceso”, sostuvo una fuente judicial vinculada al caso, que agregó: “Cualquier ascenso policial debería pasar por un control económico”.
La investigación sobre Giuliano no se centró de dónde provenía el dinero; solo se centró en el patrimonio aparentemente injustificado. El fiscalNarvaja, durante su alegado de apertura, dividió el aumento patrimonial en ocho períodos de tiempo: del 1973 al 1985; de 1985 al 1986; de 1986 a 1988; de 1988 a 1991; de 1992 a 1995; de 1995 a 1999; de 1999 a 2003; y de 2003 a 2006.
El fiscal enfatizó que, sobre el final de su carrera policial, el comisario compró dos autos, bonos por 20.100 dólares (BODEN 2012), una lancha Sunrise motor Mercury 40 y construyó sobre la planta alta de un domicilio de Buenos Aires e Ituzaingó del barrio República de la Sexta de Rosario.
Pasó de ser cadete en Rosario en 1975 a cumplir funciones en el Comando Radioeléctrico al año siguiente; nueve años después pasó como numerario a la Agrupación de Unidades Especiales, donde volvió en 1998 para ser jefe. En 2004 fue pasado a disponibilidad y en 2005 tuvo el retiro obligatorio. Se presume, según el fiscal, que realizó maniobras irregulares con su patrimonio hasta 2006.
El señalado como recaudador y operador de las cajas negras policiales registró a su nombre una propiedad de Buenos Aires e Ituzaingó, que fue comprada como posible terreno en una subasta judicial por 2.800 australes. Al año siguiente, en la planta baja de esa edificación construyó tres locales comerciales.
Siempre según la acusación, en 1988 el policía adquirió un salón para un negocio en la planta baja de un edificio ubicado en Moreno al 400, en pleno centro de Rosario. También fue adquirido en un remate judicial, pero por 60 mil australes. Tres años después compró una casa en Montevideo al 3900, en barrio Echesortu, por 20 mil dólares y en 1994 la vendió por 72.500 pesos en tiempos del uno a uno.
A su vez, se le atribuye por parte de la fiscalía haber comprado en 1995 la planta baja de un edificio destinado a negocio en Cafferata al 1600, en el barrio Echesortu, por 40 mil pesos en efectivo. Dicho lugar fue registrado a nombre de su esposa y el 8 de marzo de 1996 fue vendida por 31 mil dólares.
El nombre de la esposa de Giuliano se repite en algunas de sus operaciones. Volvió a figurar en el expediente como titular de una casa de Febrero al 3700, también en barrio Echesortu, el 20 de octubre de 1999. En plena crisis económica de 2001, Giuliano, su esposa y sus hijos hicieron varios viajes al Caribe que, según el fiscal Narvaja “implican sustanciales gastos reveladores del incremento patrimonial”.
En una de las medidas judiciales realizadas en el transcurso de la causa en un domicilio a nombre de su pareja, Giuliano apareció en auto y amenazó a un sargento y a un oficial auxiliar que fueron al domicilio de 3 de Febrero al 3700. “Qué carajo quieren acá. Pendejo de mierda, vos no tenés idea con quién te estás metiendo. Yo puedo ser simpático cuando me citaron, pero te estás equivocando conmigo. Yo soy un oficial mayor de la Policía. Andate de acá, te voy a cagar a trompadas. Quién se creen que son para venir acá a hinchar las pelotas. Yo voy a ir a hablar con (el juez) Ivaldi Artacho”, les dijo luego de esgrimir una pistola calibre 9 milímetros al descender de su Ford Galaxy.
Otra cuestión curiosa del comisario fue señalada en las pericias contables y declaraciones testimoniales: por su salario, la capacidad de ahorro “era muy escasa o prácticamente nula”. Además, indicaron que su esposa, cuyo nombre figura en propiedades adquiridas en los años analizados por la Justicia, “trabajó un par de años y se jubiló por invalidez”.
A la Justicia y a los peritos les llamó la atención que luego de no presentar declaración jurada en 2003 sí lo hizo en 2004, pero puso a sus propiedades con un valor menor incluso al de la valuación fiscal. Se añade un detalle: en algunos inmuebles ya se habían hecho ampliaciones que quedaron registradas, pero que no fueron incluidas en la DD.JJ.
Carlos Edwards, abogado particular de Giuliano, pidió al tribunal en su alegato inicial la absolución del comisario retirado y en su argumentación señaló que “desarrolló una intensa vida comercial desde 1973 como taxista además de una agencia de prode, un emprendimiento de construcción con un familiar, a lo que se le debe sumar los ingresos de su esposa”.
“Se encontró con la dificultad de poder acreditar esa activa vida comercial ejercida durante más de 45 años, ya que muchos registros que documentaban esas actividades económicas han sido destruidos por el paso del tiempo o el cambio del formato papel al digital”, manifestó.
Según el abogado, la pericia contable oficial “determinó que los ingresos (de Giuliano) por la explotación del taxi de febrero de 1974 a junio de 1991 fue de 264.350 dólares, lo cual justifica con creces la totalidad de los inmuebles adquiridos, sin contar los ingresos de sus esposa, el importe por la venta de la chapa de taxi y por sus otras actividades comerciales”.
La resolución se calcula que se dará a conocer antes de que finalice esta semana.
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