A pesar de que en el territorio argentino sigue vigente la llamada “ley de drogas”, sancionada en el ya muy lejano 1989 y jamás modificada por ningún gobierno en casi 32 años, en la ciudad de Mar del Plata la Justicia decidió evitar la sobrecarga de gastos en causas, detenciones e investigaciones contra consumidores que finalmente terminaban en nada y poner el foco en la lucha real contra los mercaderes de las drogas prohibidas. Amparados en un fallo de la Corte Suprema emitido en 2009, los fiscales dejaron de preocuparse por los cultivadores de cannabis que le dan exclusivamente uso personal a la planta.
“Nosotros no generamos investigaciones por plantas si no afecta a terceros. Si el cultivador está en una propiedad y las denuncias no se pueden constatar, la fiscalía no avanza. Cuando entra una denuncia mandamos a chequear y cuando no se ve nada desde afuera, archivamos. No invadimos la privacidad”, comentó a Infobae el fiscal de drogas provincial en Mar del Plata Leandro Favaro.
El investigador explicó que la decisión es “una extensión” del fallo Arriola de la Corte, que desestimó el proceso penal contra un grupo de personas que habían sido descubiertas por la Policía en las calles de Rosario con poca cantidad de marihuana destinada al consumo personal.
Los jueces del máximo tribunal nacional consideraron aquella vez que el artículo 14 de la ley de drogas, que penaliza la tenencia, es inconstitucional porque atenta contra las libertades individuales protegidas por el artículo 19 de la Constitución. “La diferencia para nosotros se genera cuando la planta se ve de afuera, es decir, cuando afecta a terceros. Pero en general no se hacen investigaciones”, aclaró el fiscal Favaro.
Mar del Plata, quizá junto a Buenos Aires, Rosario y Bariloche, es una de las ciudades del país con mayor arraigo de la cultura cannábica. Tiene un activismo numeroso que organiza marchas por la regulación del cannabis y actividades de información y concientización desde hace más de una década. Muchas personas cultivan cannabis en los patios, jardines o balcones de sus hogares o adentro de la casa, lo que se conoce como “cultivo interior”.
El autocultivo, esencialmente, les evita a los usuarios tener que acudir a los vendedores ilegales de lo que se conoce como “prensado”, marihuana de baja (o directamente nula) calidad que llega desde Paraguay en panes de un kilo y que incluye en su producción la explotación y esclavitud de campesinos, sangre derramada en la lucha por el dominio del territorio y connivencia con las fuerzas de seguridad paraguayas y argentinas en las fronteras.
En muchos lugares de Argentina actualmente los cultivadores son perseguidos y detenidos por policías y fiscales que tienen una mirada punitivista sobre el consumo y que consideran al usuario un delincuente. Eso es lo que no corre más en Mar del Plata.
El 99% de las causas que se forman por tenencia simple de plantas (artículo 14 de la ley de drogas) en la Unidad Fiscal de Estupefacientes de la jurisdicción de Mar del Plata termina sin imputaciones. Cuando ocurre lo contrario, explican, es porque “se ha pasado algún límite”.
Este umbral tiene que ver siempre con la cantidad de plantas o con algún cultivador que decidió hacer una “diferencia” económica con la venta de algún frasco de mermelada o de café rellenado con cogollos de marihuana. En estos casos, el precio del frasco (entre 10 y 15 gramos de cogollos) va de 3.000 a 8.000 pesos, depende la época del año (cerca del tiempo de la cosecha el precio baja porque hay más oferta y viceversa). Si son descubiertos, se les inicia una causa por comercialización, enmarcada en el artículo 5°C de la ley de drogas, que contempla penas de prisión de hasta 15 años.
¿Cuántas plantas se pueden cultivar para uso personal en Mar del Plata? No hay reglas que lo marquen porque, en efecto, no hay ley que lo permita. Pero los fiscales aplican “informalmente” el parámetro de la resolución del Ministerio de Salud que marca el contorno para la inscripción en el Registro Nacional de Cannabis (Reprocann) para uso medicinal legal: en este caso, se permiten entre 1 y 9 plantas en hasta seis metros cuadrados.
Lo particular del caso de Mar del Plata ocurre cuando sí se forman causas. ¿Cómo ocurre? Cuando otra fiscalía no especializada en drogas activa algún allanamiento por otro delito y los policías que lo ejecutan se encuentran con plantas de cannabis en ese lugar o en una casa vecina. “En el 80% de éstos hay plantas”, reveló una fuente policial.
“Van a buscar un auto robado y hay plantas. Buscan a un prófugo y entran a la casa equivocada y hay plantas. Así pasa todo el tiempo”, agregó una fuente judicial.
Favaro no confirmó ni ratificó esta particularidad pero pero sí explicó que cada vez que la Policía encuentra una planta de cannabis él pide que le manden una foto del secuestro porque muchas veces, por falta de formación de los agentes policiales, son plantines o es muy poca cantidad. “La decisión nunca ha sido detener a nadie. Algún caso de seis o siete plantas o cuatro plantas muy grandes que excede la tenencia”, comentó Favaro.
Una fuente policial reveló un hecho ocurrido durante 2019 durante el allanamiento a un consumidor que tenía cuatro plantas enormes, que ocupaban 15 metros cuadrados de su jardín. “Recuerdo a la Policía Federal transmitiendo el allanamiento a la ex ministra (por Patricia Bullrich)”, rememora la fuente. Ese imputado pasó dos días aprehendido en una comisaría y fue liberado. No había pruebas de comercialización. El acusado “confesó” su delito: “Es la primera vez que planto y se me fueron de las manos”.
La ciudad fue noticia semanas atrás cuando un cultivador murió electrocutado al intentar salvar a un niño que había saltado por la pared hacia su jardín, donde tenía plantas de cannabis, protegido por un cerco electrificado.
“Muchas veces cuando se dan estos allanamientos se forma el expediente porque se secuestra la planta, pero no se le imputa el delito, excepto que haya pasado algún límite. Eso sí, es difícil que el usuario recupere la planta”, explicaron en la Justicia marplatense y aclararon: “Pero tenemos cero aprehendidos y mucho menos detenidos por plantas. Hay una convicción ideológica y una necesidad por optimizar los recursos”.
La persecución a consumidores en Provincia de Buenos Aires es masiva, como ocurre en casi todos distritos donde adhirieron a la ley de desfederalización, incluida la Ciudad de Buenos Aires. De 1.418 “investigaciones” iniciadas en 2018 en la Provincia, 569 fueron por tenencia para consumo personal: casi la mitad, según se consigna en la Memoria sobre Desfederalización en Materia de Estupefacientes del Ministerio Público bonaerense.
“Lo que hacemos es un dispendio de actividad policial, judicial, gastamos horas de trabajo, papeles, una cantidad de dinero que estamos pagando con nuestros impuestos para nada. Independientemente de que estamos violando el articulo 19 de la Constitución Nacional, estamos afectando la concepción antropológica constitucional, y estamos gastando inútilmente nuestro dinero y lo mostramos como combate al narcotráfico, cuando no tiene nada que ver. Sin contar la estigmatización de cualquier persona detenida que pasa por un juzgado o una comisaría”, dijo en agosto de 2019 el ex ministro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni en una jornada conmemorativa de los 10 años del fallo Arriola. Ese es el espíritu que eligieron seguir en Mar del Plata los agentes del Ministerio Público Fiscal.
En Mar del Plata durante 2019 se iniciaron más de 4.000 causas por tenencia para consumo. Eso llevó no sólo a la fiscalía a dejar de perseguir usuarios. En diciembre pasado, el juez penal de esa ciudad Juan Tapia exhortó a las fuerzas de seguridad que dejen de perseguir consumidores de cualquier tipo de drogas.
El titular del Juzgado de Garantías Nro. 4 de Mar del Plata ordenó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que “en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuarios de sustancias que la ley define como estupefacientes” cuando por las circunstancias quede claro que “la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”. El mismo criterio que describió Favaro para el cultivo hogareño de cannabis.
“Si bien existe esa percepción desde el Poder Judicial y hay algunos amparos y resoluciones y protocolos, esto muchas veces no se refleja en las prácticas policiales sobre las personas. La Policía encuentra algo y por eso te revisan. Acá en Mar del Plata se ven notas de prensa donde se profundiza el estigma a los usuarios, muestran fotos de allanamientos donde hay dos o tres plantas. Son comunes los operativos de saturación del verano que terminan en esto. Si bien es cierto que muchas veces no terminan en causas, la gente puede estar demorada al lado de un patrullero o pierde las plantas”, comentó Gabriel Díaz, integrante de la Agrupación Marplatense de Cannabicultores (AMC), organización activista formada en 2010 y que en 2019 presentó un habeas corpus que fue determinante para el fallo del juez Tapia.
Así todo, en la “ciudad feliz” hay causas de alto impacto en lo que nada tiene que ver el consumo personal. Semanas atrás desbarataron un cultivo dentro de un invernadero de 50 metros cuadrados donde había 150 plantas, más otras 35 en etapa de secado. Descubrieron que en una habitación separaban los cogollos en bolsas (tenían cerca de 100 kilos de flores) y con el resto de la planta (que casi no contiene material psicoactivo) hacían ladrillos del estilo del prensado paraguayo. Así, encontraron cerca de 20 panes de este estilo.
Por el caso hay tres detenidos: uno de ellos es policía de la Bonaerense.
Pero eso son los casos excepcionales. Así como está la postura del fiscal Favaro y de su equipo en la Fiscalía de Drogas de Mar del Plata, hay posiciones rígidas que hacen de la persecución al usuario una política criminal. Es el caso del fiscal de drogas de Bahía Blanca, Mauricio Del Cero, un investigador empecinado en detener cultivadores con jurisdicción en las ciudades de Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Tornquist, Puan, Pigüé, Punta Alta y Coronel Suárez.
A Del Cero no le bastó con hacer un papelón al detener a un matrimonio de Tornquist que cultivaba para uso medicinal -que luego fue sobreseído por la jueza Marisa Promé- y aplicar nociones erradas sobre las formas de producción del aceite. El fiscal de Bahía Blanca fue protagonista de un operativo mediatizado por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, con 20 allanamientos en Bahía Blanca, Pigüé y Puán.
Por ese operativo se detuvieron el 15 de diciembre pasado a 20 cultivadores. La investigación se activó por la denuncia de un joven, Kevin Torres, que según él mismo aseguró, no hizo, sino que fue usado por la Policía dada su vulnerabilidad penal, al estar dentro del Patronato de Liberados. La supuesta denuncia apuntaba a cuatro hombres que traían a Bahía Blanca cocaína y marihuana prensada desde Guatraché, La Pampa, lo que terminó en el operativo en Puan con más de 200 agentes de la Bonaerense. Catorce de los 20 detenidos siguen presos.
También en julio de 2019, Del Cero detuvo a Sergio “Pidu” Mauceri y su pareja, Milena Kenf. El joven es un reconocido militante, presidente de la Asociación Civil Cannabis Terapéutico Pigüé y dueño de un grow shop en su ciudad. Los arrestaron por tener 17 plantas. Decenas de testimonios, incluido el de la Asociación Pensamiento Penal, aseguran que Mauceri hacía aceites con parte de sus plantas para pacientes con diferentes patologías. La causa luego pasó al fuero federal.
“Vemos con gran preocupación estos procedimientos por arbitrarios y contrarios a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional, afectando gravemente las libertades individuales y poniendo en peligro a familias que por el solo hecho de cultivar cannabis no afectan a terceros”, expresaron desde Pensamiento Penal. Mauceri y Kenf, cultivadores, están por cumplir un año detenidos.
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