La causa que investiga el robo de 30 dosis de vacunas Sputnik V de un hospital de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia se inició el 8 de febrero pasado, cuando el personal del Área Programática Sur –un organismo dependiente de la cartera provincial de salud que coordina asistencia médica a las ciudades de Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer, además de Comodoro Rivadavia– advirtió el faltante de las ampollas que llegaron a Chubut el 19 de enero, como parte de un lote de 1.500 dosis. Las autoridades sanitarias hicieron la denuncia y el caso quedó, en primera instancia, a cargo de la fiscal Andrea Rubio y luego pasó a la justicia federal.
En las últimas horas hubo novedades en la causa: la jueza Eva Parcio De Seleme hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Norberto Bellver y resolvió procesar a 24 acusados: cuatro son funcionarios públicos y los 20 restantes, integrantes del gremio de Camioneros. Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las dosis robadas corresponden a los componentes uno y dos de la vacuna rusa (60 aplicaciones en total) y se utilizaron para inocular al personal del sindicato de esa ciudad chubutense.
En su resolución, Parcio De Seleme explicó la maniobra ilícita: un empleado del personal de salud de Camioneros le compró entre el 7 y el 9 de enero las vacunas a Analía Muñoz, una enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Así, según la jueza, ella se encargó de sustraer las dosis días más tarde, el 27 de enero. Lo hizo “en el contexto de caos reinante en torno al proceso de vacunación, al no existir medidas de seguridad en relación a dichos bienes esenciales –vacunas COVID–, un deficiente control, registros y protocolos al respecto, todo lo cual debía haber sido instrumentado por los funcionarios responsables”, subraya el fallo de procesamiento.
Después, unas 20 mujeres y hombres integrantes del sindicato, entre ellos quien instigó la maniobra delictiva, fueron vacunados el 29 de enero con el primer componente. La propia Muñoz y su compañera Gabriela Torres se encargaron de aplicar las dosis.
La enfermera Muñoz fue procesada por malversación de caudales públicos y le fijó un embargo de 2 millones de pesos. En cuanto a Torres, a quien se le imputó haber ayudado para coordinar la maniobra, la jueza la consideró autora penalmente responsable del delito de encubrimiento y le trabó un embargo de 1 millón de pesos.
En tanto, el empleado del área de Salud del sindicato imputado de haber comprado las vacunas fue procesado como instigador del delito de malversación de caudales públicos y se le fijó un embargo de 1,5 millones de pesos.
Pero además, para Parcio De Seleme hubo un rol preponderante de otros dos funcionarios públicos en toda la maniobra: por un lado, de Jorge Benítez, jefe de la División de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, quien tenía bajo su responsabilidad la Cámara de Vacunación, ya que ocupaba la función de “garante del resguardo de las vacunas”. Benítez fue procesado como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le fijó un embargo de 500 mil pesos.
Por otra parte, Daniela Cocha fue procesada por el delito de malversación culposa de caudales públicos, ya que era la encargada de coordinar la entrega diaria de las dosis necesarias y de realizar distintas tareas operativas en cuanto a la provisión de las vacunas conforme los turnos que fueran programados para cada día.
Al resto de los 19 sindicalistas acusados, la jueza los consideró autores penalmente responsables del delito de encubrimiento y libró un embargo de 1,3 millones de pesos para cada uno. La investigación continúa, con el foco en conseguir mayores precisiones sobre cómo fue la inoculación con el componente dos de la vacuna.
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