¿Quién paga cuando un inimputable mata?: elevaron a juicio a un psiquiatra por el crimen del policía en Palermo

La pregunta se hizo decenas de veces: ¿quién paga cuando un inimputable mata?

Desde 2014, y durante los últimos siete años, Jorge Alberto M, de 69 años, domicilio en Caballito, había sido el psiquiatra a cargo de tratar a Rodrigo Facundo Roza. Le había diagnosticado un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo”, con una incapacidad del 90 por ciento. El psiquiatra trataba a Roza con clozapina, un medicamente de probada efectividad para este diagnóstico.

Pero final, la falta de control fue el problema. Para la Justicia, el psiquiatra abandonó a su paciente. Esa desatención, supuestamente, llevó a algo mucho peor.

El 28 de septiembre de 2020, Roza salió a la calle con una hoja afilada envuelta en un papel rojo y una mochila llena de estampitas. Comenzó a deambular en busca de, quizás, una experiencia mística. Era un hombre suelto. Su familia había intentado internarlo la noche anterior, sin éxito.

Testigos y cámaras lo vieron caminar por la Avenida Figueroa Alcorta en Palermo, a pocas cuadras del departamento que compartía con su madre. Fue hacia Libertador, vestido como si fuese Dennis Hopper en Apocalipsis Now. En su mochila llevaba también un pistolón del siglo XVII, un cáliz de misa y varias cruces, estampitas de distintos santos, un viejo teléfono de línea, revistas religiosas y un atrapasueños. Profería amenazas, incoherencias. Se había acercado al cerco de la central de la PFA en la calle Cavia, donde se encuentra la base del Cuerpo de Policía Montada. El oficial responsable de la guardia ese día era el inspector Juan Pablo Roldán, devoto Hare Krishna, padre de una hija, en pareja.

Roldán y un compañero siguieron a Roza, de 51 años. Hubo una confrontación al pie del museo MALBA. “Te tengo que ofrendar ante los dioses, vos me estás sobrando, te estoy hablando en serio, ¡tengo un cuchillo de carnicero y tu alma está designada!”, le gritó Roza a Roldán. La vida de terceros estaba claramente en riesgo.

Así, Roldán se abalanzó sobre Roza para intentar desarmarlo. El policía fue apuñalado. Ya herido, tomó su arma y disparó: la bala impactó a su adversario en una pierna y el abdomen. Roldán fue el primero en morir en el sanatorio Mater Dei por las heridas sufridas en el tórax. Roza lo hizo al día siguiente, internado en el Hospital Fernández: las balas de Roldán comprometieron varios de sus órganos vitales. Su propia familia confirmó que era un paciente psiquiátrico.

En el medio, no parecía haber un responsable. La jueza Alejandra Provitola, a cargo de esclarecer el caso con el Juzgado N°14, pensaba lo contrario y fue por el psiquiatra. Allanó su consultorio. El viernes 5 de marzo, Provitola lo procesó sin prisión preventiva por el abandono de persona de su paciente, sino también por su muerte, el homicidio culposo de Roldán mismo. En su planteo, la jueza argumentó que ambas cuestiones están íntimamente conectadas, una lleva a la otra en concurso real.

A comienzos de este mes, la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional, con la firma de los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Magdalena Laiño, confirmó la decisión en un fallo de once páginas al que accedió Infobae. La decisión es sumamente inusual para la Justicia: muy pocas veces un psiquiatra ha sido responsabilizado por los hechos cometidos por su paciente o por lo que le pase a su paciente mismo. Rubén Lescano, psiquiatra del periodista Juan Castro, había sido imputado de manera similar en 2004.

Ayer lunes, el juez Diego Slupski, titular del Juzgado N°14, elevó a juicio al psiquiatra, luego de rechazar el pedido de sobreseimiento de su defensa, con los abogados Gabriel Iezzi y Ana Palmucci como nuevos querellantes por la familia del policía. La fiscal Paula Asaro también pidió la elevación a proceso. En su decisión, Slupski lo acusó “de soslayar los controles urgentes, necesarios y adecuados que el mencionado paciente requería conforme el estado de salud que se le había informado”.

En sus cálculos, Provitola no fue contra la medicación, a la que forenses avalaron como efectiva, sino por la falta de control de tratamiento en la semana previa al asesinato a puñaladas de Roldán. Consideró que J.M incumplió por omisión la lex artis, su obligación en el arte de curar, así como términos de la Ley de Salud Mental.

La propia familia de Roza lo había alertado. Un día antes del crimen del policía, según la elevación a juicio, “entre las 19.00 y 20.00hs, llamaron nuevamente al imputado por vía telefónica. En esta ocasión le mencionaron sobre sus condiciones de salud psíquica y manifestaciones psicológico psiquiátricas que Rodrigo Facundo Roza había concurrido ese sábado 26 de septiembre a la ‘Embajada de los Estados Unidos de América’ para dejarle un mensaje al presidente Donald Trump; solicitándole al imputado que, de ser posible, colabore para proceder a iniciar los trámites de internación de Roza, frente a lo que el profesional dijo que ‘lo volverían a hablar al día siguiente’, ‘que tenía que consultar cómo era la ley de salud mental para internarlo, que no estaba muy al tanto del protocolo de internación’ y que “el lunes no podía porque tenía que atender pacientes en San Miguel”.

El psiquiatra, de acuerdo a la causa, “estaba en conocimiento de que Rodrigo había abandonado el tratamiento farmacológico y, como su médico tratante, no podía ignorar las consecuencias que ello le podía acarrear. Con más razón cuando el 3 de julio anterior había solicitado autorización a las autoridades del Centro Médico Pueyrredón para que le expendieran clozapina” por ser “indispensable para la estabilidad de su problemática”.

“A su vez, sabiendo que Roza no seguía el tratamiento prescripto, sumado a lo informado por sus hermanos acerca de la situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, el médico debió activar los mecanismos para lograr una internación voluntaria de su paciente o, en subsidio, una forzosa ante la ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento, pero ninguna de estas acciones asumió como responsabilidad propia y se mantuvo prácticamente prescindente ante los esfuerzos de los familiares por internarlo a través del Centro Médico Pueyrredón, frustrándose así el intento de la noche del 27 de septiembre pasado”, razonaron los jueces de la Sala IV, en consonancia con Provitola. Actualmente, el imputado es empleado del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires según registros consultados.

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