La trama entre policías corruptos y un polémico senador que reveló un caso de gatillo fácil en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, un crimen de gatillo fácil cometido supuestamente por un comisario en la localidad de Capitán Bermúdez en 2019, reveló una oscura trama policial-judicial con derivaciones políticas. Tres policías retirados –uno de ellos era jefe de la jurisdicción del departamento San Lorenzo en ese momento– fueron imputados ayer por haber realizado maniobras para beneficiar al autor del asesinato, su compañero, para que reciba arresto domiciliario. Los fiscales además le atribuyeron a uno de los acusados haber encargado vigilancia para los pasacalles electorales del senador peronista Armando Traferri, quien el año pasado se aferró a sus fueros para no permitir una investigación en su contra por su vínculo con el juego clandestino en la provincia.

El crimen ocurrió el 12 de mayo de 2019, cuando Juan Cruz Vitali evadió un control, fue perseguido por la Policía y un uniformado lo mató de un tiro en la cara frente a la casa del tío de la víctima.

El policía imputado por este hecho es el comisario Sergio Di Franco, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, según los fiscales del caso, gracias a que compañeros de alto rango “produjeron información” para la defensa del acusado con el objetivo de beneficiarlo con una morigeración en las condiciones de detención, sacándolo de una cárcel. ¿Cómo? Intentando mostrar que el disparo mortal fue accidental y no intencional, según la investigación.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery acusaron en libertad a los efectivos retirados Gonzalo “Chino” Paz –ex jefe de la fuerza en San Lorenzo hasta finales de 2019–; Gustavo Spoleti, un ex encargado de Drogas Peligrosas y al momento del crimen jefe de plana de la subjefatura de la Policía de San Lorenzo y un hombre de criminalística llamado Jorge Quintana. A todos les atribuyeron el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Al policía Spoleti además lo imputaron por peculado. Ninguno quedó detenido (no lo pidió la Fiscalía) y deberán transitar el proceso bajo fianza, con firma permanente ante la Oficina de Gestión Judicial, según la resolución tomada por la jueza María Trinidad Chiabrera.

El comisario Spoleti fue el principal apuntado en la estrategia de la acusación, ya que fue quien supuestamente encabezó las comunicaciones con los abogados particulares de Di Franco y con el senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando “Pipi” Traferri –jefe del Partido Justicialista en la Cámara Alta–, quien tenía contactos de quienes conducían la jefatura de fiscales de la Segunda Circunscripción, que abarca los departamentos Rosario y San Lorenzo.

El jefe de la Policía de San Lorenzo mantuvo, gracias al senador Traferri, un encuentro con el fiscal Gustavo Ponce Asahad de Rosario. Si bien Ponce Asahad no tenía vinculación con la causa, era la “mano derecha” del jefe de los fiscales Patricio Serjal, quien básicamente decidía la suerte de cada investigación. Actualmente, Ponce Asahad y Serjal están presos por formar parte de una banda dedicada al juego clandestino que les daba coimas mensuales.

Por su parte, Jorge Quintana, que se desempeñaba como jefe de la División del Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones, está acusado de pedirle a un compañero de la sección Balística que cambie una de las vainas halladas en la escena del crimen por otra disparada por otro uniformado. La idea, según los fiscales, era para insertar evidencia falsa e intentar mostrar que Di Franco podía no haber sido el autor del homicidio.

A Gonzalo “Chino” Paz, por entonces jefe de la Policía de San Lorenzo, le atribuyeron constantes comunicaciones con Spoleti, a quien le hizo llegar a través de terceros documentación para la causa y sugirió además cuándo debía pedir domiciliaria Di Franco, por cuántos días y cuáles debían ser los pasos a seguir.

“No es conveniente darle una domiciliaria ahora. Pensaba eso en un futuro porque si vos lo analizás, le llegan a dar domiciliaria ahora, empezamos con las marchas, los quilombos, los escraches a la familia. Hay que dejarlo que se afloje 45 días. Ahí, más encaminado, podemos pedirla”, le dijo el jefe de Policía Paz a su subalterno Spoleti tras la primera audiencia por el crimen, donde el comisario Di Franco quedó tras las rejas. La conversación proviene de un mensaje de voz de WhatsApp, extraído de un teléfono secuestrado.

Antes de una manifestación en pedido de justicia por el asesinato por gatillo fácil, el “Chino” Paz le ordenó al jefe de la plana Spoleti: “Escuchá. La idea sería que a posteriori de la marcha tengamos algún hecho policial de cualquier índole, así sea una pelotudez, pero que sea positivo para escribir algo enseguida y que esa publicación tape inmediatamente la de arriba, ¿me explico?”.

En una de las frecuentes conversaciones por WhatsApp, Paz habla con Spoleti en la previa a la resolución por la que otorgaron la domiciliaria de Di Franco. “Se va con domiciliaria. Presentan todo el lunes y el miércoles o martes se va sin audiencia”, le dijo Spoleti a su superior el 23 de agosto de 2019, a lo que su jefe respondió: “Excelente, hermano. Agradecele a todos. Al senador y a Paul (abogado de Di Franco)”.

Llamativamente, la causa del crimen del joven Juan Cruz Vitali cambió de fiscal. La llevaba adelante Melisa Serena, que en abril pasado fue imputada en libertad por una charla que mantuvo vía Telegram con Nelson “Coqui” Ugolini, el secretario del fiscal Ponce Asahad –ambos acusados por juego clandestino–. Ugolini le pide que “estire la oreja en San Lorenzo” para averiguar información sobre causas por juego ilegal y puertos secos, a lo que la fiscal respondió: “Son temas que jamás se han tocado en San Lorenzo pese a que se sabe [...] ¿Y qué pretende el pelotudo de (Marcelo, ex ministro de Seguridad) Sain? ¿Que nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri?”

La investigación actualmente está en manos de la fiscal Paola Aguirre.

En otra parte de la audiencia imputativa, los fiscales Edery y Schiappa Pietra imputaron por peculado al policía Gustavo Spoleti por haberse encargado de mandar policías para vigilar los carteles de campaña del senador peronista Armando Traferri en 2017.

El 7 de septiembre de ese año, según la acusación, Spoleti se comunicó con el ex jefe de Investigaciones Ernesto “Perro” Andreozzi, con quien acordó el precio por la tarea y la cantidad de uniformados que necesitaba, indicando que el senador que buscaba otra reelección estaba al tanto de todo. El monto por hora en ese momento (2017) rondaba los cien pesos para cada agente.

Sin embargo, en 2019 se dio una situación particular: el 3 de mayo, Spoleti se mensajeó por WhatsApp con un empleado del municipio de San Lorenzo para decirle que tenía filmada a las dos personas que sacaron un cartel del senador Traferri en la intersección de Oroño y Peña y en su lugar pusieron uno del intendente de esa ciudad, Leonardo Raimundo, que es radical e integra el Frente Progresista, partido enfrentado al PJ. En esa charla, el policía advirtió que en caso de no volver a poner el anterior iba a proceder a detener a los dos muchachos que tenía grabados. Minutos después, ese trabajador municipal informó que había sido solucionado el inconveniente. “Son unos tarados que se cortaron solos”, se disculpó.

Los fiscales indicaron que entre el 11 de agosto de 2017 y el 20 de noviembre de 2019, el senador Armando “Pipi” Traferri y el policía Gustavo Spoleti mantuvieron 140 interacciones por WhatsApp, que son 101 mensajes; 12 llamadas del senador al policía; 22 llamadas del policía al senador; y 5 llamadas perdidas del dirigente peronista al uniformado.

El senador, jefe del peronismo en la Cámara Alta provincial, volvió a estar mencionado en una causa penal. El año pasado, los fiscales Edery y Schiappa Pietra solicitaron a la Legislatura el desafuero del “Pipi” para imputarlo por juego clandestino, pero los legisladores se opusieron. Se presume desde Fiscalía que fue porque hay otros dirigentes políticos y de otros partidos que podrían estar alcanzados en la causa en caso de avanzar.

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